Por Úrsula Coj

La detención de Roberto López Villatoro conocido como el “Rey del Tenis” la semana pasada, el arresto del magistrado Eddy Giovanni Orellana Donis, a cargo de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil por los delitos de cohecho activo y cohecho pasivo respectivamente, así como  declaraciones de la jefe del Ministerio Público (MP) Thelma Aldana y del Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velázquez, sobre el involucramiento de estos individuos en tráfico de influencias para la selección de jueces a las Cortes de Apelaciones y magistrados a la Corte Suprema de Justicia en 2014, es una prueba mas de la voluntad de estas instituciones, con el respaldo y en consonancia de la agenda imperialista gringa, de eliminar el control que estos grupos mafiosos, denominados  redes político-ilegales, tienen sobre el Estado guatemalteco.

El Rey del Tenis, conocido así porque inició su vida pública importando de contrabando zapatos deportivos, se vincula con el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado por el ex militar Efraín Ríos Montt y el gobierno de este partido presidido por el economista proveniente de la Democracia Cristiana, Alfonso Portillo; gobierno calificado de populista, por afectar mínimamente los intereses de la poderosa oligarquía guatemalteca. López Villatoro se vincula a este partido con un interés tanto pecuniario como, podríamos, decir de clase.

En la década de los noventa en la Universidad de San Carlos, la Facultad de Derecho inicia un proceso de metamorfosis, pues después de haber sido durante muchos años bastión de la izquierda reformista, con la estrategia electoralista de ésta en ciernes, los sectores conservadores mafiosos inician un proceso de cooptación de esa unidad académica. En ese contexto, es que aparece este personaje y decimos sobre su interés de clase, pues al provenir de una familia de comerciantes de la pequeña burguesía, hay un odio-competencia con los sectores tradicionales empresariales. Es así que se vincula el FRG e inicia una carrera en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para lograr, ya en el gobierno del FRG, desplazar a los abogados aristocráticos del empresariado, a partir de la Ley de Colegiación Obligatoria para profesionales de 2001. Coludiéndose así con la estrategia del FRG proveniente del llamado capital emergente para neutralizar a la oligarquía.

Estos conflictos, como el mismo serranazo y el control que en ese momento la oligarquía pretendía en los órganos del Estado para mantener su hegemonía, como  la creación de las comisiones de postulación para elegir jueces y magistrados y otros funcionarios, con la emergencia de figuras como Villatoro provenientes de elites emergentes o el mismo FRG y posteriormente la UNE,  producto de fracaso de la estrategia imperialista de apertura democrática o reacción democrática  en los ochenta, mostraban la disputa por el control del Estado entre estas fracciones de poder.

En ese momento los alfiles cercanos a Villatoro logran controlar el CANG y en una relación filial sentimental con la familia Ríos, éste se casa con la hija del caudillo y próxima candidata presidencial Zury Ríos, y afianza una relación con personeros del Partido Republicano.  Eso le da cobertura a sus operaciones, donde deja la actividad comercial y funda una firma de abogados, Lovi y Asociados. Ya en 2009 el entonces comisionado del CICIG, Carlos Castresana, señala al Rey del Tenis por su influencia en el CANG y a su vez, en la selección de jueces y magistrados en la Comisiones de Postulación respectivas. Pero en ese momento Villatoro trabajaba estrechamente con los gringos y logró influir en la selección de estos funcionarios a favor del partido Unidad Nacional de la Esperanza, que gobernaba.

En este momento se le acusa de influir en la selección de jueces y magistrados en 2014, así como en la de fiscal general que sustituyó a Claudia Paz y Paz (siendo seleccionada la actual fiscal Aldana, quien se alineó posteriormente con Velázquez) en una alianza con operadores políticos del extinto Partido Patriota, como el narcotraficante Gustavo “el tren” Herrera. Esta selección a su vez resultó en una serie de magistrados y jueces señalados, como Orellana, con procesos penales, por tráfico de influencias y otros delitos relacionados con beneficiar a los grupos de poder y actos de corrupción.

Los conflictos entre todas estas fracciones reflejan la descomposición del Estado guatemalteco. El pueblo y sus organizaciones no deben estar atrás de foros o instancias, donde los mismos empresarios buscan reciclarse, como el recién creado Frente contra la Corrupción. Deben elaborar una estrategia independiente de movilización hacia una Asamblea Nacional Plurinacional y de la Clase Trabajadora.