Por Salvador Belloso
La lucha contra las pandillas ha sido el estandarte de legitimidad del Gobierno de Nayib Bukele. Desde el aparato del Estado —completamente sometido a su control— se ha desplegado un dispositivo de terrorismo de Estado cuyas consecuencias recaen sobre la población civil, especialmente sobre la juventud pobre. Paradójicamente, la violencia estatal que hoy se ejecuta bajo el régimen de excepción reproduce los mismos métodos de terror social y control territorial que antes ejercían las maras, y lo hace bajo una retórica de “orden y seguridad” que no resiste el menor análisis lógico ni legal.
Esta contradicción entre el discurso oficial y la realidad constituye una clara expresión de disonancia cognitiva política. Mientras se proclama como “éxito rotundo” la aplicación del régimen de excepción, al mismo tiempo se viola la Constitución, cuya letra en el artículo 29 establece con claridad la temporalidad de esta medida extraordinaria. Pero el bukelismo ha transformado el régimen de excepción en componente permanente de su armadura dictatorial, sosteniéndolo no con base legal, sino mediante propaganda y represión.
Las recientes detenciones masivas de estudiantes dan cuenta del nuevo blanco de la maquinaria represiva. Solo el mes anterior se reportaron: 28 detenidos del INFRAMEN; 6 del Instituto Albert Camus; 4 del INTI; 2 del Instituto Acción Cívica Militar. La Fiscalía General de la República acusa a estos estudiantes de delitos como: agrupaciones ilícitas (art. 345 del Código Penal), amenazas a docentes y compañeros, consumo de drogas, agresiones sexuales y extorsión. Con estos cargos, se busca sembrar el terror en las aulas y construir un nuevo enemigo interno: "La Raza Estudiantil", calificada por la retórica oficial como una nueva forma de pandilla.
Esta lectura es profundamente peligrosa
Ya no se trata de pandillas surgidas en barrios marginales como fenómeno social de exclusión, sino de su traslado conceptual al espacio escolar, donde cualquier forma de organización juvenil, incluso informal o sin estructura, puede ser equiparada a "agrupación ilícita". Nos preguntamos: ¿existen estudios serios que justifiquen esta calificación? ¿O estamos ante una narrativa tosca, construida por un Estado que necesita justificar su poder represivo y su control total de la juventud?
Lo que está en juego es una política de adoctrinamiento a gran escala, donde el bukelismo actúa como una forma de neofascismo tropical: crea un enemigo interno a partir del pasado (las pandillas), lo magnifica, lo hace omnipresente, y se posiciona como el “salvador” que en realidad reproduce el mismo horror.
Un artículo reciente de La Prensa Gráfica reveló que la Policía Nacional Civil está utilizando fichas de conducta elaboradas por los maestros como insumo para investigaciones y alertas tempranas. Esta práctica recicla mecanismos dictatoriales del siglo XX. En la Alemania nazi, los docentes debían denunciar comportamientos antipatrióticos. En la España franquista, se fichaba a estudiantes con parentesco republicano. En Argentina, durante la dictadura, miles de jóvenes fueron desaparecidos luego de ser señalados por directores y maestros.
En el Chile de Pinochet, la DINA presionaba a profesores para delatar a estudiantes marxistas. En El Salvador, sin embargo, no hay un enemigo revolucionario organizado; lo que existe es una campaña para consolidar el control estatal sobre el pensamiento, la conducta y la organización de la juventud estudiantil. Las fichas ya no son ideológicas como en otros regímenes: son de "peligrosidad emergente", una categoría vaga y maleable que puede usarse contra cualquier estudiante con iniciativa propia, pensamiento crítico o capacidad de liderazgo.
La juventud no debe quedarse callada
La mejor forma de resistir no es negando los problemas, sino organizándose para enfrentar al Estado desde la defensa activa de sus derechos. Exijamos: 1) Educación gratuita, crítica y de calidad, con recursos reales y no promesas propagandísticas. 2) Infraestructura digna y presupuesto adecuado para los centros educativos. 3) Acceso pleno y libre a la educación superior, sin filtros clasistas, ideológicos ni represivos.
En las próximas semanas se conmemorará un nuevo aniversario de la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975. No honramos esa memoria con tuits ni con frases vacías. Se honra luchando. Se honra organizando comités, colectivos y movimientos que pongan en alto las banderas de la educación gratuita, de calidad, popular y democrática.
¡Contra el miedo, organización!
El bukelismo busca una juventud domesticada, sin voz ni protesta. Pero nuestra historia —y nuestra dignidad— nos llama a otro camino: el de la lucha estudiantil como antídoto contra el fascismo del siglo XXI.