Por Ricardo Patzán

La Comisión Permanente del Congreso, que actúa como ente rector del legislativo en al actual período de receso, convocó al pleno de diputados a sesión extraordinaria a realizarse el jueves 16 de julio a partir de las 10:00. En la agenda estaba contemplado el inicio de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, postergada desde octubre del año pasado. Esta convocatoria se dio en medio del grave conflicto que enfrenta a la Corte de Constitucionalidad (CC) con la CSJ y el Congreso, debido a la denuncia de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) contra candidatos a magistrados y diputados involucrados en el caso Comisiones Paralelas 2020, según el cual hay una conspiración para manipular la elección de magistrados a las cortes.

Pero la agenda programada para el 16 de julio no incluía solamente la elección. Antes el pleno debía tratar cuatro puntos: aprobación de las actas anteriores, iniciativa de reforma al programa del adulto mayor, informe de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (COPREVID) y el Ministerio de Salud y el segundo debate de las reformas al banco Crédito Hipotecario Nacional. Como era de esperarse, la sesión extraordinaria fue suspendida después de la comparecencia de los responsables de salud, sin que se iniciara la elección de magistrados.

Mientras tanto, el caso Comisiones Paralelas 2020 continúa avanzando. El 16 de julio la FECI presentó una solicitud de antejuicio contra 11 magistrados de Apelaciones y dos jueces que resultaron involucrados en el caso. Le corresponde a la CSJ decidir sobre la suspensión de inmunidad de los funcionarios, y conociendo el historial de decisiones de la actual Corte, es de esperarse que se niegue a dejar sin protección a los afectados. 

La CC, por su parte continúa minando y contrariando las disposiciones de quienes la adversan desde otras instituciones del Estado y otros grupos de poder. El 14 de julio la CC otorgó un amparo provisional en favor de la jueza Erika Aifán, dejando en suspenso la resolución de la CSJ que dio trámite a la solicitud de retiro de antejuicio planteada contra la jueza.

En otra disposición, la CC, el mismo 14 de julio, suspendió provisionalmente el acuerdo ministerial 250-2020 emitido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que permitía a los empresarios retardar la entrega del bono 14 a sus trabajadores mediante un procedimiento con el cual se declaraban imposibilitados para realizar el pago. La CC aceptó cuatro recursos de inconstitucionalidad presentados por: la Asamblea Social y Popular y la Asociación de Estudiantes Universitarios, el Procurador de los Derechos Humanos, el Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala, y el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Estas escaramuzas legales son el reflejo de un conflicto inter burgués que salió a la luz con fuerza en el año 2015, con las denuncias de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que llevaron al descalabro del gobierno de Otto Pérez Molina, y que dominó la escena política durante el gobierno de Jimmy Morales.

Consideramos que las partes contendientes son: por un lado, el grueso de los grupos oligárquicos tradicionales, cuyos negocios y manejos turbios fueron puestos al desnudo por la CICIG; estos grupos están en alianza con grupos burgueses emergentes que no tienen reparos en nutrirse ilegalmente de los recursos del Estado y el crimen organizado, con el apoyo de una camada de políticos corruptos enquistados en las instituciones estatales. Por otro lado, defendiendo el Estado de Derecho y la institucionalidad del Estado burgués se encuentran sectores de las capas medias urbanas, pequeños y medianos empresarios y algunos grupos oligárquicos democratizantes representados principalmente por Dionisio Gutiérrez, miembro de la poderosa Corporación Multiinversiones, cuya marca emblemática a nivel internacional es la cadena Pollo Campero.

Las organizaciones de la llamada Sociedad Civil agrupadas en Ongs, y el movimiento sindical y campesino oenegizado se han ubicado como vagón de cola de los grupos burgueses democratizantes, defendiendo a la CC y antes al MP de Thelma Aldana, y a las instituciones del Estado burgués que éstas representan.

Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas y populares a tener una postura independiente, que apunte a la construcción de un nuevo poder, una nueva democracia verdaderamente a favor del pueblo, iniciando por una Asamblea Constituyente popular y plurinacional que transforme radicalmente el país en favor de los oprimidos y explotados.