Por Leonardo Ixim

Dos iniciativas de ley que buscan modificar la persecución penal del Estado sobre diversos delitos y modificar los procedimientos penales fueron aprobadas por el Congreso de la República el pasado 12 de noviembre, con el rechazo de organizaciones de la sociedad civil.

Con la adopción de la actual Constitución Política 1985 se reformó el sistema judicial a mediados de la década de los noventa, para pasar de un modelo propio de los regímenes políticos dictatoriales, como era el inquisitorio, al modelo acusatorio, propio de regímenes formalmente democráticos, donde la fiscalía asume la investigación penal sobre los jueces y se usa pruebas documentadas.

A la par de esto, el crimen organizado pasó a ser una preocupación para el imperialismo y para distintos actores sociales, en un país donde está coludido con los mismos actores de poder político. De allí que se reformaran leyes y se establecieran otras, así como procedimientos de persecución para hacerle frente.

Además, con la presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) se persiguió a grupos de poder y algunos elementos de la burguesía que se enriquecían con la corrupción, el contrabando y la evasión fiscal; sin tocar a todos pero con el fin de lograr algún tipo de control de las formas patrimonialistas en que la burguesía se enriquece desde el Estado.

Esta situación afectó a políticos, empresarios y grupos que controlan el Organismo Judicial. Así, cuando el actual gobierno mostró su verdadero matiz reaccionario, los partidos que han sido mancuerna del presidente Jimmy Morales contraatacaron para limitar y dar por terminado el accionar de la CICIG. El último paso fue la modificación al Código Penal y las leyes de Extinción de Dominio y contra la Delincuencia Organizada recientemente, bajo la iniciativa 5641 denominada “Ley de Certeza Jurídica y de Garantía Constitucional en el Proceso Penal” presentadas por la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y otra para modificar el Código Procesal Penal del partido TODOS.

Bajo el argumento de proteger la presunción de inocencia y los testigos, dentro de una supuesta corriente democrática, se rescató propuestas que agilizan los procedimientos penales presentadas con antelación pero ahora con una finalidad: la de beneficiar a muchos de los encarcelados por el MP y la CICIG en materia de delitos administrativos, fiscales, financiamiento electoral ilícito y crimen organizado, investigaciones que pesan sobre algunos diputados; eximiendo delitos como genocidio, violencia sexual, contra la vida, seguridad del Estado, contra la niñez, con el voto de la mayoría de partidos conservadores.

Las reformas tocan principalmente la forma en que se extinguen bienes, restringen la divulgación de información de los procesos y limitan las escuchas telefónicas, herramientas que actualmente sirven al MP en la persecución penal a delitos relacionados con corrupción y crimen organizado (Prensa Libre 04-11-19). Además de que los beneficiarios de la reducción de penas, a cambio de aceptar su responsabilidad penal, situación contemplada con anterioridad, ahora no estarían obligados a revelar detalles de las estructuras criminales donde participen (El Periódico 14-10-19). Por otra parte limita la capacidad de persecución del MP propio del modelo acusatorio para dar nuevamente potestades de investigación a los jueces.

Los controles democráticos son necesarios en la persecución penal, pero son insuficientes dentro del capitalismo porque siempre pesa la naturaleza de éste. Existen tipos penales como el de asociación ilícita o procedimiento como las escuchas telefónicas, que ayudan a perseguir delitos que afectan desigualmente en una sociedad de clases; que además pueden ser usados tanto para perseguir crimen organizado como contra la organización social, por ende siempre puede ser usados contra el pueblo. Iniciativas como estas blindan aún más a actores de poder garantizándoles mayor impunidad, por tanto, la clase trabajadora siempre esta desventaja.

Consideramos entonces, importante la movilización popular para que delitos que realizan elementos de la burguesía y actores con poder no sean fáciles de cometer, que la prisión preventiva y otras medidas judiciales sean aplicadas no solamente a los poderosos y que como hemos dicho otra veces, los jueces y fiscales sean elegidos popularmente como paradójicamente pasa a nivel local en países como Estados Unidos.