Por Hercilia Cáceres

Desde hace una semana se hizo de conocimiento público el dictamen a favor de la propuesta del presupuesto general, presentado por la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, en busca reducir el presupuesto de la Universidad de San Carlos en Q.259 millones y un aumento millonario al Ministerio de la Defensa para el 2019. Dicha propuesta desató un grave descontento en un buen sector de la comunidad sancarlista, no solo en el Campus Central, sino también en Centros Regionales, quiénes resultarán más afectados por las decisiones del legislativo.

A raíz de la problemática, el miércoles 31 se realizaron las primeras acciones desde los sindicatos de trabajadores, bloqueando avenidas principales fuera de la USAC. Asimismo, se formó una mesa multisectorial que incluye a representantes sindicales de docentes y trabajadores, representantes de asociaciones estudiantiles y el Consejo Superior Universitario (CSU); en esta mesa se discute la problemática y se presentan propuestas bajo la consigna del “presupuesto digno”. Entre las propuestas que más destacan son: los plantones pacíficos a las afueras del Congreso, brindando servicios desde las especialidades de cada área, realizando jornadas de atención para la población guatemalteca. 

Por otro lado, las medidas de hecho no se hicieron esperar y la mesa multisectorial convocó a cierre de avenidas y carreteras en todo el país para el martes 6 de noviembre protagonizadas por los trabajadores universitarios, al menos en el Campus Central. En la ciudad se realizaron manifestaciones por 3 horas en la Avenida Petapa y Calzada Aguilar Batres en los alrededores de la ciudad universitaria, a lo que se sumó la Escuela Superior de Arte en el centro de la ciudad. Al mismo tiempo se produjeron bloqueos en el departamento de Escuintla con bloqueos en la antigua Autopista a Palín; en el departamento de Petén, en donde se produjo la toma del aeropuerto; Cruce de Piedras Negras, Huehuetenango y por la tarde noche se sumaron los departamentos de Quiché y Sololá con otro tipo de manifestaciones.

A pesar de las acciones realizadas, destaca la poca representatividad que posee la multisectorial, debido a que en las acciones participan trabajadores y docentes no asociados a sindicatos, que apoyan las acciones, pero no tienen voz ni voto en la toma de decisiones. En situación similar se encuentra el sector estudiantil que se encuentra dentro de los diálogos, pero los representantes no se han dado la tarea de escuchar las propuestas de los estudiantes en general, quienes necesitan de asambleas para tomar decisiones consensuadas, que surjan críticas y propuestas genuinas en pro del pensar estudiantil y no desde la decisión desde unos cuántos.

Dentro de la multisectorial, dirigida por el rector Murphy Paiz, se busca mantener una política que no denuncie los casos de corrupción dentro de la USAC, porque se exige un presupuesto justo, pero en ningún momento se ha mencionado del despilfarro de recursos, además de los abundantes casos de corrupción en la que se encuentran inmersas las distintas administraciones desde el siglo pasado.

 A lo anterior se le suma el riesgo de privatización que padece la USAC desde el Rector Murphy Paiz, que no es una blanca paloma como intenta aparentar. Si no se exige el presupuesto correspondiente al 5%, la educación pública superior corre grandes riesgos, ya que se dará luz verde a los numerosos proyectos de tipo neoliberal desde la rectoría.

Los más afectados resultan ser los trabajadores, estudiantes y docentes de los centros regionales, quienes la sufren las consecuencias de la crisis presupuestaria. De la misma manera, de no aprobarse el aumento, las masas estudiantiles se enfrentarán a un posible aumento en la matrícula estudiantil que subsidie los gastos de la unidad.

Por lo tanto, hacemos un llamado a la comunidad sancarlista a presentar unión para exigir no menos del 5% del presupuesto nacional escrito en ley, con propuestas incluyentes que sean consensuadas previamente por los sectores interesados. Asimismo, a llamar a la fiscalización dentro de la universidad, buscando denunciar a quienes buscan soterrar el intelecto de la educación pública superior en el país, llenándose los bolsillos de recursos que debieran ser utilizados en pro de los estudiantes y el pueblo de Guatemala. Por último, la lucha a toda costa contra la privatización, empujando a la administración de turno a dejar el diálogo tibio, que asuma el papel que les corresponde y que exija el presupuesto correspondiente, de lo contrario solo buscarán recargar el peso en el sector estudiantil, haciendo que cada vez menos guatemaltecos y guatemaltecas tengan acceso a una educación superior gratuita y de calidad.

Por esa razón ¡sí al 5% del presupuesto nacional, 100% de transparencia y 0% de corrupción!