Por Úrsula Coj

En medio del marasmo y las carencias usuales con que inició el ciclo escolar 2018, las compañeras y compañeros del magisterio nacional lograron un avance en lo que se refiere a sus condiciones de trabajo. Luego de unos 20 meses de negociaciones, y varias manifestaciones para hacer presión, el 8 de febrero se firmó el nuevo pacto colectivo entre la dirigencia de la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM) y las autoridades del Ministerio de Educación. El 1 de febrero, luego de una marcha en la que se exigió atención a las demandas del magisterio, el presidente Jimmy Morales y la dirigencia de la ANM y del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), encabezada por Joviel Acevedo, anunciaron la inminente firma del convenio.

El nuevo pacto aún no ha sido divulgado en su totalidad, pero sus puntos medulares, según los medios de prensa, son: 15 por ciento de aumento salarial, distribuido de forma escalonada en 2018, 2019 y 2020, un 5% cada año; un bono anual de Q 2,500 a ser entregado a finales del año a cada docente; un bono adicional de Q 500  para los docentes que tengan un título universitario participando en el Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (PADEP); una ampliación de la licencia post parto para las compañeras que den a luz, de 60 a 80 días; licencia hasta por 9 días al mes para los dirigentes sindicales. Entre las obligaciones que asumirá el magisterio están: cumplir con los 180 días de clases; sujetarse al proceso de evaluación del desempeño docente, cuyo resultado aparentemente no tiene efecto en los aumentos salariales contemplados en el pacto; un régimen de sanciones por faltas, que todavía no están definidas. Además, Acevedo afirmó que después de la firma del convenio el magisterio no hará paros, ni huelgas ni suspensión de clases.

Lo primero que se hizo evidente es que el Ministerio de Educación no tiene los fondos para cubrir los incrementos y bonos contemplados en el pacto, cerca de Q 1,500 millones. Esta situación se agrava por el hecho de que el año pasado el Congreso de la República no aprobó el presupuesto nacional propuesto por el ejecutivo, quedando vigente para este año el mismo de 2017; de por sí ya hacían falta los fondos para cubrir el incremento a la merienda escolar (Q 563 millones), aprobada por ley el año pasado, y ahora se agrega el monto de los beneficios otorgados a los docentes por el pacto.

El ministro de educación, Óscar Hugo López, y el de finanzas, Julio Héctor Estrada se tiraron mutuamente la pelota de la responsabilidad de encontrar los fondos, llegando ambos a la conclusión de que se tendrá que acudir al Congreso para que apruebe una ampliación presupuestaria.

Consideramos que la firma del pacto, de la forma en que se hizo, ha sido una maniobra del presidente Morales para encontrar aliados en momentos de confrontación con la CICIG, el MP y otras fuerzas que luchan contra la corrupción; no es casualidad que el acuerdo fue anunciado el mismo día que se hizo la nueva elección de Junta Directiva del Congreso, ordenada por la Corte de Constitucionalidad. Joviel Acevedo, viejo zorro y hábil político aprovechó la situación para obtener lo que quería.

Es indudable que el pacto es ventajoso para los docentes, por el incremento salarial y los bonos contemplados. Pero recordemos que el pacto firmado con el gobierno de Pérez Molina en 2013 decretaba el doble de aumento, un 30% dividido en tres años. Un aumento del 15% es un retroceso, considerando el incremento constante del costo de la vida. El problema de las y los docentes por contrato, sin estabilidad laboral, no aparece en el acuerdo. Es preocupante también que el compañero Acevedo se haya comprometido a no realizar movilizaciones y paros; esto es atar de pies y manos al magisterio. Las maestras y maestros no solo deben luchar por sus condiciones de vida. Hay una serie de reivindicaciones democráticas que atañen a todo el pueblo de Guatemala, con las que el magisterio se debe solidarizar; 124,000 maestras y maestros combatiendo en las calles contra la corrupción, por mejor salud, por vivienda, solidarizándose con los pueblos originarios contra las empresas que roban sus recursos, luchando por una Asamblea Constituyente Plurinacional de los Trabajadores y los Pueblos, sin duda estremecerían al país entero.

Proponemos la unidad en acción de todos los sindicatos magisteriales por dos puntos básicos: El traslado de miles de docentes 021 y 022 al reglón 011, presupuestados y gozando del escalafón; una reforma a la Ley de Extinción de Dominio, para que los bienes incautados a los narcotraficantes y los funcionarios corruptos pasen al Ministerio de Educación, para financiar los incrementos salariales, la merienda escolar, el mejoramiento de la infraestructura escolar y el material didáctico para nuestros estudiantes.