Por Leonardo Ixim

La presentación del Frente Ciudadano Contra la Corrupción el pasado 28 de febrero en un lujoso hotel capitalino, bajo proceso por acusación de defraudación, con la etiqueta en redes sociales #YoSiMeAtrevo, ha generado revuelo y expectación dentro de la llamada sociedad civil y las organizaciones sociales. El evento se volvió un espaldarazo a la gestión de Thelma Aldana, jefe del Ministerio Publico (MP) y a Iván Velázquez, de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG).

La naturaleza de ese frente

Esta situación se genera porque nuevamente las organizaciones sociales se muestran confundidas y se han colocado como furgón de cola de sectores empresariales que ahora se colocan la camiseta de la lucha contra la corrupción. En la conformación de ese frente se contó con la presencia de varias personalidades de la sociedad civil, representantes de organizaciones de derechos humanos y de temas encargadas de procuración de justicia enmarcadas en la defensa del Estado de derecho, cooperativistas, el Frente Parlamentario contra la Corrupción (un grupo formado por diputados de varios partidos), la secretaria general  Asociación de Estudiantes Universitarios Lenina García y empresarios como Felipe Bosch, Salvador Bigurria, Peter Lamport, Salvador y Juan Carlos Paiz, Javier Zepeda, Estuardo Porras Zadik, , así como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) empezando por su presidente Antonio Malouf (aunque según el medio digital Nómada se sumaron a última hora, cuando al final del acto se abrió la participación a quienes desearan agregarse). Se conoce que integrantes de organizaciones indígenas y campesinas fueron engañados para que se presentaran a ese evento, unos dignamente se fueron y otros oportunistamente se quedaron.

El acto de fundación de este frente contó con la venia del cuerpo diplomático de las potencias imperialistas, que siempre muestran su “preocupación” por la violación a los derechos humanos, aglutinadas en el G8 -representantes de los gobiernos de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos- y en el marco de la visita de embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikky Haley, que paradójicamente le pidió a la CICIG su no intervención en política y comportarse como el FBI gringo, que actúa con un bajo perfil, sin figurar en los medios de comunicación.

Sobre la sociedad civil hay mucha tela que cortar, pero como se malentiende según los manejos que la prensa, las mismas ongs y los académicos estructuralistas, que se refieren a cualquier entramado social que no sea una institución gubernamental, partido político y, allí el error, tampoco las organizaciones de la burguesía o el empresariado. Cuando son éstas las que le dan forma a la gelatinosa sociedad civil, aunque las denominadas ongs aparezcan distantes de los empresarios y también del imperialismo; pero al momento de hacer prevalecer sus intereses, la burguesía hegemoniza y le da cuerpo a la dispersa sociedad civil en frentes como este. De allí que, del control sobre el Estado y el Estado mismo, haya solo un paso.

Por supuesto que dentro de la sociedad civil existen organizaciones que responden a claros intereses populares y del proletariado, que no se van por la finta de estos entramados. Entonces un frente como este es de naturaleza de conciliación de clases, que busca diluir los intereses y las luchas importantes y particulares de los movimientos populares, poniendo un corsé sobre éstas en la forma del tema de la corrupción, mientras que sectores empresariales que se han beneficiado de la corruptela se muestran como los salvadores; y en el caso específico, el frente es impulsado por uno de ellos, Dionisio Gutiérrez, directivo del Holding Multinversiones, monopolio propietario entre otras cosas del complejo de  hidroeléctricas Renace en Alta Verapaz, impugnada por las comunidades locales, de la empresa de telecomunicación Telefónica, Pollo Campero, Molinos Modernos, Embutidos Toledo, etc. (https://cmiguate.org/dionisio-gutierrez-en-disputa-con-el-fcn-nacion-o-simple-arribismo-de-elite/)

Gutiérrez a su vez convocó bajo sus faldas a todo el empresariado, incluyendo al ente gremial CACIF y la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) (dirigida por la familia Bosch-Gutiérrez) conocida por realizar los Encuentros Nacionales de Empresarios. En octubre de 2017 los Bosch-Gutiérrez, primos de Dionisio y directores de esta entidad habían mostrado su respaldo al presidente, pero el primo los paró en seco y los obligó a cuadrarse ante él y con ellos a buena parte del CACIF. Al grado que el director de FUNDESA, Juan Carlos Zapata mencionara que “este tipo de esfuerzos ha existido en el pasado y lo importante es relanzarlo cada cierto tiempo; adherir a nuevas organizaciones, sectores y personas. Lo importante, e independientemente de la coyuntura, pensar que esto es un tema, que nos debe unir a los guatemaltecos” (Prensa Libre 28-02-18).

Lo cierto es que este tipo de esfuerzos han existido en el pasado. Tal fue el caso de la Instancia Nacional de Consenso tras la concentración de poderes de Serrano Elías y el posterior golpe de estado a éste. Esta armazón desarmó al movimiento popular, que a lo sumo pudo organizar la Asamblea de la Sociedad Civil y que logró influir en las negociaciones de paz con la guerrilla, pero no pudo hacerle frente a la ola privatizadora del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen. Muy distinto a frentes más proletarios -aunque con presencia de elementos de las capas medias-  como fue la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical a finales de los setenta o el Movimiento Cívico Contra la Corrupción que adversó al gobierno de Ydigoras Fuentes y a la invasión a Cuba a inicios de los sesenta.

Es posible la existencia de conflictos interburgueses, sobre todo entre los Bosch-Gutiérrez y otra familia oligarca, los García-Granados, emparentados con el alcalde Arzú y cercanos al gobernante Jimmy Morales. Estos últimos abogan por la libre importación de piezas de pollo, contrariando los intereses de los Bosch-Gutiérrez propietarios de productoras y comercializadoras de estas aves. Pareciera que los García-Granados estarían perdiendo la hegemonía ante la fracción de estos últimos. No por nada el impresentable Álvaro Arzú llamo “canallas y sinvergüenzas” a los que formaron ese frente, en el momento que un tribunal de apelaciones le mantiene la inmunidad por el caso Pandora (Prensa Libre 10-04-18).

¿Y al movimiento popular que le toca hacer?

En los días posteriores, otra fundación de Dionisio Gutiérrez, Libertad y Desarrollo, realizó su tercer encuentro denominado “Guatemala, ¿Estado democrático o Estado capturado?” con la presencia de los que participaron en la conformación del frente ciudadano en mención, y de figuras como el ex-ministro de gobernación Francisco Rivas, la ex-ministra de Salud Lucrecia Hernández Máck, el ex-superintendente de la SAT Francisco Solórzano Foppa y el ex-director de la PNC Nery Ramos, así como la activista Helen Mack, y ponentes como Samuel Pérez de Semilla, el abogado maya Pedro Ixhiu, Roberto Ardón expresidente del CACIF,  los comentaristas Daniel Herring, Philip Chicola, Paola Hurtado , cercanos a CACIF y Gabriela Carrera cercana al grupo Semilla. Dionisio Gutiérrez, como actor estelar entrevistó a la fiscal general Thelma Aldana, quien ante la prensa dijera que “los guatemaltecos tenemos que dejar atrás nuestras divisiones del pasado y entender que intentar regresar al sistema para el control de las estructuras criminales de la corrupción, sería la peor sentencia para las futuras generaciones” (La Hora 04-04-18).

La idea que presentó este foro pretende una falsa dicotomía entre Estado democrático y Estado capturado, suponiendo que dentro del capitalismo se puede tener un Estado como el primero y que las mafias pueden ser combatidas, cuando la corrupción es consustancial a este modo de producción y con más razón a uno oligarca -que los representantes de esa sociedad civil no piensan combatir- como el guatemalteco. En el fondo, como mencionaran Marco Fonseca y Fernando Solís, lo que se está construyendo es un consenso dominante bajo la bandera de la lucha contra la corrupción, una uniformización de discurso según Recinos, donde las luchas legítimas se esconden bajo la dirección de una alianza de personalidades como Gutiérrez, Aldana y el mismo comisionado Velásquez, con voceras a su servicio como Raquel Zelaya de centros de pensamiento burgueses como Asies y María del Carmen Aceña del Cien y Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana y otras. Todo esto ante la falta de un proyecto revolucionario democrático y transicional, por ende, socialista.

Se menciona además que el partido Creo, afín a un sector del empresariado, propuso a Thelma Aldana para candidata presidencial, lo cual esta negó. Pero se conoce que el partido Creo, Encuentro por Guatemala de Nineth Montenegro (financiado por Multinversiones y cercano a otros empresarios como Lamport), y el comité pro-formación Semilla, le apuestan a la candidatura de la jefa del MP, bajo el caudillismo de Dionisio Gutiérrez, quien trataría de incorporar el apoyo de las otras fracciones burguesas.

Sin duda que urge que el sector consecuente del movimiento popular, las grandes organizaciones campesinas y el sindicalismo clasista, dejen atrás su sectarismo y nos articulemos como un gran frente obrero, indígena, campesino y revolucionario, que no se coloque a la cola de funcionarios o instituciones como el MP o la CICIG, ni a reformas superestructurales, sino que construya una instancia que le dispute el poder a la oligarquía.