Por Armando Tezucún

El ocho de marzo recién pasado, día Internacional de la Mujer Trabajadora, entre las manifestaciones de protesta, por segundo año consecutivo, recorrió las calles del Centro Histórico de la capital la procesión de la “Poderosa Vulva”; esta se caracterizó por hacer una parodia de las procesiones católicas de la semana santa, portando en banners e imágenes elaboradas con diversos materiales, reproduciendo del órgano sexual femenino.

La actividad, como era de esperar en un país conservador como Guatemala, ofendió a mucha gente. En el momento en que la procesión de la poderosa vulva llegó a la Plaza Central, allí mismo se encontraba el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, que asistía a un acto en conmemoración de las niñas víctimas del incendio en el Hogar Seguro hace justo un año; algunos pensaron que Rodas estaba participando de la cuestionada procesión, por lo que fue acusado de apoyarla, entre otros por la Conferencia Episcopal. 

El procurador Rodas se apresuró a aclarar el asunto, emitiendo un comunicado que explica que su presencia en la Plaza a esa hora tuvo el objetivo de solidarizarse con los familiares de las víctimas de la tragedia del Hogar Seguro, y la actividad coincidió con otras actividades en el marco del día de la mujer, incluyendo la atacada procesión; expresó su respeto por la religión católica y lamentó que se haya malinterpretado su presencia en el lugar.

En el río revuelto provocado por la procesión de la Poderosa Vulva, otros pescadores quisieron sacar ganancia. Un grupo de diputados pertenecientes al partido oficial y sus bancadas aliadas presentaron una moción privilegiada, aprobada con 85 votos, para citar al procurador Rodas al pleno al martes 20 para “verificar su participación en la marcha del 8 de marzo, en la cual se ofendió a la mujer, la Fe que profesamos y posiblemente se cometió un ilícito” (Prensa Libre 14/03/18). El actual PDH fue electo por el Congreso el 20 de agosto del año pasado, con 131 votos a favor; fue él quien puso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para anular la intención del presidente Jimmy Morales de expulsar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez, al declararlo non grato, y claramente se ha situado del lado de esta comisión y del Ministerio Público en la persecución de funcionarios y empresarios por casos de corrupción. La intención de atacarlo sin piedad y posiblemente obligarlo a renunciar era clara.  

El día 19 la Corte de Constitucionalidad aceptó de forma provisional una acción de diputados de la bancada Convergencia a favor del procurador Rodas, explicando que éste no tenía obligación de presentarse al pleno del Congreso, puesto que la citación oficial que se le entregó transgrede el artículo 32 de la Constitución al no especificar el motivo por el que se le convocaba.

El funcionario no se presentó al pleno el día 20, pero sí lo hizo el día 21 ante la Comisión de Derechos Humanos del legislativo, que lo había citado desde días antes del incidente del 8 de marzo. Rodas presentó un informe sobre lo ocurrido ese día, negando con pruebas su participación en la marcha de las feministas, y respondiendo a preguntas incriminatorias sobre los hechos y sobre su desempeño como procurador, saliendo bien parado.

Esta nueva escaramuza entre los funcionarios que persiguen la corrupción y los corruptos que defienden con las uñas el viejo modo de hacer las cosas, hace ver muy claro el ámbito en que se desenvuelve el enfrentamiento. Rodas está dispuesto a presentarse al Congreso para cumplir con la ley, pero lo salva la CC por un artilugio legal; en la comisión se defiende probando que no estuvo en la procesión, pero no defiende abiertamente y con decisión el derecho de estas mujeres a manifestarse, haciendo el juego a los prejuicios católicos retrógrados.

Estos funcionarios tratan de hacer todo dentro del marco del “estado de derecho”, del entramado legal, que no es más que el sistema de leyes que sirve a los poderosos para dominar y explotar al pueblo. Por supuesto que no defendemos al Procurador Rodas; el MP, la CIGIG, la PDH son todas instituciones parte del entramado del Estado burgués, cuyo propósito es mantener la estabilidad del sistema de dominación, y evitar que haya recovecos por donde se escape explosivamente el descontento popular. Una vez más sostenemos que la corrupción no es el principal problema de Guatemala, sino la falta de salud, educación, trabajo digno, vivienda, tierra, respeto a los territorios y una larga lista de lacras provocadas por el capitalismo.

Son las propias organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, estudiantiles, de mujeres y populares las que deben dar su propia respuesta luchando por una Asamblea Constituyente Plurinacional de los Trabajadores y los Pueblos que transforme el país en favor de los oprimidos y explotados.