Por Germán Aquino

Nuevamente la reforma al sistema de pensiones se ha puesto en la mesa de discusión entre el gobierno del FMLN y la derecha arenera, en donde también intervienen organismos financieros internacionales. En sus inicios el gobierno del FMLN planteaba una reforma al sistema que llevaría a un sistema mixto en donde lo privado y lo estatal estarían presentes por su parte el gran empresariado tradicional junto a su partido ARENA ante dicho anuncio mostro su total rechaza lanzando toda una campaña desinformativa.

A medida ha pasado el tiempo los recursos financieros se le escasean al FMLN y la crisis se acentúa lo cual le obliga a ver la manera de donde obtiene recurso, mientras tanto la derecha arenera bloquea toda posible fuente de financiamiento y es así como se presenta como la protectora de los fondos de pensiones de los trabajadores, pero en realidad lo que busca es garantizar el negocio de las AFP.

No al FMI ni al BID

La privatización del sistema de pensiones durante los gobiernos areneros fuer parte de las políticas macroeconómicas y financieras dictadas el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Nuevamente los organismos financieros internacionales como el FMI vuelven a intervenir desaprueban la propuesta de reforma del sistema de pensiones presentada por el gobierno del FMLN y exigen una pronta reforma. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la propuesta presentada por el gobierno del FMLN a través del Ministerio de Hacienda   a pesar que dejaría a los trabajadores sin sus ahorros esto no daría sostenibilidad a largo plazo.

Al respecto, Roberto Lorenzana reafirmo lo anterior manifestando “…La reforma que presentó el Gobierno es una que asegura sostenibilidad en el sistema de pensiones en el corto y en el mediano plazo…El GOES plantea pasar la mitad de los ahorros de pensiones (poco más de $4,000 millones) a un instituto nuevo, público y reducir algunos beneficios. El punto es que el sistema sea manejable para las finanzas públicas, pero el efecto sería limitado. …De alguna manera lo habíamos previsto. Esta es una medida para salir de la situación en los próximos cinco a diez años... nosotros habíamos pensado que al próximo Gobierno le podían tocar tomar otras decisiones...”(LPG.14/02/17). A pesar de lo anterior el gobierno se aprestaba a aprobar dichas reformas.

No es que el FMI o el BID busquen el beneficio para la clase trabajadora pues fueron ellos quienes ordenaron la privatización del sistema de pensiones, por el contrario, lo que buscan es continuar garantizando el negocio para las AFP para ello han recomendado aumentar el tiempo de cotización a 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres.

El actual presupuesto del 2016 está desfinanciado el BID ha ofrecido $130millones como apoyo presupuestario en calidad de préstamos los cuales el pueblo deberá pagar después. Para hacer efectivo dicho préstamo el gobierno debe hacer un acuerdo de ajuste de fiscal, pero además deberá aceptar las recomendaciones realizadas en el tema de reformas del sistema de pensiones a lo cual parece ceder.

Por un único proyecto de ley propio de las organizaciones sindicales

Las organizaciones sindicales debemos rechazar toda propuesta de reforma que busque quitarles los ahorros a los trabajadores, no debemos permitir que eleven la edad para jubilarnos ni el aumento de cotizaciones. Etc.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a todas las organizaciones sindicales a conformar y discutir un proyecto de Ley mediante el cual se le ponga fin a la privatización del sistema de pensiones, derogación del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) y transformar el dinero de los ahorrantes en cotizaciones al sistema de seguridad social.

Se fortalezca el funcionamiento del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), reformando sus leyes constitutivas, introduciendo la administración y el control obrero, y adecuándola a las necesidades de los trabajadores. fortalecimiento, reorganización y modernizar del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), incorporando el control de los sindicatos sobre la administración, para evitar la corrupción y el mal manejo de los fondos de las pensiones.