Por Armando Tezucún

El miércoles 10 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció que aceptó y dio trámite al antejuicio presentado contra el presidente Otto Pérez Molina por el diputado del partido Winaq, Amílcar Pop. La base de la solicitud de Pop es que el mandatario incurrió en encubrimiento al anunciar que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti no se encontraba en Guatemala cuando la Cicig hizo público el caso de la red de defraudación aduanera La Línea, siendo que sí había retornado de su viaje a Corea del Sur. El presidente también fue señalado de nombrar en puestos claves a amigos suyos que luego cometieron actos de corrupción; específicamente se refiere a los dos exjefes de la Superintendencia de Administración Tributaria implicados en la red La Línea, y al ex presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, todos detenidos actualmente.

La CSJ envió al Congreso de la República su resolución, pues es éste el que debe resolver, mediante el nombramiento de una Comisión Pesquisidora, si procede retirar la inmunidad al presidente para que sea sometido a juicio. Pérez Molina de inmediato reaccionó diciendo, como lo ha venido haciendo desde hace semanas, que no abandonará su cargo sino hasta que finalice su periodo en enero de 2016; esto a pesar de las continuas protestas populares exigiendo su renuncia. El presidente manifestó “Personalmente creo que ahí no hay ninguna vinculación, creo que lo que hizo (la CSJ) fue no entrar a conocer a fondo el caso y trasladarlo al Congreso” (El Periódico 12/06/15), y dijo que la ley le permite no presentarse cuando la Comisión Pesquisidora lo convoque para interpelarlo, pues puede enviar sus repuestas por escrito.

La Comisión Permanente del Congreso convocó al pleno de los diputados a sesión para conocer exclusivamente el caso del antejuicio. El viernes 12 de junio, poco después de las tres de la tarde, la sesión extraordinaria del Congreso conoció el tema y eligió por sorteo la Comisión Pesquisidora, integrada por tres diputados del partido Líder, uno del gobernante Partido Patriota y un quinto del partido Creo. Sin embargo, no se le fijó a la comisión un tiempo límite para que concluya su investigación, dejando abierta la puerta a que sea un proceso prolongado.

¿Es todavía útil Pérez Molina a la embajada gringa y al CACIF?

La decisión de la CSJ nos lleva inevitablemente a plantearnos la pregunta que titula este apartado. Veamos el panorama en su conjunto. Recordemos que en la actual coyuntura política el plan de la embajada de Estados Unidos y el empresariado guatemalteco organizado en el Cacif ha sido “limpiar la casa” para que las inversiones previstas en el Plan Para la Prosperidad se desarrollen en un ambiente de certeza jurídica, reglas claras en cuanto a funcionamiento de la economía y una garantía de que las empresas que inviertan tendrán sus ganancias en un entorno “pacífico” y “ordenado”.

Para ello era indispensable quebrar el control sobre el Estado de los nuevos grupos burgueses que habían crecido al amparo de los diversos gobiernos, a partir de varias estructuras de militares retirados y civiles que mediante acciones corruptas han lucrado del erario público y se han convertido en nuevos ricos. Esto equivale a eliminar la competencia desleal enquistada en las instituciones del Estado. En este plan ha sido esencial la acción de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo de la ONU delegado por el imperialismo para combatir los grupos corruptos.

La negativa del presidente Otto Pérez a renovar el mandato de la Cicig provocó que el imperialismo en alianza con el Cacif, le mostraran quién manda en Guatemala, sacando a la luz pública denuncias de corrupción que han provocado la renuncia de la vicepresidenta Baldetti y de los principales ministros y funcionarios de su entorno. Éstos han sido reemplazados por elementos afines a la embajada y el Cacif. Si bien en un primer momento parecía que Pérez Molina iba a ser mantenido en su cargo, la aprobación de la demanda de antejuicio en su contra indica que posiblemente sea forzado a renunciar. La embajada y el Cacif han ido moviendo sus piezas, y se aseguraron de que en caso de concretarse la salida de Pérez, quede su lugar el vicepresidente que escogieron para reemplazar a Baldetti, Alejandro Maldonado Aguirre, un peón fiel de la oligarquía y el imperialismo.

En lo que pareció más bien un acto de despedida, el presidente se reunió el jueves 12 por la mañana con los altos mandos del ejército. Pérez Molina negó que la reunión tuviera como objetivo solicitar el apoyo de los militares; y el ministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, descartó cualquier posibilidad de golpe de Estado diciendo que el “Ejército ha avanzado y tiene otra mentalidad por lo que no se prestará, en ningún momento, a un rompimiento institucional” (La Hora 12/06/15).

Las posturas del embajador gringo y el empresariado

Más importante aún, ese mismo día el embajador estadounidense Todd Robinson descartó todo apoyo personal al presidente Pérez Molina, diciendo que su embajada apoya a gobiernos, no a personas, “vamos a trabajar con los que estén en sus cargos, con los gobiernos que estén”, y reiteró su prioridad, “estamos trabajando con el gobierno de Guatemala para seguir luchando contra la corrupción y para la transparencia y vamos a continuar haciéndolo … es importante que la gente que está encargada de dar servicio a los guatemaltecos trabaje en ese asunto, todos tienen que luchar contra la corrupción y para la transparencia, por eso han sido elegidos” (Prensa Libre 13/06/15).

Ya antes, los representantes de la burguesía organizados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), por primera vez habían dejado abierta la posibilidad de que Pérez Molina no finalice su período constitucional. En conferencia de prensa del 28 de mayo el presidente del Cacif, Jorge Briz, exigió la devolución de los recursos sustraídos al Estado por funcionarios corruptos, sin importar cuándo deje el cargo el presidente, “La institucionalidad del país no depende de la permanencia del presidente en su cargo, y toda sanción sin restitución es una forma de impunidad” (Prensa Libre 29/05/15).

Todo indica, entonces, cuál es probablemente, el próximo paso de los poderes reales detrás del trono (la embajada gringa y la burguesía organizada en el Cacif). Después de sacudir al gobierno y remover del entorno del presidente a sus principales funcionarios aliados, es muy posible que ofrezcan en bandeja de plata la cabeza del mismo Pérez Molina. Esto en parte para calmar las imparables protestas de la población, y más importante aún, para continuar con la limpieza que les permita instaurar un sistema económico de explotación a su medida, sin la distorsión ni la competencia desleal que implican las mafias corruptas enquistadas en el Estado.

Las reformas al sistema legislativo

Pero parte esencial del plan de la embajada y el Cacif es la reforma a una serie de leyes, reformas por supuesto controladas desde arriba por el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad, para minimizar los espacios que se prestan a corrupción en las instituciones estatales; y, lo más importante, para encauzar el descontento de las clases medias y la pequeña burguesía, hacia un proceso desgastante de reformas que se prolongue hasta la fecha de las elecciones, diluyendo las movilizaciones por cansancio y resolviendo la crisis en las urnas, con la elección de un nuevo gobierno, aunque sea electo con un elevado grado de abstención.

A finales de mayo los jefes de bloque del Congreso acordaron conformar cuatro mesas de trabajo que analizarán las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de Contrataciones del Estado, de Servicio Civil y las leyes que atañen al sector de Justicia. Quien desee proponer reformas, debe dirigirse a estas comisiones integradas por los mismos diputados, o en palabras del presidente del mismo, Luis Rabbé, presentar sus candidatos a diputados en las próximas elecciones. Estas reformas no afectarán al status quo, no se salen del marco de la democracia burguesa, y su fin es establecer el funcionamiento de un capitalismo “ordenado”, “honrado”, y “honesto”, es decir sin grupos que hagan competencia desleal y corrupta a la oligarquía.

Las reformas a la Ley Electoral

Una de las leyes que más está en discusión es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, debido a las innumerables anomalías cometidas por partidos políticos en el actual proceso electoral, y también a que de esta ley depende la normativa de elección de diputados y alcaldes, muchos de los cuales han sido cuestionados y acusados de corrupción. Ya está en el seno de la Corte de Constitucionalidad, desde hace un par de años, una propuesta de reforma, de la cual la CC aprobó algunos puntos y no aprobó otros. Pero están surgiendo nuevas propuestas.

La mesa de reformas electorales ya está funcionando, y el mismo Tribunal Supremo Electoral ya presentó propuestas. El rector de la Universidad de San Carlos (una entidad que tiene problemas serios de corrupción que involucran a sus autoridades) convocó a conformar la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado; conformada por cerca de 60 grupos religiosos, campesinos, indígenas, académicos, estudiantiles, organizaciones civiles, etc., esta plataforma tiene también sus propias propuestas, que presentaron a los magistrados del TSE, buscando consensos entra ambas entidades. Al acto de fundación de esta plataforma asistió incluso la dirigencia del Cacif. Al parecer la Asamblea Social y Popular (ASP) se ha adherido también a esta plataforma.

Consideramos que la ASP debe mantener su independencia con respecto a esta agrupación de ONGs, asociaciones y entidades, que terminarán cayendo en el juego que impulsa el imperialismo y el Cacif. La Asamblea Social y Popular debe ponerse al frente de las movilizaciones con sus propios métodos de lucha campesinos y sindicales: paros, bloqueos, huelgas, manifestaciones; debe proponer sus propias reformas a la Ley Electoral, que impliquen una democratización al máximo del sistema político, en beneficio de la libre participación de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares, como tales, que reduzcan las limitaciones que impone la actual ley, que privilegia a los partidos. Pero esta propuesta no se debe hacer a los actuales diputados, quienes son parte del mismo sistema de corrupción. Por ello se debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que transforme el país en beneficio de los explotados y oprimidos