Por Armando Tezucún

La pandemia del Covid-19 no da visos de ceder en Guatemala. Para el 18 de julio el número de contagios, de acuerdo a la nueva plataforma de datos implementada por el Ministerio de Salud, llegó a 38,042 con 1,449 fallecidos y 23,365 recuperados. El jefe de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covic-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, ha declarado que el pico de la pandemia llegará en el mes de octubre, y si no se cumplen las restricciones emitidas por el gobierno, el número de muertos podría llegar a 11 mil en ese mes.

La población rechaza cada vez más el desempeño del gobierno

A medida que se incrementa el número de contagios, disminuye el índice de aprobación que la población da al gobierno del presidente Alejandro Giammattei en cuanto al manejo de la pandemia. Según la firma ProDatos, el respaldo al gobierno ha venido en picada, cayendo del 83% en abril, al 67% en mayo, 60% en junio y en los primeros días de julio una disminución del 21% entre quienes estaban “muy de acuerdo” con el presidente. Significativamente, en el estrato económico alto, es decir el empresariado, solamente un 9% dio su aprobación a la actuación del gobernante (Prensa Libre 18/07/2020).

La alarmante situación de las y los trabajadores de salud

Pero sin duda el sector más descontento con la actual administración es el de los trabajadores que adquieren más importancia en la actual coyuntura, porque están al frente del combate contra el Covid-19: las y los médicos, enfermeras y personal hospitalario y de salud a todos los niveles.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, los trabajadores de la salud han estado denunciando las deficientes condiciones en que les ha tocado enfrentar la pandemia, no solamente en cuanto a la escasez de equipos, material de protección personal, medicamentos, espacio y camas para colocar a los pacientes, alimentación, entre otras muchas carencias; sino que también han denunciado la violación a sus derechos laborales por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y de los responsables de los centros hospitalarios.

El caso del Hospital Temporal del Parque de la Industria

La denuncia más reciente viene parte del personal médico del Hospital de Parque de la Industria. Este hospital de carácter temporal fue instalado en diez días en un complejo de edificaciones destinado a albergar ferias, conciertos y eventos de diversa índole, siendo inaugurado el 24 de marzo por el presidente Giammattei, quien anunció con bombos y platillos que tenía capacidad para atender a 3 mil pacientes.

Nada más lejos de la realidad. Para empezar, este hospital no fue equipado con recursos del Estado, sino con donaciones de empresas privadas, lo que ya anunciaba el estado de colapso permanente en que se encuentra en la actualidad, pues no se puede esperar que un centro de esa naturaleza funciones durante meses en base a la caridad.

El 17 de julio el personal médico y de enfermería de este hospital realizó una protesta para denunciar una vez más las dificultades con que vienen desempeñado sus labores. También denunciaron que no les han permitido firmar contratos de trabajo y sus salarios están retenidos por esa razón. Hay compañeras y compañeros que empezaron a trabajar el 23 de marzo y su contrato está por finalizar el 20 de julio, pero no han recibido un solo centavo. El domingo 12 de julio, por medio de un acta, el Ministerio de Salud se comprometió a pagarles, pero las autoridades no cumplieron.

Una compañera enfermera finalizó su contrato verbal el martes 14 de julio, nunca se le hizo firmar un contrato formal. Sin embargo, sus servicios no fueron renovados y tampoco recibió un solo salario durante los cuatro meses que atendió a los pacientes de Covid-19. Ese día se despidió de sus compañeros con un cartel que decía “Ultimo turno, después de 4 meses y no me pagaron. Guatemala, misión cumplida” (El Periódico 15/07/2020).

El diputado del partido Winaq, Aldo Dávila, se reunió con los trabajadores afectados, y afirmó que hay 125 que no reciben pago desde esa fecha. La nueva ministra de salud, Amelia Flores, en una reciente citación al Congreso alardeó de que al 98% del personal se le ha pagado el salario, pero los hechos la contradicen. La Dirección de Comunicación del Ministerio de Salud ha informado que, de acuerdo con el departamento de Recursos Humanos, parte de los trabajadores tiene pendiente algunos requisitos y papelería que les falta para firmar contrato y recibir su sueldo.

Es inaudito e inconcebible que el gobierno trate de esa manera tan injusta a compañeros que se están sacrificando y exponiendo sus vidas para proteger a la población; son ya numerosos los casos de personal sanitario que ha resultado contagiado e incluso han fallecido en el desempeño de su heroica labor. Los salarios del personal de salud están garantizados en los Q 1,600 millones que tiene el ministerio para enfrentar la pandemia. Exigimos que se simplifique y agilice el trámite burocrático para que reciban de inmediato sus merecidos honorarios.

El caso de Huehuetenango

Tomando al azar el caso de otro centro Hospitalario, los médicos del Hospital Regional de Huehuetenango denunciaron que no tienen suficiente equipo ni suministros médicos, y tampoco infraestructura ni personal hospitalario. A pesar de que el departamento de Huehuetenango es el que tiene menos personas contagiadas por cada 100 mil habitantes, su sistema de salud está colapsado. El incremento de pruebas rápidas para Covid-19 ha dado como resultado el aumento de los casos diarios, resultando insuficiente la capacidad del hospital para atenderlos.

Los médicos del hospital demandaron al Ministerio de Salud que les provea de recurso humano, equipo de bioseguridad, más espacio y ventiladores para atender a los pacientes. Actualmente las instalaciones tienen la capacidad para atender solamente a 27 enfermos; se espera que en agosto o septiembre empeore la situación de la pandemia.

El director del hospital explicó que ya hay procesos de compra de insumos y equipos, pero los detienen requisitos administrativos. Además, dijo que se ha hecho convocatorias para contratar internistas y pediatras, pero los profesionales no quieren optar; solamente han sido contratados dos pediatras. En las condiciones sumamente precarias a todos los niveles en que está operando el sistema de salud estatal, es comprensible que los profesionales de la medicina rehúyan trabajar para el Estado. Como lo hemos afirmado en otras ocasiones, este el resultado de décadas de gobiernos neoliberales que se negaron sistemáticamente a atender las responsabilidades del Estado en cuanto a los servicios básicos que deben proveer a la población: salud, educación, vivienda, transporte, etc.

Denuncia del Sindicato del Hospital San Juan de Dios

El Secretario General del Sindicato de Empleados del Hospital San Juan de Dios, Carlos Noé Santos, explicó durante una entrevista que le hicimos:

“El Ministerio de Salud tiene una gran carencia tanto de equipos e insumos, ya los diferentes gobiernos se dedicaron a hacer negocios. En la actualidad esto se refleja en la falta de equipos para atender esta crisis. No se cuenta con respiradores. Los pocos con los que se cuenta no pertenecen al ministerio, el cual tiene que pagar por el arrendamiento y por los insumos que se utilizan, estando a merced de los proveedores quienes dicen o condicionan cuánto y la forma del pago. El Ministerio mantiene una práctica sistemática de violación de los derechos laborales. En este momento se agudizó más, dejando en suspenso todas las garantías en derechos laborales, vacaciones, jornadas de trabajo extenuantes e incluso de pago de salario a los trabajadores denominados por contrato que no gozan de ningún derecho laboral.”

La vergonzosa ejecución presupuestaria

El 16 de julio el comisionado Asturias y la ministra Flores acudieron al Congreso de la República para rendir un informe al pleno de diputados sobre el manejo de la pandemia del coronavirus y del presupuesto que fue aprobado para el Ministerio de Salud. Entre otras cosas, Asturias reconoció la grave escasez de camas que padece el sistema de salud para atender la emergencia, 589 en la red hospitalaria nacional y 663 en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; 1,252 para atender a 13,228 enfermos activos. Esto sin contar a los pacientes que acuden a los hospitales por otras dolencias; por eso hemos visto las escenas impactantes de personas tiradas en los pasillos, en sillones o en sillas en los centros asistenciales, mientras que el personal hospitalario no tiene más remedio que acomodar como puedan a los enfermos, mezclando con frecuencia a los contagiados de Covid-17 con los que tienen otras enfermedades, dando como resultado más contagios.

Los funcionarios tuvieron que reconocer la bajísima ejecución presupuestaria del Ministerio, que asciende a un 8.68% (Q 147.1 millones) del total. Ese es el legado de que dejó el anterior ministro Hugo Monroy. La ministra Flores aseguró que se están iniciando procesos de compras de insumos.

¡Control de las organizaciones de salubristas sobre el gasto del Ministerio!

Ante la ineptitud que está demostrando el gobierno para enfrentar la pandemia, las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, estudiantiles y populares deben fiscalizar y supervisar el gasto del Ministerio de Salud en esta coyuntura de emergencia. Las organizaciones de trabajadores de salud, tanto de médicos como de enfermería, mantenimiento y otras áreas tienen un historial de beligerancia y lucha por la defensa de sus derechos. Proponemos que estas compañeras y compañeros tengan injerencia directa en las tomas de decisiones y los procesos de compras, para garantizar el buen uso de los recursos, la ausencia de corrupción en el manejo de fondos, y que los funcionarios ineficientes y proclives los negocios oscuros sean despedidos de inmediato.