Por: Salvador Belloso.

En ciertos miembros del ultra derechista partido, Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, destaca su tendencioso discurso de odio que agrava el problema de la violencia e inseguridad que abruma al país, de Guillermo Gallegos a Osiris Luna, se encuentra una amalgama de ideas y propuestas cuyo contenido busca hacer que la PNC realice ejecuciones extrajudiciales (homicidios) como parte de sus tareas de seguridad, lo cual es altamente peligroso, ya que esto es una instrumentalización del flagelo, so pretexto para servirse de la PNC en la medida que logra conseguir adeptos, logrado eso, podría valerse de dicha institución como medio de coacción política hacia sus adversarios, máximo cuando está próximo de ser el partido de Gobierno. 

Vayamos de la histeria a la cordura.

Es completamente valido que, como clase trabajadora, sintamos indignación y rechacemos los métodos usados por las maras y pandillas del país, sobre todo porque su accionar va en contra de toda aspiración colectiva, pero esa no es razón suficiente para que consideremos los llamamientos a la tortura y al homicidio como sensatos y peor aún que, dejemos que sea la PNC el instrumento con el cual fanáticos del odio aspiran llevarlo a cabo.

Como es el caso de Guillermo Gallegos y el diputado, Osiris Luna, cabezas de una serie de campañas donde se promociona el homicidio y odio por parte de policías y militares hacia supuestos pandilleros, el primero dirigió ’’si te veo matar a un pandillero yo no te vi’’ y el segundo, la condecoración, previa despenalización de policías y militares que ’’ejecuten pandilleros en el cumplimiento de su deber’’, ambas retorcidas en sus cimientos, que no dan soluciones reales y efectivas, sino remiendos a la problemática de violencia e inseguridad.

En primer lugar, porque empeora la situación, si tomamos en consideración las ejecuciones extrajudiciales documentados o no en los últimos años, perpetrados por policías y militares, que si bien, algunos fueron pandilleros, pero además también hay muchos civiles, de seguirse al pie de la letra las ideas que promueven estos desequilibrados, sin dudas la tendencia de matar a la población civil iría en aumento, por lo que no debemos permitir daños colaterales bajo el pretexto del combate a la delincuencia, cuyos errores los paga la juventud pobre de las comunidades; en el fondo lo único que se estaría haciendo es criminalizar y estigmatizar aún más a la juventud de los barrios y comunidades pobres, al mismo tiempo que pone en peligro al mismo personal que trabaja en tareas de seguridad y sus familias, ya que el efecto retributivo de las maras y pandillas les convierte en el blanco de sus ataques. 

El Estado sustenta el conflicto social.

Desde el Estado se estimula a que la PNC y FAES vulneren los Derechos Humanos,  primeramente el Gobierno de turno ha sido sigiloso con respecto a los grupos de exterminio que operan al interior de la policía y Fuerza Armada, seguido, el Ministerio Publico trabaja unísono en la tolerancia de ello y por  si fuera poco en la Asamblea Legislativa los personajes públicos aquí mencionados, promueven propuestas de Ley que buscan legalizar su operatividad, todo esto es un corolario de ejercicios que exceden y buscan rebasar más lo permitido por el cuerpo normativo, el problema es que el Estado no está siendo ético en el tratamiento, ya que no apuesta a la prevención y reinserción del joven delincuente. 

Para frenar de una vez el problema de violencia y delincuencia, los trabajadores y la izquierda revolucionaria debemos plantear una salida al problema de la violencia, no permitamos que se instrumentalice la violencia como oferta electorera y máximo cuando esta busca adherirse al ejercicio de una institución como la PNC nacida con los acuerdos de paz, contrario a ello, instemos a que se realice una investigación formal, de miembros de la Policial, Fuerza Armada y funcionarios públicos que pertenecen o promueven a los grupos de exterminio, de igual manera, estimemos una posible salida definitiva al accionar de las maras y pandillas mediante la apertura de oportunidades para que jóvenes de las comunidades se reinserten y dejen de ver su hogar en las pandillas.