Por: Alberto Castro   

Nayib Bukele fue incisivo en su discurso de toma de posesión sobre cuáles son los intereses que verdaderamente protege, habiéndose concretado sin inconvenientes las bases para implantar su dictadura en El Salvador, ahora se permite mostrar su verdadera naturaleza de clase; así decide que, para la clase trabajadora y pueblo salvadoreño toca otra dosis más recargada de medicina amarga, mientras tanto para la oligarquía y sectores burgueses aliados, protección.        

No se trata de un pequeño error           

Durante el mes de junio a través de las redes sociales muchas personas que por años habían sido beneficiadas con el subsidio del gas, han reportado que han dejado de contar con dicho subsidio, teniendo obligadamente que comprar a precio de $12 dólares. Es decir, sin los $8.04 que es el beneficio que se entrega mediantes dos formas: una es con el pago directo a las empresas envasadoras de Gas Licuado de Petróleo que luego lo comercializan en el país, la otra forma es mediante la entrega focalizada de la tarjeta solidaria o el Documento Único de Identidad (DUI).

Debemos recordar que la tarjeta solidaria, antes era otorgada por el Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios (CENADE). Esta institución era una dependencia del Ministerio de Economía, pero con el proceso de reorganización y centralización del Estado del bukelato, esta institución dejó de existir en el 2022. En su lugar nació la Dirección General de Subsidios (DGS), ahora con dependencia del Ministerio de Hacienda (MH). Con estos cambios el MH puede ajustar según sus propios criterios cualquier tipo de gasto social. Para el caso de los subsidios, los cambios pasan por una simple modificación en la cobertura del beneficio, Tras este incidente que el MH provocó con toda la intención, aunque se ha excusado en argumentos inadmisibles, no puede dejarse de notar que no fue por un pequeño error, sino una medida consciente con el propósito de recortar el número de beneficiarios, es decir, se trata de un ajuste al subsidio focalizado.

Excusas, simples excusas             

Tras los reportes de los beneficiarios, sobre el subsidio que han dejado de percibir, más la cobertura mediática, el MH mediante un comunicado el lunes 24 de junio afirmó que aun continua el subsidio para 1.2 millones de beneficiarios, y que además todo marcha con normalidad. Según manifiesta el comunicado, que ’’cuando identificamos irregularidades, como la duplicidad de beneficios en un mismo hogar, usurpación de identidad, recepción de varios subsidios utilizando el mismo DUI, etc. La DGS investiga y actúa según la ley para asegurar que el beneficio llegue efectivamente a quienes lo necesitan’’.

Para finalizar agregan números para informar de algún problema. De entrada este comunicado contradice lo que ha sucedido con quienes han sido afectadas por la negligencia cometida por el MH, no se sabe ni se explica cómo debe ser, cual es el proceso de investigación y posterior resolución tomada dentro de la DGS para solucionar ese problema que explican en el comunicado, porque de lo que se trataría, una vez identificadas dentro de esa presunta investigación, es que el beneficio llegue a quienes lo necesitan, pero ha sucedido lo contrario. El beneficio ha sido quitado de quienes verdaderamente depende de él para el uso doméstico de sus hogares, por lo que el comunicado emitido por el MH es una respuesta burda a quienes les ha afectado el recorte focalizado. El comunicado es una precipitada respuesta que sólo busca evadir las críticas y ya. Cuando son muchas las personas afectadas, lo más responsable debería ser que el MH les devuelva ese  dinero.     

¡Si al subsidio del gas propano! 
        
La clase trabajadora y pueblo salvadoreño, que ahora sólo recibe “medicina amarga”, no deben permitir que bajo una excusa como la reducción de gastos, se nos quite algo que beneficia a muchos de nuestros hogares, porque al otro lado, este mismo Gobierno está  de besos y abrazos con la oligarquía y con la burguesía emergente aliada. La DGS debe ser administrada y dirigida por trabajadoras y trabajadores para un correcto funcionamiento y control de beneficiarios, porque actualmente funciona bajo el interés del capital privado.