Por Armando Tezucún

En medio del torbellino causado por nuevas acusaciones contra exfuncionarios, funcionarios y empresarios por parte del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el gobierno, y sectores afectados, que se han beneficiado haciendo negocios ilícitos con el Estado, lanzaron una nueva ofensiva contra las instituciones que combaten la corrupción, en especial contra el jefe de la CICIG, Iván Velásquez.

Los acontecimientos se han sucedido vertiginosamente. Aceptando un amparo presentado por Acción Ciudadana, que solicitaba invalidar la elección de Junta Directiva del Congreso del 13 de enero, porque tres de sus miembros son diputados tránsfugas, la Corte de Constitucionalidad ordenó al legislativo repetir las elecciones; el evento se realizó el 1 de febrero, y aunque la oposición formó esta vez una planilla, ganó de nuevo el oficialismo, con Álvaro Arzú hijo como presidente. El 18 de enero los medios de prensa denunciaron que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de la presidencia, gastó entre 2016 y 2017 Q 307 mil quetzales en compras para Jimmy Morales, que incluían lentes de lujo, implementos deportivos, masajes, flores, licores, libros, etc.; a la denuncia han seguido procesos de investigación, citaciones al jefe de la SAAS y exigencias de que el presidente devuelva el monto gastado.

El 20 de enero fue capturado en Estados Unidos el ex candidato presidencial por el partido LIDER, Manuel Baldizón, al tratar de ingresar de forma ilegal. Baldizón tenía orden de captura por asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero, por su implicación en el caso Odebrecht; pidió asilo político y se encuentra en una cárcel para migrantes a la espera de una solución sobre su extradición a Guatemala. El 23 de enero fue capturado el diputado más antiguo del Congreso, Arístides Crespo, que había perdido su inmunidad en octubre de 2017 por peculado por sustracción, abuso de autoridad, al estar involucrado en el caso de Plazas Fantasmas en el Congreso.

El 25 de enero el MP y la CICIG dieron a conocer un nuevo caso de corrupción, esta vez una red de evasión fiscal que operaba en el seno de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), cobrando comisiones por agilizar el trámite de expedientes de devolución del crédito fiscal a empresas. En el caso están involucradas importantes empresas de la oligarquía, y entre los operadores aparece el actual vicepresidente del Congreso Felipe Alejos. Todos estos casos fueron acompañados de numerosas capturas y solicitudes de antejuicio para los funcionarios implicados.

En este contexto, la canciller guatemalteca Sandra Jovel viajó a Estados Unidos y se reunió el 1 de febrero con el secretario general de la ONU, António Gutérres, presentando al funcionario una serie de quejas del gobierno guatemalteco contra la CICIG.

Un documento confidencial del Ministerio de Relaciones Exteriores detalla lo expuesto por Jovel: Guatemala apoya a la CICIG, pero no al Comisionado Velásquez, quien se ha extralimitado en sus funciones, ha violado los derechos humanos de los sindicados, ha minimizado las instituciones de justicia, ha hecho uso excesivo de la prisión preventiva y ha violado la presunción de inocencia. El secretario Gutérres fue enfático en responder que no puede suspender a Velásquez porque tienen amplio respaldo en Guatemala y en la comunidad internacional, en especial de los países que contribuyen con la CICIG.

Haciendo gala de su política ambivalente, el embajador gringo Luis Arreaga declaró su apoyo a la CICIG y a Iván Velásquez. De igual manera, el Secretario de Estado Rex Tillerson y el subsecretario Thomas Shannon enfatizaron el apoyo a la CICIG y la importancia para Estados Unidos de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el imperialismo gringo no mueve un dedo ante las continuas denuncias de corrupción contra el presidente Morales y diputados aliados, pues su prioridad es la estabilidad política del régimen, que garantice inversiones, y el combate al narcotráfico, y tener Estados fuertes aliados que le ayuden a contrarrestar la influencia de los imperialismos ruso y chino. La reciente captura del expresidente Álvaro Colom, por el sonado caso de corrupción de Transurbano, es parte de un estira y afloja, en la relación contradictoria del imperialismo con el gobierno de Morales y con la elite gobernante

Los grupos de la “sociedad civil” que adversan la corrupción han depositado totalmente su confianza en las instituciones del Estado burgués y el imperialismo, como el MP, la CC, la Cicig, abandonando la lucha en las calles. Llamamos a las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, de mujeres, populares y de izquierda, a conformar un frente único que luche no solo contra la corrupción que roba al Estado, sino también contra la que usurpa el derecho a la educación, salud, vivienda, trabajo digno, la tierra y los territorios. Elaboremos juntos un plan de lucha que conduzca a una Asamblea Constituyente Plurinacional de los Trabajadores y los Pueblos.