Por José Recinos

Desde que el presidente de la república, Salvador Sanchez Cerén, anunciara el pasado lunes 14 de marzo, la posible aplicación de medidas de excepción focalizadas en aquellos territorios donde las maras y pandillas ejercen un control casi total, se han generado diversos tipos de opiniones.

Entre ellas, una de las más importantes es la del Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, quien expresó que la anunciada medida “posiblemente se justifique la situación que estamos viviendo, la gravedad de la problemática, como la iglesia no estamos opuestos, si no que habría que verse de qué manera, cómo se aplicaría en caso que se aplique”. (El Mundo 14/03/2016)

Todo dentro del Plan “El Salvador Seguro’’

De acuerdo a la viva voz del presidente Sánchez Cerén, las medidas extraordinarias serian contempladas dentro de los ejes del “Plan de Seguridad El Salvador Seguro’’. “No es solo apostarle a la represión, es apostarle también a la educación, es apostarle también a crear espacios de convivencia, es apoyar los espacios culturales, esa es también una visión integral que tenemos” (Prensa Gráfica, 13/03/2016)

También agregó: “queremos abordar lo más inmediato, el tema de los centros penales, no es posible que, desde los centros penales, estén coordinando las operaciones del crimen” (El periodista, 113/03/2016). Estas palabras no reflejan nada nuevo, la corrupción corroe los centros penales, desde donde los jefes de las maras, en contubernio con la oficialidad de las penitenciarías, dirigen las operaciones de extorsiones y de recaudación de fondos de algunas maras y pandillas.

Sanchez Ceren ha dejado entre ver que se deben tomar medidas “extremas” para garantizar que los centros penales sean espacios para la readaptación y rehabilitación, pero este aspecto no se logrará con la actual política penitenciaria del gobierno del FMLN. También ha dicho con claridad y franqueza que el despliegue militar en todo el territorio continuará: “Estamos pensando desplegar mayores números de efectivos de la Fuerza Armada en el territorio para garantizar mayor tranquilidad”. (La Prensa Gráfica, 13/03/2016),

Funcionarios del Gobierno como Mauricio Landaverde ministro de seguridad, había dicho con anterioridad lo mismo sobre la militarización. Luego fue Hato Hasbun, Secretario de Gobernabilidad y Comisionado para la Seguridad, quien manifestó, luego de que se reuniera de manera extraordinaria el multisectorial Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), que ’todos los sectores dieron su apoyo al estudio de las medidas’’, pero todo dentro del Plan El Salvador Seguro.

Lo mismo de los gobiernos anteriores

Este plan está siendo aplicado retomando medidas aplicadas por gobiernos anteriores, pero con la variante de que esta vez se ha utilizado más efectivos del Ejército. Cuando el gobierno echa a andar un plan, los resultados positivos o negativos se miden según sean los resultados proyectados en el corto, mediano o largo plazo. En el caso del Plan El Salvador Seguro está por verse los resultados.

Uno de los ejes de este Plan es la masacre paulatina, gradual y selectiva de los principales miembros de las maras y pandillas, que empezó a aplicarse meses atrás pero que ahora va a extenderse por el territorio nacional, alimentando la reacción de estas agrupaciones quienes arremeten contra la población civil, y en menor grado contra miembros de la policía y efectivos de la fuerza armada.

Está claro que las cárceles serán repobladas por quienes sobrevivan a la actual masacre. Hasta el momento, los índices de homicidios siguen en alza, el plan del GOES es obtener un gran consenso social para atacar a las maras y pandillas, y aumentar el despliegue militar por todo el territorio. Estos planes ya fracasaron con los gobiernos anteriores, porque nunca atacaron las causas sociales que originan la actual violencia.

Tres poderes del Estado y Sociedad Civil en común acuerdo.

Los índices de homicidios superan ya más del 113% a los registrados en 2015. Los presidentes de los tres órganos de Estado analizarán posibles medidas extraordinarias acompañadas del respaldo de CNSCC. La pena de muerte, empleo de militares y sanciones a telefónicas serán temas que diputados abordarán con presidente después de las vacaciones. Dentro de este panorama, las organizaciones obreras y populares ante cualquier descontento espontaneo que inevitablemente ha de presentarse, no escaparan del yugo represivo. Por tal razón es necesario expresarse, los trabajadores organizados somos víctimas fáciles tanto de los delincuentes como de las autoridades. Las centrales obreras y campesinas debemos crear nuestro propio espacio para vigilar las decisiones que tomen el gobierno y el CNSCC en materia de seguridad, solo nosotros, que vivimos en los barrios controlados por las maras, sabemos dónde aprieta el zapato, y cuál podría ser la solución definitiva al problema de la violencia.