Por José René Tamariz

La denominada Red Educativa del Bicentenario fue anunciada con bombos y platillos por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de educación, Guiselle Cruz.  Ese proyecto fue suscrito “En la Escuela República Dominicana de San Francisco de Dos Ríos, se firmó … el Anexo N°2 al Convenio de cooperación entre el MEP y la FOD, que permitirá la implementación de la segunda fase de la Red Educativa del Bicentenario para dotar de conexión a Internet a los centros educativos de todo el país”.  Según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP) esa red alcanzaría a 2.120 centros educativos, más de 700 mil estudiantes y también a 53 mil docentes y 15 mil trabajadores administrativos. Supuestamente ese servicio de conexión será de banda ancha con velocidades que oscilarían entre 15 Mbps y 100 Mbps (megabits por segundos).

Asimismo, según las informaciones oficiales “Para la ejecución de esta segunda fase, el MEP transferirá los recursos económicos a la FOD paulatinamente, de forma que éste se implemente a través de las contrataciones correspondientes. El trabajo será coordinando con personal destacado por el Ministerio para priorizar necesidades educativas y establecer las políticas que deberán ser implementadas por medio de canales de tráfico de datos e información de la red”. (Página del MEP de febrero de 2020).  

Los fondos económicos para realizar ese ambicioso proyecto son de $350 millones provenientes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL). Como se puede notar ese proyecto es supermillonario y semejante proyecto fue transferido por el MEP para que lo realice y ejecute una institución privada llamada Fundación Omar Dengo (FOD). El asunto es tan grave que la Controlaría General de la República (CGR) se vio obligada a frenar, mediante una orden al MEP, cualquier ejecución de dicho proyecto. La CGR acusa al MEP de transferir sus “competencias esenciales y deberes públicos” a manos de privados. La CGR le dio un plazo de cinco días al MEP para asumir sus funciones como ente público y, asimismo, señaló ese proyecto debe ser asumido por la Dirección de Informática de Gestión (DIG) del MEP. Es muy probable que la CGR tomara esta posición debido a que está muy fresco la terrible corrupción del caso "cochinilla" y quería protegerse en salud.

Esta cuestión es grave. Por un lado, la ministra de educación, Guiselle Cruz, transfiriendo “competencias esenciales” del MEP a un entre privado y, por el otro, faltando a sus “deberes públicos”. Asimismo, no sólo son competencias esenciales y deberes público, sino también transfiriendo millones de dólares a una institución pública. Lo anterior refleja el carácter de gobierno corporativo existente en Costa Rica. ¿Qué es la FOD? En su página de Internet esa institución señala que “Nacimos, el 19 de junio de 1987, como fruto de la visión de un grupo de profesionales, empresarios e intelectuales…” y en otra página dice que es “… una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo principal, es el desarrollo de las capacidades de las personas, por medio de propuestas educativas innovadoras, apoyadas en el aprovechamiento de nuevas tecnologías”.

La FOD al ser fundada y dirigida por profesionales, empresarios e intelectuales, a pesar de sostener que es una “organización sin fines de lucro” lo cierto es que, en el caso del proyecto millonario de la Red Educativa del Bicentenario, tendría que contratar un conjunto de servicios de empresas privadas y, por ahí, se estaría produciendo los negocios de esta fundación y de las empresas a las cuales contrataría para ejecutar semejante proyecto. En realidad, era un negocio jugoso y redondo ejecutado por manos privadas con los millonarios fondos público.

De acuerdo con lo señalado por la Contralaría General de la República (CGR) en cuanto que la ministra de educación, Guiselle Cruz, estaba transfiriendo “competencias esenciales y deberes públicos” a manos privadas, se debe exigir la renuncia de su cargo de ministra de educación. También se debe exigir, igual que lo hizo la CGR, que sea el propio Ministerio de Educación Pública (MEP) a través de la DIG que asuma e implemente ese gran proyecto millonario. Pero, asimismo debemos exigir que se realice lo más rápido posible para que los miles de estudiantes que no tienen acceso a Internet ni disponen de aparatos electrónicos de última generación para una buena, puedan acceder tanto a un dispositivo electrónico e Internet