Por Alberto Castro.

Antes de la entrada del nuevo Gobierno, la Asamblea Legislativa (L.A), estuvo a un paso de aprobar una propuesta de Ley, en reemplazo a la Ley de Amnistía de 1993 que fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional en 2016, debido a que imposibilitaba el acceso a la justicia por los crímenes de guerra y lesa humanidad, dicha propuesta ha sido duramente criticada por representantes tanto de familiares y víctimas  de la guerra civil como por organismos de Derechos Humanos del país.

Hasta el momento la propuesta que fue introducida por Rodolfo Parquer del partido PDC, presidente de la comisión Ad Hoc encargada de elaborar el reemplazo de la Ley, ha reñido con lo que anhelan quienes reclaman justicia y reparación por los crímenes cometidos por el Estado salvadoreño y por la guerrilla (FMLN), hasta el momento los diputados no van en consonancia con ello, sino más bien, el reemplazo a la vieja Ley de Amnistía es otra que conserva la amnistía e impide el abordaje judicial de las investigaciones y por consiguiente el enjuiciamiento de los criminales de guerra. 

Victimas e impunidad

El que hayan transcurrido 27 años de los acuerdos de paz y las heridas de la guerra sigan abiertas, es porque desde el Estado salvadoreño no ha habido un compromiso real para con las víctimas, lo negativo es que el  FMLN ahora parte de la constitucionalidad del Estado, propugna por pasar la página de lo sucedido, ahora se une junto a los verdugos del pueblo salvadoreño en la búsqueda por otra ley coraza en su beneficio y en perjuicio de quienes reclaman por justicia y reparación. Todo empezó desde el mismo instante de los prolegómenos de los Acuerdos de Paz, donde se impidió a las víctimas civiles ser parte de ella.

La publicación de la Comisión de la Verdad del 23 de marzo de 1993, mostró la existencia de 32 casos de graves violaciones y 22 denuncias. Es importante el dato que el 85% de los casos donde se dieron las violaciones le son atribuidas a quienes combatieron abiertamente a la población civil, es decir agentes del Estado, grupos para militares y la organización fascista: lo escuadrones de la muerte del fundador del partido ARENA, Mayor Roberto D’aubuisson. A la guerrilla le fue atribuida en aquel informe el 5% de los casos.

Es de recalcar que, las recomendaciones dadas por la Comisión de la Verdad no fueron acatadas, más enfáticamente lo concerniente a lo de investigar separar de sus cuerpos a los responsables, con el cinismo propio del juego político partidario que sigue vigente en nuestros días, se decretó la Ley de Amnistía, siendo burla hacia las victimas e inmunidad para sus verdugos.

A favor de los criminales de guerra.

La actividad de la A.L discrepa con el fallo de la Sala de lo Constitucional, donde le ordena legislar por la justicia y reparación a las víctimas y que propicie el acceso a los archivos secretos del Estado referente a las violaciones y prohíbe que se cree una Ley igual a futuro, también, su manera de legislar en el tema es asimétrica con lo que esperan las victimas desde las organizaciones de Derechos Humanos.

El domingo 26 de mayo, en el Monumento a la Constitución, hubo una concentración de personas contra la nueva Ley de Amnistía que busca la A.L, cuyo primer art. dice: ’’se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas, independientemente del sector al que hubieren pertenecido’’. Como se ve, la figura de amnistía sigue en pie, por si fuera poco, excluye crímenes de guerra, lesa humanidad y lo contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad.  También presenta que las investigaciones tendrán el ’’objetivo único’’ de esclarecer la verdad y los responsables, pero no pagaran por sus crímenes, con lo cual se evidencia que los diputados han priorizado la protección a los criminales antes que velar por la anhelada justicia y reparación que reclaman los familiares y víctimas, por lo que queda deslegitimada  la propuesta, debido a que vincula indefectiblemente a las víctimas, desde donde es rechazada, es necesario pasar a actividades de hecho para impedir la aprobación de esa ley y así convocar a una jornada extendida en la A.L para presionar al Estado como tal ser responsable y que una vez asuma sus responsabilidades con las víctimas y familiares.