Por: Alberto Castro

Algo que caracteriza al Gobierno de Nayib Bukele es que todo lo hace bajo arbitrariedades, opacidad y falta de acceso a la información pública. Al final de esta cadena de artimañas está la corrupción, la que lejos de ser combatida a gran escala, tal y como él lo dijo durante su campaña electoral, inicios de su Gobierno y que aún sostiene en sus post publicitarios, pero lo cierto es que la ha legitimado a través de instrumentos legales, al punto de estructurarla institucionalmente, pero esta corrupción al ser disfrazada no se reconoce como tal. Se trata de mecanismos donde se organiza el ejercicio de las obras y servicios públicos bajo premisas establecidas por los hilos del oficialismo, por eso es entendible el porqué de, que si estos mismos ejercicios y prácticas suceden fuera de  las vías de autorización entonces el resultado es sencillamente corrupción, sancionable bajo tipificación penal.

Eso explica por qué ha caído alguno que otro funcionario o empleado público, mientras que en otros casos que han sido expuestos por los medios de comunicación siguen sin sancionarse (aunque también mucho tiene que ver la dirección política que tiene la Fiscalía General de la República (FGR)). El bukelismo previendo los impactos negativos que esto podría repercutir en la campaña electoral y viéndose vencedor en las próximas elecciones, desde ya toma medidas de cara al futuro. Para no tener que lidiar más con este inconveniente, ha trazado el terreno para que la corrupción se vuelva casi invisible e indetectable, fue así que recientemente la Asamblea Legislativa aprobó unas reformas a la Ley Especial de Contratación de Obra con financiamiento Incluido, veamos de qué va esto.

Una reforma para beneficiar a la DOM

La Ley Especial de Contratación de Obra con financiamiento Incluido, fue aprobada en el 2022, siendo su ámbito de aplicación en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esta Ley vino a ser la reglamentación de una maniobra que el Gobierno realizó ante la falta de financiamiento que presentó el MOP teniendo los XIV Juegos Centroamericanos y del caribe a la vuelta de la esquina, la cual le permitió tener garantía que las obras se realizarían, pese a no contar al momento de contratación de la obra pública, con el financiamiento respectivo. La forma de ejercicio era la siguiente: luego de terminada la obra por la empresa privada el Estado contrae la obligación del pago que costó dicha obra. Además, la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), con esta Ley se ha beneficiado al ejecutar las obras con las reservas de información en la ejecución de la infraestructura que realiza,          sobre todo posterior a la reforma que esta tuvo a partir de la cual puede realizar transferencias a las sociedades mercantiles, evadiendo el control del gasto público y de las auditorias de la Corte de Cuentas de la República, lo que significa CORRUPCIÖN.

La reforma de la Ley Especial de Contratación de Obra con financiamiento Incluido, obtuvo 66 votos a favor y nueve en contra, parte con la ampliación en los alcances de esta ley especial, extendiendo su ámbito de aplicación a todas las esferas del Estado, instituciones autónomas y alcaldías, lo que implica que en lo medular la forma de contratación de obras y compras de lo que en abstracto la Ley llama servicios esenciales, fue esto último lo que generó inquietudes incluso entre los aliados de la bancara cyan, pues la Ley no determina que se entiende por servicios esenciales, siendo una ambigüedad que deja a criterio a la dirección de los ministerios, instituciones y alcaldías fijar cuales son los servicios esenciales, de modo que  esto no es más que la autorización legal para que se realicen arbitrariedades en el ejercicio de contratación de servicios y obras públicas.

La corrupción como bandera de lucha   

En este artículo hemos abordado un experimento de colusión que realiza el bukelismo, similar a la experiencia china en lo que se refiere a la interferencia en la esfera pública y privada a través de los vínculos entre ciertos sectores empresariales con el grupo político ligado al poder. La lucha contra la corrupción en El Salvador es un desgastado discurso de demagogos,

por lo que la clase trabajadora debe combatirla teniendo como objetivo superar al sistema capitalista.