Por Úrsula Coj

Los pactos por las alturas de parte de las fuerzas ultra conservadoras se caracterizan por hacer un manejo patrimonial del Estado y en los últimos años, habían sido golpeados por fracciones reformistas burguesas sobre todo desde la Corte de Constitucionalidad (CC) que, con sus sentencias, buscaban manejar cierto equilibrio entre diversos intereses sociales.

Después del cese en su cargo por enfermedad del magistrado Neftalí Aldana, quien representaba a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la cual ha sido cooptada por este bloque de fuerza reaccionarias, pero cuyo representante se había aliado al bloque reformista, los magistrados de la CSJ lo reemplazaron por Roberto Molina Barreto, un oscuro personaje afín a estos intereses. La conformación de la CC es cuasi-corporativista, es decir está compuesta por cinco propietarios y cinco titulares, quienes representan además de la CSJ, al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y a la Universidad de San Carlos (USAC) que es la universidad pública.

Recordemos que este órgano procede del diseño constitucional de 1985 y actúa como garante de la constitucionalidad de leyes y, por ende, es el sostén institucional del actual régimen político. Por mucho tiempo fue afín a las facciones más reaccionarias de la burguesía, pero en los últimos años, había asumido decisiones más equilibradas, representando intereses de otras clases sociales, sin tampoco ser un freno al modelo de acumulación capitalista actual, solo manejando los efectos sobre los trabajadores y los pueblos.

Mientras todo esto se da en las alturas, en las calles el hastío al gobierno de turno – parte del pacto reaccionario mencionado- y en contra de todo el régimen político, se oye el llamado a una nueva asamblea constituyente que represente los intereses de los pueblos y de la clase trabajadora. El bloque mayoritario de la CSJ voto por 10 votos en contra tres la selección de Molina Barreto y Jorge Rosales Mirón como magistrado suplente.

Las magistradas que se opusieron, Delia Dávila, María Eugenia Morales y Silvia García Molina, adujeron que la sesión en que fueron electos Molina y Rosales fue controversial. El bloque mayoritario se negó a conocer dos tachas señaladas contra Molina, aduciendo que la elección no estaba regida por la Ley de Comisiones de Postulación, sino por el acuerdo 45-2020 que establecía sus parámetros excluyendo el conocimiento de tachas, y que sin embargo llegó al pleno sin firmas; la sesión tuvo que ser suspendida para que se estamparan las firmas. La elección fue ya impugnada ante la CC, por la irregularidad de su procedimiento.

Molina Barreto, recordemos, fue candidato a la vice-presidencia por el partido VALOR, que presentaba a la hija del ex dictador Enfrían Ríos Montt, Zury Ríos Sosa, pero la cual no pudo participar por que la Constitución se lo impide al ser hija de un golpista. Este es un partido heredero del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco, fundado en la década de los ochenta del siglo pasado, por el ex dictador. El actual VALOR representa a la derecha más reaccionaria y anti-comunista, la cual es parte de las bancadas oficialistas.

Molina Barreto ya fue integrante de la CC en dos ocasiones, y favoreció con su voto la anulación de la condena por genocidio contra el ex jefe de Estado de Ríos Montt, rechazó un amparo para evitar el funcionamiento del Transurbano y votó por mantener la inmunidad del expresidente Otto Pérez Molina en 2015. Además, fue abogado de Represa Internacional, empresa vinculada a Gustavo Herrera Castillo, prófugo en Nicaragua, por una estafa al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, protegido por Daniel Ortega. Rosales Mirón fue diputado por el Partido de Avanzada Nacional y actualmente es integrante del Comité Ejecutivo de la Federación de Gimnasia.

Con la integración de Molina y Rosales a la CC se fortalece el bloque de magistrados que se caracteriza por favorecer a funcionarios corruptos e intereses empresariales. Queda en entredicho el resultado de amparos planteados, como los que buscan dejar sin efecto la clausura de instituciones creadas por los Acuerdos de Paz, o el que busca el cierre del Centro de Gobierno, dirigido por el protegido del presidente Giammatei, Miguel Martínez.

Es muy posible que el equilibrio que la CC había venido jugando se rompa, ahora afín a este pacto de funcionarios que se caracterizan por un manejo corrupto y patrimonial de las instituciones públicas y por empresarios oligarcas que han organizado el Estado para sus intereses. Por ende, como se está viendo en las calles y ante la embestida represiva de parte de las fuerzas de seguridad, le toca a las organizaciones populares y partidos que se denominan de izquierda, crear un gran frente unido con un programa revolucionario, que coordine la movilización social.