Por Armando Tezucún

El 23 de febrero entrará en vigencia la ley que levanta el secreto bancario. Ley de Bancos y Grupos Financieros, que permitirá a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) investigar los movimientos financieros de posibles evasores.

El sector ganadero, que incluye a grandes, pequeños y medianos empresarios, ha operado por largo tiempo en Guatemala al margen del sistema tributario, evadiendo impuestos. Previendo las dificultades que enfrentarían los empresarios evasores al entrar en vigencia la ley arriba mencionada, el 13 de octubre de 2016 fue presentada al Congreso la Iniciativa de Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería Bovina, Ovina, Caprina y Porcina de la República de Guatemala, iniciativa 5182. El proyecto fue presentado y respaldado por diputados vinculados al sector agropecuario, y pertenecientes a diferentes bancadas (UCN, FCN-Nación, UNE, TODOS, MR).

La iniciativa propone una serie de privilegios fiscales para el sector que son simplemente inadmisibles: Exoneración del Impuesto al Valor Agregado, que será sustituido por un impuesto único del 1% sobre ventas brutas; exoneración de toda clase de impuestos, incluyendo el IVA, sobre la importación de maquinaria y equipo; sobre la importación de insumos y materias primas para alimentación ganadera; sobre la importación de semovientes, embriones y semen de especies registradas; exención por diez años del pago de Impuesto Sobre la Renta para personas individuales o jurídicas que se dediquen a proyectos de desarrollo pecuario; propone crear con los impuestos recaudados, un fideicomiso que otorgue “préstamos blandos” a los empresarios del sector.

La iniciativa 5182 fue obtuvo un dictamen favorable de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso el 17 de enero de 2017; para entonces había cambiado de nombre, llamándose Ley de Facilitación Tributaria para la Formalización del Sector Agropecuario de la República de Guatemala. Pero lo más grave fue que la nueva versión amplió los beneficios a todo el sector agropecuario. Además, la nueva versión define un pago del 1% para contribuyentes cuyas ventas anuales sean igual o menores a Q 50 mil; un pago fijo de Q 500 más el 3% sobre ventas de Q 50 mil con un centavo hasta Q 10 millones; emisión de facturas especiales; exime a los empresarios de la obligación de presentar a la SAT los documentos e información que ésta les requiera, ateniéndose a la “buena fe” del contribuyente agropecuario.

El superintendente de la SAT fue claro en rechazarlo, explicando que se dejaría de recaudar Q 1,156 millones al año, el 2.2% de la recaudación total (este cálculo no incluye los sectores que fueron agregados posteriormente), y que la propuesta viola el principio de igualdad tributaria y el principio constitucional de legalidad. El ministro de Finanzas Públicas Héctor Estrada también adversa la ley; el presidente Morales propuso un diálogo.

El ministro de Agricultura, Mario Méndez, un productor agropecuario, se manifestó a favor de la ley, al igual que un grupo de diputados que tienen negocios en el sector agropecuario. El 9 de febrero grupos de pequeños y medianos ganaderos bloquearon carreteras en unos diez puntos del país, y realizaron un plantón frente al Congreso, para presionar por la aprobación de la ley. El resultado fue que el pleno de diputados aprobó la iniciativa 5182 en primera lectura.

Luego de una reunión entre la Comisión de Finanzas del Congreso, autoridades de la SAT y el Ministerio de Finanzas, se acordó conformar una mesa de diálogo técnica para formular una nueva ley buscando otras alternativas. Se decidió sacar de la agenda de discusión del Congreso la iniciativa 5182 por considerar que contiene inconstitucionalidades y errores en más de 15 de sus 35 artículos.

Rechazamos el burdo intento del sector agropecuario de evadir el pago de impuestos recetándose privilegios fiscales. Estos medianos y grandes empresarios del agro deben formalizar su pago de impuestos y enfrentar las consecuencias si han caído en evasión tributaria. Actualmente hay otras propuestas en el Congreso que también contienen exenciones de impuestos para empresarios, como la Iniciativa 4896 Ley de Leasing, el proyecto de Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento y la Iniciativa 5103 que pretende exonerar del pago de IVA y Derechos Arancelarios por importaciones a la Asociación Amigos por la Salud y la Vida, que el año pasado hizo una donación de medicamentos vencidos al gobierno.

Lo que se necesita es una reforma fiscal que obligue a los grandes empresarios, en especial a los grandes grupos corporativos y al sector financiero a pagar suficientes impuestos que permitan la inversión en salud, educación, vivienda y demás servicios públicos de calidad para la población trabajadora y pobre de Guatemala.