Por Armando Tezucún

El 19 de abril el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunciaron un nuevo caso de corrupción por financiamiento electoral ilícito en el que están involucrados el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y su ex secretario general, el presidente Jimmy Morales. Esta vez aún no hay solicitud de antejuicio contra el presidente, pero las investigaciones revelaron por fin cómo los grupos más importantes de la oligarquía están involucrados en el financiamiento ilegal al FCN-Nación, una práctica que indudablemente han tenido en todos los procesos electorales para garantizar que los distintos gobiernos velen por sus intereses.

Entre los culpables del delito en cuestión están: el Banco Industrial (conformados por los principales grupos oligárquicos), la Corporación Multi Inversiones (que paradójicamente ahora lidera el Frente Ciudadano Contra la Corrupción), la Corporación Castillo Hermanos, Cementos Progreso, el grupo Paiz (ahora socio de Walmart) y cuatro de los más importantes grupos azucareros del país.

El MP y la CICIG no solo no han solicitado antejuicio contra el mandatario en tanto secretario general del FCN-Nación en el momento en que se cometió el delito, sino que ha tratado con guantes de seda a los empresarios involucrados. Las colaboradoras en la investigación pertenecientes al grupo Paiz tuvieron una sanción económica, y el delito de financiamiento electoral ilícito fue imputado a Rodrigo Arenas (intermediario entre el FCN y los empresarios, y líder del derechista Movimiento Cívico Nacional), Andrés Botrán (del consorcio azucarero propietario del Ingenio Santa Ana) y el militar retirado Edgar Ovalle del FCN (prófugo por un caso de masacres durante el conflicto armado). Arenas y Botrán no fueron capturados, sino citados a juzgado y posteriormente se les concedió arresto domiciliar.

Los empresarios delincuentes, en un acto de vil hipocresía convocaron a una conferencia de prensa en la cual se dieron golpes de pecho y en un comunicado reconocieron sus errores: “Por estas acciones le pedimos disculpas a Guatemala, a nuestras empresas y accionistas, a nuestros colaboradores y sobre todo a nuestras familias.” (Nomada 19/4/18). Ningún acto de contrición les salvará de la furia popular por provocar hambre y miseria en el pueblo durante décadas de explotación y opresión.

El presidente Morales, por el contrario, reaccionó rechazando airadamente las acusaciones del MP y la CICIG, haciéndose pasar por víctima de una conspiración en su contra. Ordenó a la Procuraduría General de la Nación iniciar una investigación sobre la actuación de la CICIG, con la intención de buscar una vez más, un motivo para su expulsión del país, con el respaldo del Consejo Nacional de Seguridad. Los diputados del gobierno y sus aliados empezaron a acelerar la aprobación de leyes y reformas de leyes a su favor.

La tensión llegó a tal punto que circularon fuertes rumores de que el gobierno aprovecharía el fin de semana del 28 al 30 de abril para dar un autogolpe y poder expulsar a sus enemigos. La muerte súbita del principal aliado del presidente, el alcalde capitalino Álvaro Arzú, el 27 de abril, pareció alterar esos planes. Pero el 2 de mayo, el gobierno sacó a las calles, en gran parte bajo presión y amenazas, a 20 mil vendedores del principal mercado, La Terminal, a manifestar su apoyo a Morales; el sábado 5 integrantes grupos de extrema derecha realizaron un plantón de protesta frente a la sede de la CICIG. El 10 de mayo el gobierno solicitó el retiro de los embajadores de Suecia (segundo financista de la CICIG) y Venezuela.

En esta nueva coyuntura demandamos a la CICIG que encarcele y acuse formalmente a los empresarios involucrados en el delito de financiamiento electoral ilícito. Denunciamos ante los trabajadores, campesinos, pueblos indígenas y población en general el trato benevolente que el MP y la CICIG están dando a estos oligarcas delincuentes y corruptos. El problema de fondo en Guatemala no es la corrupción, sino la situación estructural en que estos oligarcas han mantenido al pueblo, privándole de salud, educación y vivienda de calidad, dando salarios de hambre a los trabajadores, lanzando al 70% de la mano de obra al subempleo y la informalidad, usurpando los territorios de las comunidades e irrespetando sus derechos, privando de tierra fértil a los campesinos. El MP y la CICIG solo ofrecen cambios superficiales, de acuerdo a los deseos de sus financistas imperialistas. Llamamos a las organizaciones populares a manifestarse pidiendo la renuncia de Jimmy Morales y su gobierno, y de los diputados corruptos, por una Asamblea Constituyente Plurinacional de los Trabajadores y los Pueblos.