Por José René Tamariz

La inseguridad debido al aumento creciente de la violencia y la criminalidad producto del narcotráfico se ha convertido en el principal problema para la población costarricense. Los crímenes realizados por las bandas criminales del narcotráfico son cada vez más violentos: los asesinatos de miembros entre bandas contrarias son realizadas con decenas de balazos, cuerpos desmembrados y quemados, ejecuciones a la luz del día y en cualquier lugar (parques, sodas, carreteras y otros sitios), lo que conlleva a los denominados “daños colaterales” (niños, transeúntes y otras personas inocentes son asesinadas). Asimismo, ha aumentado el consumo de drogas a nivel interno, se ha incrementado la exportación de drogas, ha crecido del armamento de las bandas criminales del narcotráfico y se producen otros problemas asociados.

Ausencia de Políticas de Seguridad de los Gobiernos de Turno

De acuerdo con diferentes informes de la Contraloría General de la República (CGR) el país y diversos gobiernos han carecido de una política de seguridad de Estado desde mayo de 2014 a mayo de 2022, es decir, en tres gobiernos: dos del PAC y el de Rodrigo Chaves. Después de varios llamados de atención por parte de la CGR al gobierno de Rodrigo Chaves sobre su política de seguridad, al final el gobierno presentó la denominada “Política Nacional de Seguridad Pública: Costa Rica-Segura Plus 2023-2030 y su Plan de Acción” el 22 de noviembre de 2024, o sea, 2 años y medio después de haber asumido el poder.  Según ese documento del gobierno de Rodrigo Chaves “Desde el año 2010, con la Política Nacional Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz (POLSEPAZ), Costa Rica no ha formulado una nueva Política en esta materia. Hoy, más de una década después, ante nuevas fenomenologías delincuenciales, nuevas formas de ejercicio de la violencia, nuevos factores de riesgo internacional y regional y nuevas realidades sociales y culturales de orden interno: surge la imperiosa necesidad de formular una nueva Política de Seguridad que responda al signo de los tiempos”. (Política Nacional y Plan de Acción de Seguridad Pública Costa Rica-Segura Plus 2023-2030). Es necesario mencionar que el denominado POLSEPAZ fue presentado por el gobierno de Laura Chinchilla con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Por otro lado, es importante destacar que pese a tener esa política de seguridad pública, el gobierno de Rodrigo Chaves ha sido incapaz de frenar y disminuir la violencia y los crímenes realizado a manos de las bandas delincuenciales de la narcoactividad. Al contrario, todo parece indicar que el año 2025 terminará con una tasa de homicidios mayor que la del año 2024 que fue del 16,6. De otro lado, hay que destacar que las metas de dicha política y plan de acción se quedan cortas para resolver los homicidios y otras manifestaciones de la violencia y criminalidad. Por ejemplo, plantea reducir los asesinatos a 480 y a una tasa de 9,5 hasta el año 2030, es decir, hasta dentro de 6 años.

Sin embargo, más allá de los objetivos planteados en diferentes ejes por esa política, la realidad es que, durante la administración de Rodrigo Chaves, la violencia y la criminalidad asociada a la narcoactividad, lejos de disminuir ha aumentado de forma significativa, siendo el gobierno donde las tasas de homicidios anualmente se han disparado de forma vertiginosa. Veamos. Entre el gobierno de Carlos Alvarado que terminó en mayo del 2022 y el de Rodrigo Chaves que inició en ese mismo mes, la tasa de homicidios tasa fue de 12,91, pero en el año 2023 dirigido totalmente por Chaves termina con una tasa de homicidios de 17,2, o sea, el aumento en dicha tasa fue el 4,3 para un incremento del 33,3 por ciento. Entre un año y otro, del 2022 al 2023, ese ha sido en todas las décadas el mayor incremento en la cantidad de asesinatos, así como en la tasa de homicidios.

Punto de Inflexión en la Tasa de Homicidios

Si se analizan las tasas de homicidios promedio de los últimos cinco gobiernos, desde el segundo gobierno de Oscar Arias (2006-2010) hasta el de Rodrigo Chaves, se encuentra en cifras el momento en que se produce el punto de inflexión, en el aumento de los niveles de violencia y criminalidad. Veamos. En el gobierno de Oscar Arias del año 2007 al 2008 se produce un salto importante en la tasa de homicidios pasando del 8,42 al 11,53, respectivamente, es decir, un aumento del 3,1, cruzando el umbral de un digito a dos dígitos. La tasa de homicidios promedio durante el gobierno de Oscar Arias fue del 10,8, superando la serie histórica promedio de todos los gobiernos anteriores. En la administración de Laura Chinchilla, la tasa de homicidios promedio en los cuatro años disminuyó al 9,4.

Es importante señalar que en el primer año del gobierno de Laura Chinchilla la tasa de homicidios es mayor a 10, mientras que en el segundo y tercer año baja al 8,7 debido a la política de POLSEPAZ, sin embargo, en el último año vuelve a subir al 10,01, lo cual indica que, a pesar de esa política de seguridad, el problema de la violencia y la criminalidad es reincidente y persistente. En el gobierno de Luis Guillermo Solís, la tasa de homicidios promedio de su mandato tiene una subida importante al 11,9.  En la administración de Carlos Alvarado, la tasa de homicidios promedio durante su gobierno fue del 11,8, casi igual al de Solís y en el gobierno de Rodrigo Chaves que, aun no ha terminado, si sacamos el promedio de dos años (2023-2024), obtenemos una tasa de homicidios promedio del 16,9, la cual rompe el récord histórico.

Con base en esos datos podemos establecer y afirmar, de forma categórica, que en el gobierno de Oscar Arias se produce un salto cuantitativo y definitivo en el incremento de la tasa de homicidios en Costa Rica y que es superado, de forma cuantitativa y cualitativa, dado los altos niveles de brutalidad de los asesinatos y sus diferentes manifestaciones, en el gobierno de Rodrigo Chaves. Por otra parte, como síntesis y basado en los datos observables, aumento inusitado de la tasa de homicidios promedio, de esos cinco gobiernos (Arias, Chinchilla, Solís, Alvarado y Chaves) se puede concluir que, en el gobierno de Oscar Arias, se produce el punto de inflexión en el incremento de la tasa de homicidios, continúa aumentando en los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, dando un salto cualitativo, en la administración de Rodrigo Chaves. Se puede obtener una correlación entre la falta de una política estatal de seguridad en los gobiernos de Oscar Arias, el de Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y de Rodrigo Chaves. En el gobierno de Laura Chinchilla que tuvo una política nacional de seguridad, hubo una baja en la tasa de homicidios, aunque en su último año se produjo un incremento.

El Rol Costa Rica en el Narcotráfico Internacional

Inicialmente Costa Rica funcionó como una bodega del tráfico internacional de las drogas entre el sur de América Latina y los Estados Unidos y Europa. Ahora funciona como un gran exportador de las drogas, cobijado bajo diversas modalidades. Más recientemente, las bandas del narcotráfico han tercerizado el negocio de mercado de las drogas, contratando a empresas para su exportación. Los carteles de México y Colombia, desplazados de otros países centroamericanos, se han asentado en territorio costarricense. Entrenan militarmente a las bandas criminales y sus sicarios; le enseñan el uso de armas de guerra, así como lavar el dinero proveniente del narcotráfico, además de otras técnicas en diversos órdenes.

El Armamento de las Bandas Criminales

En Costa Rica, como una actividad asociada al narcotráfico se está produciendo un tráfico cuantioso muy importante de armas livianas y pesadas (AR-15 y AK-47). El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en diferentes operativos que ha realizado encontró bodegas de armas de diversos calibres. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad ha decomisado 190 armas larga en seis meses. Lo más grave es que el armamento de las bandas criminales del narcotráfico supera a la de las fuerzas policiales, lo cual es muy preocupante.

Al respecto, una información periodística sostiene que “La violencia vinculada al narcotráfico en Costa Rica sigue creciendo, y ahora, pone en evidencia una realidad preocupante: el armamento de los grupos criminales supera ampliamente al de las fuerzas policiales”. (Noticiero Repretel. 11 de junio de 2025). Recientemente, el OIJ encontró 37 fusiles AR15 y 19 pistolas de nueve milímetros en una bodega en la Guácima de Alajuela, pertenecientes a las bandas del narcotráfico. Según declaraciones del subdirector, Michael Soto, esa cantidad de armas era “Prácticamente para armar un miniejército de la delincuencia”.

Producto del incremento de la narcoactividad, también aumenta el trasiego de armas. Al parecer el armamento de esos grupos criminales ingresa por el sur junto con las drogas. Los carteles internacionales les pagan a los nacionales con drogas y armas. Ese armamento, no sólo se utilizan en el enfrentamiento entre bandas rivales sino también en combates contra las fuerzas policiales.

La Caída de los Decomisos de Cocaína y Marihuana

Durante la administración de Rodrigo Chaves, la cantidad en los decomisos de drogas ha caído de forma significativa. Por ejemplo “Los datos de decomisos de cocaína de enero a mayo, reportados por el Instituto Costarricense de Drogas (ICD), muestran que se produjo una caída de un 28% con respectos a los resultados del 2024”. (Semanario Universidad, semana del 2 al 8 de julio de 2025). Veamos algunos datos sobre los decomisos de drogas de varios años.

Nota: (Los datos del 2018 al 2023 son tomados del Semanario Universidad de semana del 9 al 15 de julio de 2025. El dato del 2024 fue tomado de la Memoria Institucional 2024 del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Abril de 2025)

Como se puede observar, tanto la cocaína como la marihuana han mantenido una caída durante el gobierno de Rodrigo Chaves. Las explicaciones del MSP para justificar esas caídas son dos: “… En primer lugar, que “las estadísticas estaban llevando mal” y que al ser “depuradas”, se arrojó una disminución sustancial. El segundo argumento es que Colombia y Ecuador han incautado cifras históricamente altas y funcionan como un muro de contención…”. (Ídem). Sin embargo, para muchos especialistas “… incautar menos, no significa que llegue menos drogas al país. Incautar menos simplemente significa que detecta menos. Eso es todo”. (Ídem).

Por otro lado, al incautarse menos drogas en el país se ha producido una sobreoferta interna y, por ende, como en todo mercado eso ha inducido a una caída en los precios de las drogas, produciéndose como consecuencia un mayor consumo nacional. Al parecer el precio de un kilo de cocaína ha caído en un 50%, pasando de $7.000 a $3.500. De acuerdo con informaciones brindadas por el director del OIJ, Randall Zúñiga, en la Asamblea Legislativa “Estamos viviendo la mayor expansión de drogas que viene hacia Costa Rica en toda la historia”. (La Nación, 4 de julio de 2025).

La Penetración del Narcotráfico en las Estructuras del Estado

Los intentos por parte de los narcotraficantes de penetrar e influir sobre diversas instituciones estatales en Costa Rica es de larga data. En un informe de la comisión del narcotráfico de la Asamblea Legislativa del año 1989 se plantea que “Que personas vinculadas con el trasiego de drogas sicotrópicas y otras actividades ilícitas, han logrado influir en algunos miembros de la policía judicial, de las policías administrativas y además en integrantes del Poder Judicial, Poder Legislativo, y el Ejecutivo”. (Asamblea Legislativa. Informe de la Comisión sobre el Narcotráfico. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica, 1989).

Entre los casos emblemáticos se encuentra el de Ricardo Alem y Leonel Villalobos, ambos ex miembros destacados del PLN. El primero fue representante de Costa Rica en Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el segundo, ocupó diversos cargos en la función pública: viceministro de Seguridad (1982-1986), diputado (1986-1990) y secretario del PLN. Ambos fueron “lavanderos” de dólares y, posteriormente, avanzaron el tráfico directo de cocaína hacia los Estados Unidos. Alem, al ser detenido en Miami, cantó al diputado Villalobos y a otros diputados. Otro caso importante fue la detención por narcotráfico del exdirector de la policía, José Fabio Pizarro.

En las estructuras policiales, tanto de Ministerio Público como del OIJ en diversos momentos se han detenido a miembros de esos organismos por vínculos con el narcotráfico, como informantes de las bandas criminales para alertarlos de operativos policiales en distintas zonas. Por ejemplo, actualmente existen 25 denuncias contra policías del Ministerio Público vinculados con el narcotráfico. Empleados menores de poder Judicial también han sido detenidos por “asesorar en legitimación de capitales” a narcos.

El caso de Celso Gamboa. Recientemente fue detenido en Costa Rica por orden de la DEA Celso Gamboa por cargos de narcotráfico. Gamboa, se desempeñó en altos cargos tanto en el poder Ejecutivo como en el Judicial en diferentes momentos: director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), viceministro de la Presidencia, ministro de Seguridad Pública, Fiscal general adjunto y Magistrado de la Sala III. Según el documento de solicitud de extradición Celso Gamboa presentado por los Estados Unidos, éste es coordinador de los grupos criminales conocidos como el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa. Además, dicho documento señala que Gamboa, desde el año 2017, siendo magistrado de la sala III, hasta la fecha de su detención se dedicaba al tráfico de Cocaína hacia los Estados Unidos. Lo más probable es que su eventual extradición cante a diversos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial involucrados en esa red de narcotráfico.

¿Cuál es la Salida al Aumento de la Violencia y Criminalidad?

Para enfrentar el creciente aumento de la violencia y la criminalidad producto de la narcoactividad se requiere tomar medidas en el ámbito de la prevención, la represión e inteligencia. Entre otras medidas que se pueden presentar y proponer, planteamos algunas que pueden apuntar en la dirección de combatir y disminuir el flagelo de la inseguridad.

Unificación de la Fuerzas Policiales. En vez de dividir a las fuerzas policiales, echando a pelear a la policía nacional y diversos cuerpos contra el OIJ, como hace el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se debería de propiciar e implementar una mayor coordinación, una especie de comando unificado, de las diferentes policías, la DIS y la UEI. Estas dos últimas están bajo la dirección directa de la presidencia de la República.

Creación de Comités de Defensa Ciudadana en los diversos barrios y comunidades. Estos comités tendrían una directiva electa en asambleas barreales o comunales. Los integrantes de esos comités deben de tener entrenamiento militar por parte de las fuerzas policiales para enfrentar, en conjunto con la policía, a los narcotraficantes. Además, esos comités pueden impulsar un conjunto de actividades recreativas, culturales y educativas acordadas en asambleas. El dinero para financiar esas actividades en barrios y comunidades debería provenir de los fondos decomisados al narcotráfico.

Levantamiento del Secreto Bancario. Debido a que existe un cuantioso lavado de dinero a manos del narcotráfico, bajo la mampara de diferentes actividades comerciales y otras, se hace necesario levantar el secreto bancario para poder detectar y dar seguimiento a las redes del lavado de la narcoactividad. También es urgente agilizar la venta y remate de las grandes cantidades de bienes decomisados al narcotráfico para destinar esos fondos al fortalecimiento de las fuerzas policiales, a la prevención y tratamiento de las adicciones y múltiples actividades en barrios y comunidades asoladas por la narcoactividad.

Garantizar Trabajo a Todos los Jóvenes Desempleados. Actualmente, el desempleo juvenil en el país se ubica con una tasa del 23%, lo cual es muy alta. Debido a ese problema, así como de la exclusión de cientos de jóvenes del sistema educativo, ellos no tienen la posibilidad de movilidad y ascenso social, por tanto, ven en la actividad del narcotráfico la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. De forma lamentable, cientos sino miles de jóvenes terminan siendo reclutados por el narcotráfico como mano de obra para el narcomenudeo, el sicariato y otras actividades criminales. De ahí que es urgente desarrollar e implementar políticas inmediatas para que los jóvenes desempleados obtengan un trabajo y salario digno. Esos programas deben ser ejecutados de forma inmediata y para años.

Aumentar la Inversión Social: educación, salud, vivienda y transferencia de ayuda a los sectores vulnerables. Es urgente que el gobierno aumente el presupuesto y financiamiento en esas diversas áreas para contrarrestar la influencia y el reclutamiento del narcotráfico entre los estudiantes y jóvenes de barrios marginales. El financiamiento podría provenir de los fondos y bienes del narcotráfico, así de un impuesto de emergencia de seguridad que debe imponérseles a las empresas de zonas francas.