Por Giovanni Beluche V.

Se auguran tiempos muy duros en Costa Rica para las clases trabajadoras, la micro y pequeña empresa y para el campesinado de pequeña escala, después de los resultados de la primera vuelta electoral para elegir al nuevo presidente de la República, este pasado 6 de febrero. Los dos candidatos que sobreviven en la contienda, José María Figueres y Rodrigo Chaves, expresan propuestas claramente neoliberales, más aperturismo, más impuestos a los asalariados, más recortes en los presupuestos de las universidades y de los programas sociales. No ofrecen nada concreto para corregir una grave crisis de evasión y elusión fiscal, ni nada para controlar el uso de paraísos fiscales como forma de esconder fortunas. La nueva Asamblea Legislativa, lejos de hacer un contrapeso, será correa de transmisión de esas políticas que terminarán de desmontar lo que queda del Estado Social de Derecho. Así se puede colegir por la conformación de congresistas emanada de la elección de febrero de 2022.

Es esperable la privatización de instituciones como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), que suplió al país de alcohol y alcohol en gel durante el inicio de la pandemia, cuando el sector privado demostró su incapacidad para abastecer el mercado. Están en la mira Acueductos y Alcantarillado (AyA), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Radiográfica Costarricense (RACSA), Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA) y la privatización de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ya anunciada por Figueres Olsen.

Esta profundización de la avanzada neoliberal se dará en un contexto de desmovilización y despolitización del movimiento popular. Las capas medias muy asustadas por la pérdida de su capacidad de consumo, pueden apoyar una salida autoritaria como la que ofrece Rodrigo Chaves. En la acera de enfrente hay más de lo mismo. Urge la constitución de un frente popular de lucha por la defensa y profundización de las conquistas sociales, para lo cual es menester superar tanto sectarismo en la izquierda y en los bloques sindicales, recomponer al movimiento estudiantil de secundaria y universidades, incorporar a las juventudes, las mujeres, las comunidades indígenas, el campesinado con un plan de lucha representativo y democráticamente definido.

Por ahora las cartas están sobre la mesa, pero sólo las están jugando los sectores hegemónicos.

Una radiografía dramática de la Costa Rica de hoy

Tenemos que empezar por decir cómo está Costa Rica hoy. El país ocupó el segundo lugar en América Latina, junto con Uruguay, en equidad social (coeficiente de Gini), gracias a lo que se ha dado en llamar el Estado Social de Derecho, construido principalmente desde la década de los 40 del siglo pasado. Sin embargo, las políticas neoliberales aplicadas por los sucesivos gobiernos durante por lo menos los últimos cuarenta años, han metido a Costa Rica entre los 10 países más desiguales del mundo.

Un proceso de alta concentración de la riqueza y un desmejoramiento de las políticas públicas redistributivas, ha generado un empobrecimiento creciente de las clases de bajos ingresos y de las capas medias. Los sectores asalariados, la pequeña producción urbana y rural, sobre todo la que produce granos básicos y que tiene como destino el mercado interno, se han visto muy afectados por el modelo aperturista.  La pauperización es tal que en este momento de reinicio del ciclo escolar, el kit básico para mandar un estudiante a la escuela primaria cuesta C/ 84,000 colones (130 dólares). ¿Cómo hace una familia con dos o tres estudiantes en edad escolar? Para un estudiante de secundaria el equipamiento básico ronda los C/ 100,000 (154 dólares).

Alta pobreza en la “Suiza centroamericana”

Los datos son alarmantes y no guardan relación con la imagen que se vende hacia afuera sobre la “Suiza centroamericana” y el “país más feliz del mundo”. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), registran que en 2020 la pobreza material alcanzó el 26.2% de la población al inicio de la pandemia por COVID-19, con la medición del más impreciso método como lo es la Línea de Pobreza. Es más grave para las mujeres, los jóvenes y si se mira por regiones se observa la desigualdad territorial. En el Pacífico Central la pobreza llega al 34%, en la Región Chorotega es del 32%, en la Huetar Caribe, 30%, Huetar Norte, 29% y en la Región Brunca es del 27%. La mejor condición está en la Región Central, donde la pobreza material es del 22%.

Esas son las condiciones de vida de las familias más vulnerables, agravadas con las medidas del gobierno que han cargado todo el peso de la pandemia sobre los derechos laborales y sociales de la población trabajadora, y las micro y pequeñas empresas de las ciudades y del campo. Hay otras consecuencias graves del modelo aperturista, como el detrimento de la balanza comercial, la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria, la proletarización de las familias rurales, entre otros.

Situación monetaria y salarial

La inflación internacional por ahora no ha tenido mayor impacto en Costa Rica. Se notan algunos efectos aislados, como la crisis de contenedores y el aumento en el precio de los combustibles. La política monetaria está siendo muy restrictiva para anticipar el posible efecto de la inflación “importada”, con algunas consecuencias negativas sobre el empleo, el gasto público (muy contenido) y sobre los salarios reales. Se estima que los salarios nominales no tendrán ajuste en los próximos 10 años. Hay algunos ajustes muy pequeños en las tasas pasivas, que casi no repercuten en la tasa para créditos, de manera que los sectores empresarial y financiero se ven beneficiados por la vía de una devaluación “controlada” del colón, la moneda local.

Asesinatos de líderes indígenas

El desempleo en 2021 alcanzó el 17.3%, tema que no le quita el sueño a los sectores hegemónicos ni a los grandes medios de comunicación, como sí les inquietaría si la inflación creciera en un punto. La situación es más asfixiante en algunas zonas rurales y en las comunidades indígenas, que además de todo sufren el despojo de sus territorios por parte de colonos no indígenas, que en algunos casos operan con bandas de hombres armados que queman las casas y los cultivos de las familias que legítimamente reclaman sus tierras. La violencia es tal que ya han sido asesinados dos líderes indígenas, cuidadores de la Madre Tierra, Sergio Rojas y Jerhy Rivera, a manos de esas bandas, con total impunidad y complicidad del Estado.

El déficit fiscal es el disparador de muchos males

Mientras las familias trabajadoras sufren la merma de su calidad de vida, muchas grandes corporaciones evaden y eluden los impuestos, agravando el deterioro de los programas sociales del Estado. Pero no a todos les ha ido mal: en medio de la pandemia las exportaciones de bienes crecieron un 24.4 % en 2021, constituyendo el mayor incremento durante los últimos 15 años.

“Las exportaciones de equipo de precisión y médico, que es el principal sector exportador del país, crecieron en 2021 un 33 %; las del sector agrícola subieron un 6%; las de la industria alimentaria un 26 %; las del sector químico y farmacéutico un 10 %; las del sector eléctrico y electrónico un 37%, y las de pecuario y pesca un 13 %. Los destinos de exportación también presentaron un comportamiento positivo para Costa Rica, pues las ventas a Norteamérica, su principal mercado, subieron en un 26 %; a Centroamérica un 26 %; a Europa un 15 %; a Asia un 27 %; al Caribe un 28 % y a Suramérica un 59 %”.[1]

La evasión tributaria de las grandes empresas

Tal bonanza no se distribuye y tiene como correlato el crecimiento de la desigualdad, la pobreza material y la exclusión social. A la par de ese crecimiento, el problema más agudo que enfrenta Costa Rica es el déficit fiscal que ronda entre el 8% y el 9% del PIB. Las principales causas de tal déficit radican en la galopante evasión tributaria y elusión fiscal de grandes empresas, nacionales y transnacionales, que durante diez años han declarado cero utilidades para, con artimañas, evadir el fisco. Todo esto ocurre en un entorno de impunidad. Son 40 años o más de sucesivos gobiernos (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) que han apadrinado tan vergonzoso comportamiento.

Ya la información con nombres de las empresas circula en las redes sociales, gracias a un recurso interpuesto por un diputado del Frente Amplio, que logró hace pocos años que la Corte Suprema obligara al Ministerio de Hacienda a publicar la lista de empresas morosas y que no pagan impuestos. Cuando esto se destapó, la indignación fue generalizada, pero los grandes medios han enfriado el tema, que dicho sea de paso, sigue irresuelto.  Los noticieros arremeten contra los empleados del Estado, los sindicatos y las universidades públicas, acusándolos de ser responsables del gran hueco fiscal, mientras cobijan a los grandes estafadores de la hacienda pública.

El déficit fiscal ronda el 8% del PIB, la evasión es incalculable por ser ilegal y contar con mecanismos sutiles para esconder fortunas, pero algunos economistas la calculan cerca del 2% del PIB. La elusión, que aprovecha portillos legales para no pagar impuestos, se estima en 4% del PIB.  Si se suma 2% de evasión y 4% de elusión, totaliza un 6% del PIB.  O sea, si el Estado cobrara la evasión y cerrara portillos a la elusión, Costa Rica tendría un déficit fiscal por el orden del 2%, lo cual sería manejable. Pero eso no ocurre en un país donde los sucesivos gobiernos, con el apoyo de las principales bancadas legislativas, han optado por planes fiscales regresivos. No hay justicia tributaria.

Un gran descontento “contenido”

La burla que significa el empobrecimiento generalizado de las mayorías y la alcahuetería del gobierno con los millonarios evasores, explica en parte el desencanto del pueblo costarricense con la “clase política”, al punto que a las elecciones generales de 2022 se presentaron 26 candidatos a la presidencia y hubo un 40% de abstención. Hay un gran descontento que por ahora está “contenido”, como un volcán a punto de estallar, que sigue acumulando energía. Molestia que se expresó en la no presencia en las urnas de casi la mitad de los electores.

Vale la pena reflexionar un poco sobre las posibles causas de que el enorme descontento no estalle aún. La principal razón radica en la significativa derrota de la huelga de finales de 2018, que duró 93 días, encabezada por los gremios docentes, sufrida por el movimiento popular, convocada para enfrentar el plan fiscal regresivo que terminaría imponiéndose en la Asamblea Legislativa. La derrota profundizó la ofensiva neoliberal, lo que se expresa en la aprobación de la Ley 9635 (Plan Fiscal), la ley anti huelgas al buen estilo de régimen autoritario y la criminalización de la protesta social (que ya venía desde antes). En la Suiza centroamericana bloquear una calle en una protesta constituye un delito penal. Aunado a la subjetividad que genera la derrota, estos instrumentos endurecieron las posibilidades de emprender nuevos conflictos.

La Ley 9635, mal llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, además de endurecer la carga tributaria a las clases populares, exonerar de impuestos a bananeras y piñeras, condonar millonarias deudas a grandes corporaciones, también incluyó una denominada Regla Fiscal que ha llevado a la paralización y riesgo de cierre de programas de educación, cultura, censo nacional, vivienda popular y universidades públicas. Destaca la traición de los rectores de las universidades públicas vigentes en 2018 a esta huelga, acompañados de algunas dirigencias estudiantiles relacionadas con el Partido Acción Ciudadana (PAC), que desmovilizaron a las universidades. Ahora que a las universidades públicas le están aplicando el Plan Fiscal, la Regla Fiscal y les van a imponer la Ley de Empleo Público, salta a la vista el daño que hicieron los rectores del 2018.

La traición del PAC

El surgimiento del PAC en diciembre de 2000 sedujo a buena parte del activismo social con un discurso socialdemócrata, que fue abandonado de forma acelerada en sus dos gobiernos (2014 y 2018). El partido que prometía confrontar al neoliberalismo, que enarbolaba las banderas del ecologismo y el feminismo, terminó por traicionar todas esas aspiraciones. El gobierno del PAC con Carlos Alvarado ha sido la herramienta más eficiente para desmontar el Estado Social de Derecho y profundizar la feminización de la pobreza. Desdichadamente buena parte de ese activismo terminó avalando el plan fiscal regresivo del 2018. Lejos de movilizarse quedaron atrapados y traicionando las luchas que antes enarbolaban. De ahí el enorme fracaso electoral de ese partido en las recientes elecciones de 2022.

Otro factor de mucho peso es el papel de los grandes medios de comunicación, que desde hace más de treinta años tienen una campaña para culpabilizar de todos los males del país a los sindicatos, las convenciones colectivas, los empleados públicos y ahora las universidades públicas. Ejercen una red de protección de las empresas evasoras, que en algunos casos son propiedad de los dueños de esos mismos medios. Mientras invisibilizan el pensamiento crítico, estos medios difunden programación idiotizante, noticieros amañados y una oferta insulsa que ha contribuido a la hegemonía ideológica de la derecha liberal y el gusto por la mediocridad. Esto se convierte en otro obstáculo para la concientización, organización y movilización de los sectores populares.

Hay una profunda desconfianza y divisionismo entre las cúpulas sindicales, que se dividen en dos grandes bloques: Patria Justa encabezada principalmente por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y algunos sindicatos de la empresa estatal de energía, telefonía e internet Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); en la acera del frente el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), con fuerte presencia de los sindicatos docentes y de la seguridad social. También reina el sectarismo, la autoproclamación y el divisionismo entre los grupos de izquierda, incapaces de ponerse de acuerdo.

La pérdida de fuerza del sindicalismo, el retroceso del movimiento estudiantil universitario y de secundaria, sumados a la proscripción de sindicatos en las empresas privadas, a pesar de que la Constitución de la República consagra ese derecho, son razones que se coaligan para explicar la actual desmovilización de los sectores populares organizados.

Breve caracterización de algunos candidatos

Haremos una presentación sucinta de los candidatos y la candidata que ocuparon los primeros lugares en la primera ronda electoral, celebrada el pasado 6 de febrero. Ya era sabido que ningún aspirante recaudaría el 40% de los votos efectivos, por lo cual habrá una segunda ronda a inicios de abril, entre los dos primeros lugares: José María Figueres Olsen y Rodrigo Chaves Robles. También añadimos al candidato del Partido de los Trabajadores, que obtuvo una bajísima votación, pero que se postuló como supuesto referente de la izquierda revolucionaria.

Para cada partido anotamos los votos recibidos y el porcentaje correspondiente, basados en información del Tribunal Supremo Electoral (TSE), obtenida el 19 de febrero de 2022, con el 88.20% de las Juntas Procesadas, un total de 1,853,719 votos recibidos, 59.7% de participación, 16,565 votos nulos, 10,111 votos en blanco. Destaca el 40.3% de abstención. Como dato curioso los votos en blanco y nulos superan la votación recibida por 19 partidos políticos.

Además, el sistema electoral de Costa Rica premia el acceso a financiamiento por parte de la banca y donantes privados. A los debates importantes sólo invitan a quienes aparecen mejor posicionados en las encuestas y estos son los que más exposición mediática tienen, gracias al dinero que les permite pautar propaganda con los grandes medios de información. Es un círculo vicioso nada democrático: la simpatía depende más del acceso a financiamiento que de la calidad de la oferta programática. Además, en el período de veda propagandística, el sistema permite a los medios realizar debates, a los que invitan a los candidatos que ellos deciden les dé la gana basados en la mal llamada “libertad de información”.

José María Figueres

Votos: 497,966 (27.3%)

Partido Liberación Nacional (PLN), antiguamente socialdemócrata, ahora neoliberal, heredero de la memoria histórica del caudillo José Figueres Ferrer, padre del actual candidato. Ha sido uno de los pilares del bipartidismo que gobernó a Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI. Figueres es economista y ha anunciado la posibilidad de privatizar los hospitales de la CCSS.

Rodrigo Chaves Robles

Votos: 305,157 (17%)

Partido Social Democrático (PSD) fundado en 2018. El candidato es economista, tecnócrata liberal, ex funcionario del Banco Mundial, de donde lo echaron por acoso sexual[2]. Ex ministro de Hacienda del gobierno del PAC, fue parte de la reforma fiscal regresiva. Da una imagen de personalidad autoritaria al estilo de Bukele.

Fabricio Alvarado Muñoz

Votos: 270,800 (14.8%)

Aspirante por segunda vez a la presidencia, ahora con el Partido Nueva República (PNR) de creación suya tras la ruptura con el Partido Restauración Nacional (PRN), ambos partidos abiertamente confesionales. Es un pastor neo pentecostal de la denominada teología de la prosperidad, admirador de Jair Bolsonaro.

Lineth Saborío Chaverri

Votos: 225,866 (12.36%)

Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), es el otro pilar del bipartidismo costarricense, antes socialcristiano o demócrata cristiano. Desde hace mucho tiempo es neoliberal y así ha gobernado y cogobernado desde la Asamblea Legislativa. Varias veces ha ocupado la presidencia de la República. Dos de sus ex presidentes fueron encarcelados, procesados y sobreseídos por cargos de corrupción.

Eliecer Feinzaig Mintz

Votos: 225,239 (12.3%)

Partido Liberal Progresista (PLP), es economista. Es un ultra liberal al estilo del Instituto CATO, de los que acusan de estatistas a los neoliberales. En 2008 en los Estados Unidos se opusieron al rescate que hizo el Estado para salvar a empresas como el City Bank o General Motors. Estaba muy bajo en las encuestas, pero los grandes medios lo apoyaron fuertemente para elevar sus votos. Otros candidatos no disfrutaron de tal privilegio por parte de las empresas de comunicación. Lo están construyendo como ficha de recambio, lo que será favorecido porque quedó como diputado gracias a la doble postulación.

José María Villalta Flores – Estrada

Votos: 158,991 (8.7%)

Candidato del Frente Amplio (FA), apoyado principalmente por capas medias urbanas y algunos liderazgos comunitarios en zonas rurales. Es un partido institucionalizado, que ha renunciado a la lucha social por fuera de la Asamblea Legislativa. No se declara como partido anticapitalista y no se siente cómodo cuando le cuestionan sobre el socialismo. No abrió su inscripción electoral para convocar a un frente que aglutine a las fuerzas populares y de izquierda en el terreno electoral y mucho menos como plataforma de lucha. El candidato es reconocido como aliado y defensor de los trabajadores públicos y de las universidades estatales por su destacado papel como diputado en la actual legislatura.

John Vega

Votos: 1,772 (0.10%)

Lo incluimos porque es la candidatura del Partido de los Trabajadores (PT), de orientación trotskista. Hizo una campaña de educación y propaganda sobre la necesidad de un gobierno de la clase trabajadora, socialista y anticapitalista. Denunció a los regímenes de Nicaragua y Venezuela como falsa izquierda y tomó distancia del modelo burocrático y autoritario del régimen cubano. Su campaña profundamente sectaria, no enarboló puentes hacia ninguna alianza electoral de izquierdas, a pesar de que en el país hay varios grupos que se reivindican trotskistas.