Por Leonardo Ixim

En las últimas dos semanas se han dado movilizaciones de sindicatos de trabajadores. Primero fueron el Sindicato de Empleados del San Juan de Dios y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG), y el pasado viernes dos de febrero por el Movimiento Sindical y Popular Autónomo de Guatemala, contra la aprobación del convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, recién aprobado por el Congreso de la República

En el primer caso, se ha cuestionado a la ministra de salud Lucrecia Hernández con respecto a bonos incumplidos, una cantidad considerable de despedidos y el eterno problema del desabastecimiento en los hospitales de primer piso. El SNTSG anunció que las autoridades de salud han incumplido el Pacto Colectivo; esto dentro de una ofensiva impulsada por los sectores empresariales que sostienen que la crisis financiera del Estado es culpa de los trabajadores y por ende habrá que eliminar los pactos laborales entre los sindicatos del Estado y las autoridades institucionales.

Esta ofensiva ha aprovechado algunas canonjías existentes en los pactos colectivos, en este caso con los del SNTSG sobre viáticos a los dirigentes, que desde nuestro punto de vista, si no son regulados por las bases sindicales, genera dependencia y favores de los jerarcas estatales.

Las movilizaciones, en el caso del SNTSG fueron numerosas, realizando bloqueos en distintos puntos del país, mientras que las del Sindicato del Hospital del San Juan de Dios fueron menos numerosas, pero se centraron en presionar en sus instalaciones a las autoridades de salud. En el primer caso los líderes del SNTSG primero pedían no reunirse solo con Hernández, sino con el presidente, algo que se dio una semana después de la reunión con la ministra; mientras que con el segundo sindicato se instaló también otra mesa de diálogo.

Lamentables fueron las declaraciones de uno de los líderes del SNTSG, Luis Alpírez, ante la postura gubernamental demagógica de señalar como causa del desorden administrativo en el sistema de salud la existencia de muchos sindicatos; Alpírez adujo que ellos por ser los mayoritarios, son los únicos con quienes debería negociar. Lo cual demuestra su sectarismo, además que eso es relativo, porque el otro sindicato mencionado, pese a ser menos numeroso en cuanto su afiliación, coordina con una diversidad de sindicatos del interior del país.

Por otro lado, ante los señalamientos por la PGN sobre la capacidad financiera de las instituciones para acuerpar reivindicaciones laborales de los empleados y la capacidad de los sindicatos de discutir decisiones internas administrativas y políticas, estos puntos deben ser discutidos por los empleados. Debe haber un rotundo rechazo a sacrificar la nivelación laboral conformada por un salario básico, más las bonificaciones necesarias, y readecuar la capacidad financiera a partir de priorizar los ingresos vía impuestos al gran capital.

El gobierno anunció la incorporación de 30 mil empleados a plazas presupuestadas 011; sin embargo, la ministra declaró contradictoriamente que si bien se realizaría esto, se priorizaría según la capacidad financiera del ministerio. Tanto los sindicatos como la misma Procuradora de los Derechos Humanos han denunciado que el desabastecimiento en los hospitales sigue siendo deficiente, esto ante las declaraciones de los jerarcas del ministerio, mencionando que está en un 86 %.

Las prioridades de la cartera según Mack son priorizar la atención primaria, es decir los centros y puestos de salud, en línea con la medicina preventiva. Lo cual coincide con las propuestas elaboradas por el SEHSJD. Sin embargo, no se puede desatender los grandes hospitales de primer nivel, ante lo cual las autoridades siguen mostrando incapacidad para abastecerlos.

Como mencionamos el Movimiento Sindical Autónomo, conformado por las centrales sindicales CUSG, CGTG, MTC y UNSITRAGUA, manifestó contra la aprobación del convenio 175 de la OIT en las afueras del Ministerio de Trabajo, exigiendo que los jerarcas del ministerio, iniciando por la ministra de trabajo Aura Leticia Teleguario los atendiera. Los sindicalistas, entre otras demandas como incumplimiento de pactos colectivos en varias municipalidades, despidos en éstas y en empresas privadas, etc., pedían que Teleguario intercediera con el presidente Morales para que vetara el convenio de la OIT en mención. Al final fueron atendidos por la viceministra Mina Griselda Gonzales y un séquito de funcionarios.

Es vital que los sindicatos públicos y privados unan sus fuerzas, para exigir el cumplimiento de los pactos colectivos, el cese a los despidos en instituciones públicas y empresas, así como realizar movilizaciones para exigir el gobierno que no apruebe este nocivo convenio para la clase trabajadora.