Por Leonardo Ixim

Durante las últimas semanas se ha generado un fuerte movimiento que expresa el repudio de una buena parte de la población contra la casta politiquera que monopoliza la representación política de la población dentro del Estado Burgués

Este movimiento, que va por sus siete semanas de movilizaciones -sobre todo en las plazas centrales de las principales ciudades del país-, como sabemos aparece a raíz del destape de casos de corrupción. Primero por el destape de defraudación aduanera que condujo a la renuncia de la ex vicepresidente Roxana Baldetti y su secretario privado, hoy prófugo de la justicia. Posteriormente el contrato anómalo con la empresa farmacéutica mexicana Pisa en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para la realización fraudulenta de diálisis que llevó a la muerte a 12 personas, incriminando al ex director de esa institución Juan de Dios Rodríguez, ex militar acusado de violación a los derechos humanos y cercano al presidente Otto Pérez Molina.

Las denuncias y la crisis política que provocó obligó a la renuncia importantes figuras del gabinete como el ex ministro de gobernación Mauricio Bonilla y el ex general José Anzueto a cargo de la Secretaria de Inteligencia del Estado, ex militares cercanos a OPM y el nombramiento de ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad Alejandro Maldonado, viejo político al servicio de las clases dominantes, como vicepresidente.

Todo esto ha generado indignación en algunos sectores de la población, sobre todo capas medias urbanas pero que se amarra con otras indignaciones más estructurales de capas obreras, campesinas e indígenas. Esto puede dar al traste el régimen político post dictaduras al debilitarlo, y abre la posibilidad de crisis de carácter pre revolucionario, sobre todo por la pérdida de legitimidad del sistema de dominación. Pero las movilizaciones están en la encrucijada por el cauce institucional que los poderes fácticos le pretenden dar.

Las movilizaciones y sus límites

Desde el 25 de abril hasta el pasado sábado 13 de junio ha habido movilizaciones todos los sábados, siendo la primera el 25 de abril, que juntó a más de 30 mil personas; la del 16 mayo fue el pináculo con más de 60 mil personas concentradas en la plaza central y las diversas plazas de las principales ciudades; y la del sábado 13 con un poco más de 20 mil personas. Estas movilizaciones contaron con un fuerte componente de personas procedentes de capas medias y pequeña burguesía, que llegaron a título individual; fueron los contingentes, sobre todo con posterioridad al 25 de abril, de las universidades privadas y de la Universidad de San Carlos y representación de los pueblos mayas, los que le dieron un toque más clasista.

Nos referimos a las reivindicaciones que plantearon y hasta el mismo color y sentido de las movilizaciones, pues le da una diversidad, rebasando del blanco propio de las manifestaciones de sectores medios y acomodados. Una de las consignas compartidas ha sido el no le toca, refiriéndose al candidato Manuel Baldizón del partido Lider, que pretende ser el próximo presidente; pero esa consigna también es dirigida a toda la casta politiquera que gobierna el país.

Mencionamos esto porque ha habido algunos sectores de derecha ligados a élites empresariales que han pretendido diluir la consigna principal que se mantiene hasta la fecha, la renuncia de Otto Pérez Molina y todo el actual gobierno, por la de cuestionar al candidato de Lider, viéndose en algunos casos algún tipo de acarreamiento pasivo o activo contra ese candidato.

Ese factor de carácter civilista que compagina con el individuo-ciudadano que se manifiesta contra la corrupción, y con el que sectores burgueses pretenden neutralizar las reivindicaciones de renuncia contra este gobierno, se hace ver en que todas las movilizaciones que se han realizado los sábados han sido una especie de movilización recreativa. En ese sentido la Asamblea Social y Popular, que consideramos es la instancia clave para darle una direccionalidad política cuestionadora ya no solo al régimen político sino al modelo económico, se ha plegado a la corriente.

En ese sentido, solo la organización campesina Codeca y el Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios, han tratado de irrumpir con un método más propio de movilización de los sectores populares, concentrándose un día entre semana en el parque central y reivindicando un programa democrático sentido por el proletariado como es la nacionalización de los servicios públicos tales como la electricidad y la reforma agraria.

El gobierno central se encuentra contra las cuerdas, sostenido tenuemente por la embajada yanqui y con un leve apoyo del empresariado, que pragmáticamente ha señalado entre líneas su disposición a quitarle el apoyo si es necesario. Además tiene el apoyo por lo menos del alto mando del ejército, comenzando con el corrupto ministro de defensa -cercano a la camarilla de OPM-, pero con rechazo de algunos elementos de la oficialidad media y baja.

Se moviliza el “ala social” del gobierno de Otto Pérez

En ese sentido, el gobierno movilizó el pasado viernes 5 de junio, realizando bloqueos de carreteras, a la organización Alianza Obrero Campesina y rápidamente organismos con algún tipo de contubernio con el Partido Patriota como la Coordinadora Nacional Indígena Campesina, Frente Nacional de Lucha y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala empezaron a pronunciarse con una serie de medidas hacia el gobierno central, exigiendo al Congreso de la República no modificar la Ley del Servicio Civil que regula los pactos colectivos y sobre todo denunciando al sector empresarial como parte de la corrupción.

Los dirigentes de estas organizaciones anunciaron nuevas movilizaciones para la semana que inicia el 15 de junio, sobre todo en el tema de la ley mencionada. Aquí vemos cómo un sector del movimiento popular, una especie de aristocracia obrera y campesina, planteando una reivindicación como son los pactos colectivos -que son señalados de ser parte de las prebendas a los lides sindicales- es usado complacientemente por el gobierno para presionar al empresariado aglutinado en Cacif. Pero hay un mérito, que la ASP y las organizaciones populares no se han animado a plantearlo claramente, y es que las distintas facciones burguesas, comenzando con el Cacif, son parte también de la corrupción.

Por su parte, en este mes y medio de movilizaciones, los partidos de izquierda Urng y Winaq han interpuesto demandas para eliminar el antejuicio de la ex vicepresidente Baldetti y recientemente el diputado por Winaq Álvaro Pop puso otra medida similar contra el actual presidente, que ahora es conocida por el Congreso, el cual formó una comisión especial para estudiar el retiro de la inmunidad a OPM. Pop por su parte ha denunciado amenazas de muerte hacia su vida y junto a diputados de otras bancadas ha denunciado también el hecho de que esta comisión, por presión de los factores de poder, no tenga plazo perentorio para resolver el tema.

Encauce institucional

El Tribunal Supremo Electoral por su parte, constitucionalmente tiene la obligación de realizar las elecciones, una forma de mantener la normalidad en el sistema de dominación; sin embargo ante cierta presión popular han mandado al Congreso una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que busca darle mayor control al financiamiento privado, regular por una sola vez la reelección –algo que está establecido en la constitución-, normar el voto nulo como válido y vinculante en una elección si este es mayoría; obliga a los partidos a tener mayor presencia en los territorios, se aprueba el voto en el extranjero y la paridad entre hombres y mujeres, junto a otras medidas. Consideramos que estas reformas van en vía de satisfacer el sentimiento popular que pone coto a la casta politiquera, pero también se vuelve una maniobra con el fin de destapar levemente la olla ante la presión popular y en última instancia permite a los factores tradicionales de poder como a la oligarquía, disputarle a los políticos y sus partidos que expresan elites emergentes, el control del Estado.

Por su parte el Congreso de República abre una infinidad de mesas de diálogo con la denominada sociedad civil, para discutir reformas a varias leyes además de la de partidos políticos, como la del servicio civil que ya mencionamos, la de contrataciones del Estado, la de funcionamiento del organismos legislativo, etc. En ese sentido consideramos que es una forma de dilatar el movimiento que se ha gestado, pues serían leyes, a excepción de la de partidos políticos sobre la cual es necesario incidir, que se tienen que discutir y presionar por una salida popular en la Asamblea Nacional Constituyente.

En ese sentido la Universidad de San Carlos convocó el pasado sábado a la conformación de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, con la presencia de la sociedad civil en pleno, es decir desde el Cacif hasta organizaciones campesinas como el CUC que conforma la ASP y otras. En esa mesa se encontrarán sectores opuestos en el espectro social; se pretende mediar la lucha clases por medio de diálogo. Es necesaria una estrategia de movilización de los sectores populares donde la ASP y otros tendrían que realizar acciones más contundentes, como el preparar las condiciones para un paro nacional, desde la independencia de clase, esto estará por verse.