Por Armando Tezucún

La pandemia del Covid-19, presente en Guatemala desde el mes de marzo, obligó al gobierno de Alejandro Giammattei a tomar medidas de distanciamiento social y confinamiento de la población en sus hogares para evitar la expansión de la enfermedad. Estas medidas incluyeron la suspensión de las actividades económicas no esenciales; del transporte público urbano y extraurbano; de actividades masivas culturales, deportivas y religiosas; la implementación del toque de queda; la suspensión de la movilización de la población entre ciertos departamentos; y el paro total de actividades algunos fines de semana.

Estas medidas están conduciendo a la economía guatemalteca a una recesión sin precedentes, aún más grave que la causada por la crisis económica de 2008. Según diferentes entidades nacionales e internacionales, el Producto Interno Bruto de 2020, caerá entre -2% y -3%. Según el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imae), tan solo en el mes de abril ésta cayó un 10.2%.

Más allá de estas cifras frías, la recesión de la economía significa el cierre de empresas, el despido parcial de las planillas de trabajadores, recortes de salarios y la imposibilidad de ejercer sus trabajos para los trabajadores informales, reduciendo dramáticamente sus ingresos. Según la empresarial Fundación Para el Desarrollo (Fundesa), este año se perderán 185,500 empleos. El 16 de junio, la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Comisión Económica Para América Latina advirtieron que la pobreza extrema en Guatemala podría incrementarse en un 19.8 al 21.4 por ciento, lo que equivale a 300 mil personas, para un total de 3,5 millones. Este es el verdadero drama que enfrentan las y los trabajadores guatemaltecos, sobre quienes está recayendo el peso de la crisis.

El gobierno central ha implementado planes de ayuda para las familias afectadas y los trabajadores, pero además de que es un apoyo económico muy limitado, su implementación avanza a paso de tortuga por los laberintos burocráticos de las instituciones oficiales.

Ante este panorama alarmante, la implementación de una Renta Básica Universal (RBU) surge como una demanda que debe ser impulsada por las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares.

La RBU es un sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones, independientemente de su edad, condición de trabajo o de riqueza y de posibles fuentes de ingresos. Esta renta debe garantizar las necesidades vitales de las personas, sin que por ello deba contraprestación alguna (https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_b%C3%A1sica_universal)

La Renta Básica Universal como sistema de cobertura a todas las personas o ciudadanos de un país, nunca ha sido implementada. Se ha hecho ensayos parciales y limitados en Canadá, Finlandia, Alaska, Estados Unidos, Irán, Brasil, Argentina, Kenia y Alemania con diferentes modalidades y distintos resultados. El principal efecto de estas experiencias ha sido un incremento en la salud física y mental de los beneficiarios, sin que influyera significativamente en la oferta de trabajo, es decir, las personas no renunciaron a trabajar por recibir el beneficio (https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-03-04/renta-basica-social-alaska-finlandia-ingresos_2479827/).

En Guatemala la implementación de una Renta Básica adquiere carácter de urgencia, y algunas organizaciones sindicales ya han decidido asumir acciones para impulsar la medida, coordinando con algunas bancadas de diputados progresistas y de izquierda.

Desde el Partido Socialista Centroamericano apoyamos incondicionalmente esas acciones, y planteamos algunas sugerencias. La Renta Básica podría beneficiar a las familias con ingresos mensuales menores a los Q 2,500, con una RB equivalente al salario mínimo vigente más elevado, Q3,075.10. Otra modalidad podría ser una RB para los individuos mayores de 18 años con ingresos menores a Q 2 mil mensuales, beneficiándolos con Q 1,500 al mes. Obviamente estas propuestas están sujetas a la discusión.

Consideramos que el financiamiento de la RB a aprobar no debe proceder de más endeudamiento del Estado. Proponemos la creación de un impuesto sobre las ganancias de las grandes corporaciones de la oligarquía (Corporación Multiinversiones, Corporación Castillo Hermanos, Grupo Rozas-Botrán, La Fragua, los Novella, Campollo Codina, etc.), los grandes bancos y las multinacionales (Claro, Tigo, Energuate, Eegsa, etc.).  Estos son los grupos que acaparan la mayor parte de las riquezas producidas por las y los trabajadores, y con la creación de estos impuestos la Renta Básica se convierte en una medida redistributiva.