Por: Alberto Castro

Utilizando todas las instancias jurídicas hasta herramientas represivas, el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), junto con los partidos del régimen, han consensuado una serie de medidas para fortalecer el programa El Salvador Seguro.

Estas medidas extraordinarias vienen a ser un auxiliar que busca, por un lado, fortalecer operativamente a la Policía Nacional Civil (PNC) y dotar de mejor despliegue de efectivos militares en las tareas de seguridad, por otra parte, pretende vía decretos y reformas legales garantizar, por medio del aparato Estatal y con el respaldo de El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), un mayor control del sistema judicial, volcando estas instituciones al ataque frontal contra las maras y pandillas. Esta estrategia será aplicada por medio del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Recientemente fue aprobado otro préstamo para fortalecer la seguridad Con 77 votos los diputados aprobaron el día 7 de abril un préstamo de 100 millones de dólares que serán destinados a la PNC. El GOES, para financiar el "Programa Especial de Seguridad Ciudadana", ha recurrido al endeudamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Equipar, mejorar y ampliar la operatividad policial es el objetivo del programa.

Medidas Excepcionales

Todo comenzó el pasado 30 de marzo con la declaratoria de Estado de Emergencia y el respectivo traslado de reos, mandos intermedios de las maras, en siete centros penales. Posteriormente, el viernes 1 de abril la Asamblea Legislativa aprobó el decreto transitorio orientado al control de los centros penales, con vigencia de un año y con la posibilidad de prorrogarse, que contempla el traslado de reos, el aislamiento de los mismos, la restricción de las vistas, el decreto del Estado de Emergencia en los centros penales, la revisión de las viviendas cercanas a las cárceles, la suspensión de salidas a audiencias, bloqueo de la señal telefónica en los alrededores de los recintos carcelarios.

Estas medidas empiezan golpeando donde está el mando de las maras y pandillas en las cárceles, para dividir operativamente dichas organizaciones, creyendo que unas pandillas sin mando desde los penales quedarían confundidas y sería más fácil replegarles territorialmente. Hasta el momento los barrios y colonias populares son territorios en disputa, entre la PNC apoyada por la fuerza armada, versus las maras y pandillas. La situación va tomando cada vez más la forma de una guerra civil de baja intensidad. Cortar el nexo cárceles-calles no garantiza el cese de la actividad pandilleril, sino que crea otro suceso donde los mandos medios asumen el control y continúan el defendiendo su influencia en el territorio.

Más medidas para inclinar el aparato del Estado en función de las políticas de seguridad

El vicepresidente Oscar Ortiz dio a conocer cinco medidas excepcionales, adicionales a las que ya se aplican en centros penales: Reformar la Ley de Extinción de Dominio, crear comités ciudadanos de apoyo a la seguridad, desplegar un nuevo batallón de reacción inmediata de la Fuerza Armada, crear un registro de los miembros de pandillas y la readecuación del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

Ley de extinción de dominio

Con esta reforma legal el gobierno pretende acertar un duro revés económico contra los grupos pandilleriles. “Tenemos una iniciativa, que todavía no se ha dado a conocer, que la vamos a presentar y ya hemos hablado con la comisión de seguridad, que es reforzar la Ley de Extinción de Dominio y llevarla a niveles mucho más concretos... cortar el flujo financiero quiere decir ir a desmontarle todo ese soporte logístico que sirve para reproducir y lavar ese dinero que obtiene a través de la extorsión. Entonces vamos a ir por un mecanismo muy pero muy sencillo, pero altamente práctico, que es golpear la ruta financiera”.

Esta ley está en vigencia desde enero de 2014 y establece que los recursos que sean incautados serán distribuidos de la siguiente manera: 15% Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB); 35% Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 35% Fiscalía General de la República, 10% Ministerio de la Defensa Nacional y 5% Procuraduría General de la República. Se trata de una ley para confiscar, en beneficio del Estado, el dinero proveniente de actividades consideradas ilícitas de las maras. Esta seria una forma de financiar los crecientes gastos de seguridad, debilitando enormemente la capacidad financiera de las maras, que ha crecido considerablemente con las extorsiones y otras actividades ilícitas.

Crear comités ciudadanos de apoyo a la seguridad

Esta propuesta es polémica, porque podría verse como el regreso de las defensas civiles que estuvieron en boga durante la guerra civil salvadoreña. Ortiz ha dicho “Este será un mecanismo adscrito a la PNC de apoyo a toda la actividad de seguridad y con ciertas competencias para garantizar que ahí no se pueda reproducir, no se pueda multiplicar la actividad ilegal y, especialmente, estén siendo coaccionados los jóvenes y los niños a estas expresiones pandilleriles”.

Muchos pueblos en México lograron contener a las bandas de narcotraficantes con las llamadas autodefensas, que son milicias que debieron enfrentarse a los aparatos policiales que habían sido reclutados por el narcotráfico. La propuesta del gobierno del FMLN comete el error de pretender adscribir los comités de ciudadanos al control de la PNC cuando se sabe que, al igual que México, en El Salvador una parte de las estructuras de la PNC colaboran con las maras y se reparten el dinero de las extorsiones.

El debate en la Asamblea Legislativa se ha centrado en un punto: hasta donde tendrían facultades los comités ciudadanos. Observando lo peligroso que se vuelve que las masas trabajadoras se armen, la mayoría de los diputados consideran que lo más conveniente es que los comités ciudadanos únicamente se limiten a colaborar con la PNC brindando información y apoyando sus medidas.

Esta es una propuesta reaccionaria, que pretende utilizar las organizaciones de ciudadanos con fines corporativos, como unidades de apoyo de la PNC. Antonio Almendáriz, diputado del PCN, tiene una iniciativa orientada en la misma dirección que la del Ejecutivo, pese a desconocer si estos ciudadanos tendrán la posibilidad de armarse y participar en la autodefensa: “hay otras formas de que haya juntas vecinales para cuidarse”. Misael Mejía. diputado del FMLN, miembro de la comisión de Seguridad, declaró que:“Lo que estamos pensando es la creación de algún tipo de organización comunitaria por mandato de ley sin caer en riesgo a la defensa civil y que la gente se tome la ley por sus manos. Eso es un riesgo y más bien habría que evitar que se contamine algunas comunidades de algunos grupos criminales”.

Ernesto Muyshondt, diputado de ARENA, “Los establecimientos de comités pueden funcionar para estar en coordinación con los Cuerpos de Agentes Metropolitanos, con la Policía Nacional Civil, pero no tomar acciones por sí mismo. Cualquier propuesta estamos abiertos a discutirlas en la comisión de seguridad” .Guillermo Gallegos, diputado de GANA, “estoy de acuerdo con aquel que toma la justicia en sus manos". “Tendremos el control policial que juega un papel importante y no se trata de andar persiguiendo a la gente o andar asesinando a mansalva, por supuesto que el defender sus bienes y su vida debe ser una prioridad, pero no es una licencia para asesinar’’ , la creación de estos comités no implica un llamado a la defensa del pueblo trabajador, esta es la manera de cómo un gobierno burgués atrae al proletariado en la defensa de sus intereses nacionales a través del lineamiento de este en su política represiva.

Todas las bancadas coinciden en que los comités ciudadanos deben estar subordinados a la PNC, cuando debe ser todo lo contrario.

Desplegar un nuevo batallón de reacción inmediata de la Fuerza Armada

Como parte de los nuevos ejercicios de la Fuerza Armada en las tareas de seguridad, se ha dado a conocer la creación de batallones que se desplazarán por tierra y aire por todo el territorio nacional. “La misión será reaccionar rápidamente en apoyo de cualquier contingencia que se dé en cualquier lugar del territorio” .

Previendo un escenario de guerra, con toda la expresión de la palabra, no es extraño que la PNC no tenga la competencia operativa de la fuerza armada, para ello estarían estos batallones especializados, a disposición cuando se den circunstancias de este tipo, en los lugares donde se den los enfrentamientos armados. Pero cuando haya un descontento obrero o popular, y se torne violenta la situación, es indudable que también estarían a la disposición de ser usados para apagar este tipo de rebeldía.

Crear un registro de los miembros de pandillas y la readecuación del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

La reforma pretende crear el registro nacional de pandillas, de sus miembros y colaboradores. Esto había sido propuesto por Rodrigo Ávila, diputado de ARENA, ahora esta idea ha sido retomada por el Gobierno del FMLN, poniendo una base de información donde estén incluidos miembros activos de maras y pandillas, sus familias y colaboradores, con el fin de otorgarle al Organismo de Inteligencia del Estado la información necesaria para el rastreo y captura.

Lo anterior implica que las maras y pandillas se han convertido en un problema de seguridad nacional, que pone en peligro la estabilidad del Estado y del Gobierno. La readecuación del OIE busca hacer más coercitivo a esta institución, vinculándola con los organismos de seguridad nacional. Esto colocara a las maras y pandillas, miembros, familiares y colaboradores en el ojo de la inteligencia de Estado. Con esto a una persona incluida en el registro podrán aplicarle Ley Antipandillas o la Ley Antiterrorista. En 2012 el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública inició un estudio en los 14 departamentos de El Salvador, y hasta mayo de 2013, cuando habían estudiado 184 de los 262 municipios, se habían ubicado 1,955 clicas (cada una conformada por al menos 15 personas) de seis pandillas, y concluyeron que había en promedio una estructura delincuencial en cada colonia, de las 1,765 abarcadas en ese entonces.

Al sumar la cifra de pandilleros recluidos, las personas afines a ellos así como los pandilleros deportados y sus familias, el ministerio estimó una población de casi medio millón de personas relacionadas con las maras.

Según las proyecciones de esta institución, la cifra habría aumentado en estos años. Estas medidas que acompañan al plan de seguridad gubernamental son soluciones parches, que no darán los resultados esperados. La forma como están siendo aplicadas tienen orientación represiva que solo seguirán incitando más violencia, todo apunta a una nueva guerra civil, de manera focalizada en los territorios por ahora controlados por las maras. Las organizaciones obreras deben encarar a la burguesía a sus partidos creando sus propios comités ciudadanos, sus propios consejos de seguridad, en circunstancias actuales no podemos apoyar las mismas armas que nos apuntan en todo momento.