Por José René Tamariz

El denominado “Pacto Por la Educación Pública” que agrupa a diversas organizaciones sindicales, estudiantiles y productivas están convocando a una movilización para el 28 de agosto, fecha de presentación del presupuesto nacional de la educación en la Asamblea Legislativa. El eje de lucha de esa movilización es la mejora de la educación pública en todos sus niveles.

Es conocido por todos que el gobierno de Rodrigo Chaves viene recortando, año con año, el presupuesto de la educación sometiendo a una mayor crisis educativa los diversos niveles en ese sector social. Ningún gobierno ha cumplido con el 8% del PIB para la educación. Más bien, el gobierno de Rodrigo Chaves lo viene reduciendo cada año en su administración. El presupuesto más cercano al 8% fue en el año 2020, siendo del 7,3%, mientras que para el año 2023 fue del 6%, en el 2024 fue 5,2% y para el próximo año 2025 se reduciría al 4,8%.

Veamos algunos datos y ejemplos de esa profunda crisis educativa que está teniendo repercusiones negativas en la sociedad y que profundizará esas consecuencias sociales hacia el futuro.

En Costa Rica, solamente el 64% de los niños de 3 a 5 años recibe educación preescolar, mientras que, en la OCDE, organización de la que forma parte el país, acude a esas aulas el 87%. Muchos niños/as de primaria no saben leer, ni escribir correctamente, no comprenden un texto y no manejan las operaciones básicas en matemáticas. Los bachilleres que salen de la educación secundaria manejan matemáticas de noveno años; solo 39 de cada 100 estudiantes de 18 a 24 años que terminaron secundaria pueden acceder a la educación superior, es decir, el 61% no puede recibir educación universitaria.

El financiamiento a la educación pública superior por parte del Estado, mediante el llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), cada año se viene reduciendo poniendo en peligro el funcionamiento de las Universidades Públicas. Por ejemplo, actualmente se encuentra en curso la negociación del FEES y el gobierno propone solo aumentar el monto de ese fondo en 1%, mientras que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) propone el 4,06%.

Los salarios de los trabajadores de la educación han perdido su valor adquisitivo, ya que llevan unos 6 años de congelamiento salarial. Las condiciones materiales para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje son cada vez más decadentes. Ahí tenemos como ejemplo la mala infraestructura de cientos de centros educativos con ambientes desalentadores para estudiar o muchas escuelas y colegios con orden sanitaria de cierres.

Mientras esas terribles condiciones materiales de la educación se profundizan, los burócratas sindicales del sindicato APSE en su asamblea nacional, recién realizada los días 7, 8 y 9 de agosto, se opusieron a participar de forma conjunta con el “pacto por la educación pública” en la movilización nacional por defensa de la educación el día 28 de agosto. La presidenta de APSE, Vivian Chaves Chinchilla, que es una doble burócrata, funcionaria administrativa (abogada del sindicato) y ahora “dirigente sindical” de la organización y que nunca ha dirigido una huelga, presentó en la comisión de asuntos varios una añeja propuesta desmovilizadora que luego fue ratificada en sesión plenaria de la Asamblea Nacional, en el sentido de que se delegara a los miembros de la junta directiva y del Consejo Nacional para convocar a una huelga sin plazos, ni fecha y sin acciones específicas.

Llamamos públicamente a todas las bases del sindicato APSE a romper con la línea política-sindical de desmovilización y de claudicación al gobierno de Chaves y a las autoridades del MEP por parte de los burócratas sindicales de APSE, participando de forma activa en la movilización del 28 de agosto en defensa de la educación pública.

¡Luchemos por presupuesto del 8% del PIB a la Educación!

¡Contra el Congelamiento Salarial, Luchemos por Aumento Real de los Salarios para los Trabajadores de la Educación!

¡Fuera la ministra de Educación, Anna Katharina Muller!