Por Armando Tezucún

La saga del abogado Mynor Moto Morataya ha adquirido características de tragicomedia, en un país donde el funcionamiento del capitalismo requiere del tráfico de influencias y actos de corrupción a todos los niveles del aparato estatal.

Como recordarán nuestros lectores, el 18 de enero Moto resultó electo magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para finalizar el período del fallecido Bonerge Mejía. Sin embargo, no pudo tomar posesión de su cargo de inmediato, debido a al menos siete impugnaciones presentadas, que debían ser resueltas por la Asamblea de Colegios Profesionales.

Sobre el ahora exjuez Moto pesan dos demandas para suspender su inmunidad y numerosos recursos legales. El funcionario está involucrado en el caso Comisiones Paralelas 2020 del Ministerio Público, en el que varios personajes son acusados de tráfico de influencias para manipular las elecciones de magistrados a las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia; en este caso, los implicados utilizaron el juzgado a cargo del entonces juez Moto para intentar obstaculizar la obtención de pruebas para el proceso y protegerse. El otro caso tiene que ver con la obra llamada Libramiento de Chimaltenango, que resultó un fiasco pues a las primeras lluvias sufrió numerosos derrumbes y hasta la fecha no logra ser reparada; esta vez Moto no autorizó una orden de captura contra el exministro de Comunicaciones del gobierno de Jimmy Morales, José Luis Benito, y dejó libres por falta de pruebas a al menos siete implicados.

El Congreso juramenta Moto como magistrado de la CC

El 26 de enero, en horas de la noche, 82 diputados de la alianza oficialista en el Congreso juramentaron a Mynor Moto como magistrado titular de la CC, a pesar de los recursos judiciales y apelaciones que aún estaban por resolver. Fue la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil la que ordenó a la Junta Directiva del CANG que en cuatro horas enviara al Congreso y a la CC las certificaciones con los resultados de la elección del 18 de enero.

A pesar de que el CANG notificó al Congreso que aún había impugnaciones por resolver, la Junta Directiva de éste ignoró la advertencia. En ese momento varios abogados acudieron a la CC a presentar amparos y apelaciones para impedir la juramentación de Moto, pero el notificador de la CC que acudió al legislativo con los recursos tuvo que esperar horas para ser recibido, mientras el oficialismo juramentaba a Moto como magistrado.

La CC se niega a dar posesión del cargo a Moto

La Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) presentó el mismo 26 un recurso de apelación contra el fallo de la Sala de Apelaciones que permitió la juramentación de Moto en el Congreso. En el transcurso de dos días ya sumaban siete apelaciones, cuatro amparos y un ocurso presentados contra la juramentación del juez Moto por los diputados oficialistas. Es la Corte de Constitucionalidad la que deberá resolver todas estas acciones legales para dilucidar la situación del flamante magistrado.

Hasta el viernes 29, Moto se había presentado tres veces a la sede de la CC para tomar posesión al cargo de magistrado titular. Ese día fue finalmente recibido en la Secretaría General de la Corte, donde se le informó que no podrá tomar posesión del puesto hasta que sean resueltas las 11 impugnaciones planteadas ante la CC.

El “magistrado electo” se queda sin inmunidad

Confiado en su juramentación por el Congreso, y entusiasmado por la sonrisa que le brindaba la buena suerte, Mynor Moto renunció de forma voluntaria a su cargo como juez el 26 de enero, entregando los enseres y el equipo de cómputo al secretario del juzgado. El hasta entonces juez dejó su cargo bajo dos modalidades, una licencia sin goce de salario, y la excedencia, que es una situación en la que el juez deja de prestar el servicio sin renunciar a la condición de miembro de la carrera judicial, no percibe sueldo, pero puede regresar eventualmente a su puesto. La situación de excedencia solicitada por Moto se extiende hasta el 13 de abril, cuando finaliza el cargo que ocuparía como magistrado titular en la CC.

La conclusión lógica es que, al haber renunciado a su cargo, no ejercer como juez de su judicatura, y no haber tomado posesión como magistrado de la CC, el abogado Moto es un ciudadano común y perdió el derecho de antejuicio.

Pero él se aferra a que, aunque ya no es juez, es magistrado electo, y por tanto goza de inmunidad. En esto cuenta con el respaldo del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), que sostiene que la excedencia solicitada por Moto será concedida a partir del momento en que tome posesión como magistrado de la CC; mientras, continúa como juez, pues no han nombrado a su sustituto, y por tanto cuenta con inmunidad. El 2 de febrero el CCJ cambió su versión y en un informe aseguró que Mynor Moto es magistrado titular de la CC desde el 26 de enero, cuando fue juramentado por el Congreso, y por tanto conserva el derecho de antejuicio.

A pesar del respaldo brindado por sus compinches del CCJ, el 1 de febrero el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Ericka Aifán, giró orden de captura contra Mynor Moto por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, en el caso de Comisiones Paralelas 2020. De inmediato el MP realizó un allanamiento en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal en busca del acusado, y otras cinco diligencias el 2 de febrero. Además, el frustrado magistrado fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por la jueza Aifán, y su paradero se desconoce hasta el momento.

En la ya usual guerra de recursos legales, la ong Acción Ciudadana y otras organizaciones presentaron ante el MP una denuncia contra Mynor Moto y los 82 diputados que lo juramentaron como magistrado de la CC; además denunciaron a los tres magistrados de la sala de apelaciones que ordenó al Congreso realizar la juramentación. Como consecuencia, el 4 de febrero la CC, por voto mayoritario, dejó en suspenso provisional la juramentación de Moto, poniendo en pausa las actuaciones o disposiciones que se hayan asumido para su juramentación como magistrado.

El imperialismo gringo ejerce presión

Los reveses sufridos por el abogado Mynor Moto en su afán de llegar a la CC como magistrado no serían comprensibles sin tomar en cuenta la intervención de la embajada de Estados Unidos. La nueva orientación de la administración Biden se ha hecho sentir. El 27 de enero, en una actividad con empresarios, el embajador gringo William Popp hizo énfasis en la necesidad del Estado de Derecho y la gobernanza para el desarrollo económico. Y se refirió a la elección de cortes: “Nos encontramos específicamente en este momento una situación decisiva para la gobernanza, que es la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, que es muy importante y va a definir el futuro de muchas cosas en términos de la seguridad jurídica, y todos, el sector privado y ciudadanos, deben apoyar el proceso que está abierto y pueda conseguir a elegir a una Corte digna e independiente para los próximos cinco años” (Prensa Libre 27/01/2021)

Ese mismo día un alto funcionario del Departamento de Estado declaró: “Nuestro nuevo gobierno está siguiendo de cerca los acontecimientos más recientes que involucran el intento del Congreso de Guatemala de nombrar a una persona con recursos legales pendientes en su contra como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Nos preocupa profundamente que esta acción amenace el Estado de Derecho en Guatemala al debilitar la integridad de su más alta Corte”; en el mismo sentido se expresó la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado del Hemisferio Occidental Julia Chung (El Periódico 28/01/2021). El día siguiente, el portavoz del Departamento de Estado Ned Price emitió una declaración similar en su cuenta de Twitter.

Adicionalmente las embajadas del Grupo de Donantes G-13 (España, Alemania, Canadá, EE. UU., Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Unión Europea, OEA, Naciones Unidas) instaron, en un comunicado, a que la elección de magistrados a la CC sea transparente y con candidatos idóneos (Prensa Libre, 29/01/2021). Otro alto funcionario de la administración Biden, Juan Sebastián González, director de Asuntos Hemisféricos para la región en el Consejo de Seguridad Nacional, manifestó su rechazo a la elección de Moto en términos similares.

La recién estrenada administración Biden y el G-13 intervienen en el caso Moto bajo la falsa premisa de que son los actos de corrupción en los gobiernos los que obstaculizan el desarrollo económico del país y el bienestar de la población. Este es un supuesto falso, sostenido también por numerosas ongs financiadas por ellos, pues pasa por alto la existencia de un modelo capitalista excluyente, que promueve los bajos salarios, una baja tributación por parte de las empresas, las inversiones en áreas que generan pocos empleos, el acaparamiento de tierras y la destrucción del medio ambiente. Como dijimos al inicio, el tipo de capitalismo que impera en Guatemala tiene como un elemento inherente el manoseo de las instituciones estatales para beneficiar los negocios de los empresarios.

Como vemos en el caso Moto, la lucha contra los corruptos se desenvuelve en el ámbito de intrincadas batallas legales cuyo resultado depende, en última instancia, de la honestidad y honradez de los funcionarios en los organismos de justicia. Como todo andamiaje del Estado burgués, el sistema de justicia es fácil presa de los intereses de las estructuras criminales. Por ello proponemos que todos los funcionarios de las cortes sean electos mediante el voto directo, secreto y democrático de la población, y que los electores puedan sacarlos de sus cargos en cualquier momento.