Por Armando Tezucún

Entre los programas de asistencia a la población que está implementando el gobierno en la actual coyuntura, se encuentra el Fondo de Protección del Empleo. La palabra protección no encaja muy bien en este caso, porque si bien se trata de un plan para suspender temporalmente a los trabajadores de las empresas, garantizando su retorno a labores cuando finalice el Estado de Calamidad, los patronos se desentienden del pago de salarios, siendo el Estado el que se hace cargo, proporcionando Q 75 diarios a los compañeros, para un total de Q 2,250 mensuales durante tres meses; esto es un ingreso precario, casi el 25% menos que el mayor de los tres salarios mínimos vigentes, que ya es un sueldo subsistencia.

El programa tiene a su disposición un fondo de Q 2 mil millones, para beneficiar a unos 350 mil trabajadores. Sin embargo, las instituciones del gobierno encargadas de desarrollar el programa han sido incapaces de ejecutar los fondos. El Ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci reconoce que no se podrá utilizar cerca de la mitad de ese dinero, y propone que use en otros programas de asistencia que sí han funcionado. Esta declaración la expresó el funcionario durante una citación con la bancada de diputados del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) el miércoles 1 de julio.

Entre los problemas que se suscitaron, que condujeron al fracaso en la ejecución de los fondos, está en primer lugar la falta de coordinación y la ineficiencia de las entidades responsables, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y el Banco Crédito Hipotecario Nacional. Las solicitudes en línea disponibles para que las empresas realizaran el trámite fueron cambiadas varias veces, y por otra parte, la información sobre los procedimientos tardó en llegar a las empresas, de modo que los patronos, enfrentados al drama del descenso de las ventas e ingresos, decidieron despedir trabajadores, en vez de optar por el mencionado plan.

Otra razón tiene que ver con la ilegalidad en la que operan muchos patronos, pues una gran cantidad no inscribe a sus trabajadores al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), o solamente inscribe a una parte, o a propósito se retrasan en los pagos de las cuotas, a pesar de que las descuentan de los salarios de las y los trabajadores; de esta manera, las empresas que no estaban al día con sus asuntos en el Igss no podían optar al programa de suspensión de contratos. Además, de por sí las pequeñas empresas que no cuentan con una planilla mínima de empleados que las obligue a inscribirlos al IGSS, no tuvieron más opción que los despidos. Tampoco pudieron optar los empresarios que no estuvieran el día con el pago de sus impuestos.

Según datos del Ministerio de Trabajo actualizados al 30 de junio, se ha recibido 19,196  solicitudes para suspensión de contratos, para 153,252 trabajadores; han sido autorizadas 17,574 solicitudes, que cubren a 146,827 trabajadores. La bancada de la UNE propuso al ministro que con los fondos no utilizados se cree un programa de seguro de desempleo por tres meses, para beneficiar a las y los trabajadores que han sido despedidos en los últimos meses de emergencia. Según datos del IGSS, hasta el 30 de abril se había perdido cerca de 60 mil empleos; es posible que al actualizar los datos de mayo y junio la cifra se duplique.

A este respecto, los mismos capitalistas contemplan un panorama catastrófico para el empleo. La Fundación Para el Desarrollo, FUNDESA, calculó que por el impacto de la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19 en 2020 se podría perder 1 millón 550 mil empleos en el país. De acuerdo al estudio que realizó la fundación, en el agro se perderían 542,229 puestos de trabajo; en el comercio y reparación de vehículos 279,575;  en actividades relacionadas a hoteles, restaurantes y servicios de comida, 135,135; en servicios administrativos 116,646; y en construcción 110,123. Según una encuesta reciente realizada por Pro Datos, el 70% de los hogares ha visto disminuidos sus ingresos hasta en un 40% (Prensa Libre 3/07/2020). La mayoría de compañeras y compañeros que han perdido sus trabajos empiezan a dedicarse a actividades informales para poder sobrevivir.

La situación para los trabajadores es cada vez más alarmante. En ausencia de un programa de seguro de desempleo en el país, proponemos nuevamente a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares, que levanten la urgente demanda de la creación de una renta básica que proteja a las familias de la creciente pauperización. Esta renta básica debe ser financiada con impuestos a los grandes grupos corporativos de la oligarquía, a las multinacionales que operan en el país y a los grandes grupos bancarios.