Por Leonardo Ixim

Después de las movilizaciones que provocaron la caída del gobierno del Partido Patriota, gracias a la participación de amplias capas de la población, los factores tradicionales de poder pudieron neutralizar cierta efervescencia social que adoptaba posturas pre-revolucionarios, como es la impugnación hacia el régimen político y sus partidos.

En ese sentido, el Cacif y los grupos corporativos más poderosos a través de Fundesa realizaron el Enade 2015, haciendo el balance de la coyuntura finalizada y proponiendo reformas a varias leyes, manifestando su temor a cambios constitucionales de mayo profundidad.

Así, han decidido iniciar una ofensiva contra las conquistas salariales de los empleados públicos, atacando los pactos colectivos. Se propone que para negociar o renegociar tales pactos es necesario que exista un dictamen técnico del Ministerio de Finanzas que avale tal situación a partir de la disponibilidad financiera del Estado. Y si bien es necesario contar con recursos para cumplir con esos compromisos, es importante que sus fuentes partan de impuestos a las ganancias empresariales, además del manejo honesto de tales recursos.

Si bien una demanda de la población es que los servicios estatales sean de calidad -lo cual implica el compromiso del trabajador en ese sentido, pues atiende un derecho humano- para que esto funcione se necesita que el empleado tenga, primero un salario digno, segundo las condiciones laborales para ejercer tal servicio y tercero que exista claridad de parte de la administración de las funciones de los distintos puestos.

Se abrió la discusión en el Congreso de la República para reformar la Ley de Servicio Civil, situación aprovechada por la oligarquía para impugnar algunos derechos laborales. Se discute la necesidad de mejorar los sistemas de clasificación de puestos y de ingresos y egresos a la administración estatal en función de convertirlo en un sistema digital, además de la evaluación, control del desempeño y promoción del trabajador. Tal situación, que puede ayudar a prestar un buen servicio a la población y reforzar la defensa de los derechos laborales, no puede ser pretexto para afectar efectivamente los derechos laborales. Tal es el caso por ejemplo de los maestros, que con las reformas a la ley de escalafón se pretende que la evaluación, más que una promoción para mejorar la calidad educativa, sea una forma de ir eliminando derechos adquiridos.

Sin duda esta ofensiva anti sindical promovida por las distintas facciones burguesas permea en la población en general y genera un rechazo, hacia tal importante conquista social. La ofensiva aprovecha los señalamientos sobre prebendas y beneficios extras a los dirigentes de los sindicatos más numerosos (como el Sntsg en salud, el Steg en educación, el del Congreso de la República) que el gobierno del PP negoció con el fin de cooptar a elementos oportunistas de las dirigencias.

Pero tales pactos han servido para garantizar salarios medianamente acordes al costo de la vida; en algunos casos se garantiza pluses salariales y revisiones anuales, que son una ayuda para que las familias de los trabajadores le hagan frente al costo de los productos básicos de consumo. En otros casos también han servido para incorporar a trabajadores en situación de planilla en presupuestados, aunque esta práctica anti laboral sigue existiendo y afecta sobre todo a las y los trabajadores de las instancias descentralizadas del Estado; de igual forma estos pactos garantizan prestaciones sociales y el cumplimiento del aguinaldo.

Sin embargo los señalamientos contra los privilegios de las cúpulas son reales; por tal razón son las bases de los sindicatos las que deben de exigir a sus dirigentes a no pactar con la patronal -en este caso el Estado- porque implica control y contubernio con los gobernantes de turno, además de reproducción de las parasitarias burocracias que los controlan. Todo esto en última instancia se traduce en pérdida de derechos de los y las trabajadoras de base.

En la actualidad se discute el pacto colectivo en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). El sindicato ha sido señalado de tener acuerdos con sectores de ex militares fascistas y corruptos que han querido atacar al actual procurador Jorge de León Duque por su tímida acción contra tales poderes fácticos. Pero esto no implica que bajo este pretexto de León -un hombre cercano a los monopolios oligárquicos- de largas a las negociaciones del pacto. De esa forma las organizaciones de derechos humanos, como es habitual, se prestan al juego y defienden al procurador. Por tal razón es importante que las y los trabajadores de la PDH realicen asambleas para exigir a la directiva del sindicato que muestre lo negociado en el pacto, y tomen el control de la directiva.

En lo que resta del año y ahora que en diciembre se vuelve a negociar el salario mínimo que afecta sobre todo a obreros de empresas privadas, es importante que el sindicalismo en general se movilice tanto para hacerle frente a la ofensiva neoliberal contra los pactos como para exigir un salario mínimo que rebase la canasta básica vital, antes que termine el año.