Por Leonardo Ixim

El lunes primero de junio el pleno del Congreso en sesión extraordinaria aprobó por tercera ocasión la prórroga del Estado de Calamidad contemplado en el Acuerdo Gubernamental 146-2020, debido a la pandemia de COVID-19.

La mayoría de diputados del Congreso votó a favor de la ampliación, a excepción de la bancada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, argumentando que los programas y medidas que el gobierno ha realizado para atender a la población afectada por la merma de sus ingresos debido al estado de cuarentena, son insuficientes.

Esta voz se sumó a otras bancadas y diputados, como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Bienestar Nacional, URNG, WINAQ y Semilla, que pese haber votado a favor de la ampliación del Estado de Calamidad, cuestionaron la irresponsabilidad en lo que respecta al informe circunstanciado de la ejecución presupuestaria, que el gobierno debería haber entregado al Congreso y no lo hizo.

El decreto consta de una estrategia tardía para el control de la epidemia, algo inaudito cuando tenemos ya casi 3 meses en cuarentena, reportándose 7 mil contagios y 252 fallecidos. Estos datos fueron fuertemente criticados por diversas bancadas, pues además de los sub-registros, se maquillan y esconden datos, argumentaron los congresistas. Todo esto, pese a que existe un Consejo Nacional de Salud de carácter asesor y también tarde, se nombra a un afamado epidemiólogo para dirigir esta estrategia tardía a cargo de una comisión presidencial.

La estrategia en mención contiene los siguientes procedimientos: la expansión de pruebas y recomendaciones de prácticas de investigación epidemiológica; aumento de la capacidad tecnológica para el reporte y flujo de información; y rastreo de contactos para identificación y control de brotes. Pero todo esto tiene una finalidad, preparar la desescalada al tenor de la lógica de las burguesías de diversos países, en el marco de una recesión mundial del capitalismo acelerada por la pandemia.

Se busca aumentar el número de pruebas diagnósticas, equipo y reactivos para la diagnosis de casos sintomáticos. Pero es escaso el número de pruebas diarias y apenas han llegado a dos mil, cuando la OMS recomienda que para un país con una población como Guatemala debe ser cinco mil diarias para detectar la presencia del virus; como sea, es una de las más bajas de Latinoamérica, además según denuncias recientes se carece de reactivos para acompañar las prescripciones.

Por otro lado, se plantea un proceso de desescalada en cuatro fases a saber: 0) preparación; I) inicio; II) apertura intermedia y; III) nueva normalidad. Sin embargo, según el encargado dirigir esta estrategia a cargo de la comisión presidencial, Edwin Asturias, para iniciar un procedimiento de esta naturaleza los casos de infectados deben bajar y en los últimos días han sobre pasado los trescientos diarios.

Entre enmiendas presentadas por la oposición para fortalecer el sistema de salud están: 1) readecuación presupuestaria para un bono único para el personal de salud temporario; 2) la contratación de estudiantes con pensum cerrado de medicina y de estudiantes extranjeros que cursan esta carrera; 3) obligación de las autoridades de salud de brindar información periódica sobre las tendencias de la pandemia: 4) capacidad de camas instaladas, que en la gestión actual han aumentado un poco más de mil solamente; 5) reporte, de compras diarias y semanales de medicamentos, insumos y equipo de protección personal, así como de inventarios y entregas diarias y semanales de éstos; 6) informe detallado de las pruebas virales y pruebas de anticuerpos realizadas a personas, por día y su resultado y; 7) se confirma la focalización asistencial de los programas sociales a la población más pobre.

Además, patéticamente, aduciendo las necesidades espirituales de la población, se permite a los ministros de culto de las religiones dominantes a poder moverse libremente en el toque de queda. Por otro lado, se hace recomendaciones al gobierno para la implementación de los protocolos de apertura y reinicio de actividades, la famosa nueva normalidad, pero no se aclara ni en la estrategia gubernamental ni en las enmiendas legislativa, cómo puede ser esta.

Nosotros consideramos que las organizaciones populares deben conformar un frente común que vele no solo por fiscalizar estos programas con medidas administrativas y legales, sino propiciar la movilización. Deben apoyar las reivindicaciones laborales del personal de salud para que se agilicen los pagos, las contrataciones y se vuelvan personal permanente; además de exigir que los programas rebasen las lógicas focalizadas pensando en renta mínima para amplias capas de la población y que se cumpla el decreto 15-2020 para que las empresas de servicios no abusen de los usuarios.