Por Leonardo Ixim

En las ultimas semanas, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por José Currichiche, impuesto por la jefe del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras, ha interpuesto dos recursos de solicitud de antejuicio contra la jueza Erika Aifán, quien preside el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, jueza de mayor riesgo.

Los juzgados de mayor riesgo, creados para llevar casos de criminalidad organizada, originalmente figuraron como un instrumento de parte de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), para procesar penalmente junto al MP a cuerpos ilegales que se dedicaron a delinquir desde las altas esferas del Estado, como los jerarcas del ex gobernante Partido Patriota, en una evolución de los cuerpos clandestinos de seguridad, con origen en el Estado contrainsurgente.

Para tal fin, se creó la FECI, que, con la expulsión de la CICIG y su comisionado Iván Velázquez durante el gobierno de Jimmy Morales, fue dirigida por Juan Francisco Sandoval hoy exiliado en Washington, y continuó con diversos casos que tocaron estructuras ligadas a empresarios oligárquicos y al gobierno de Morales. En ese ínterin, la jueza Afián, junto a otros jueces agrupados en la organización Jueces por la Democracia, fueron aliados y llevaron a cabo diligencias judiciales para determinar la ampliación de estas estructuras, que la CICIG denominó “cooptación del Estado”, pero que, desde nuestra óptica marxista, son parte del continuo control del Estado oligárquico guatemalteco por la clase dominante.

Consuelo Porras, nombrada al frente del MP en el gobierno de Morales, tuvo que convivir con una FECI dirigida por Sandoval, aun después de la expulsión de la CICIG; y que junto a la diligencia de juezas como Aifán continuó investigando a estos cuerpos. Sin embargo, con el gobierno de Giammatei, y el re-control por parte de las élites extremadamente conservadoras y enemigas de cualquier tipo de reformas, se logró, tras expulsar a Sandoval, imponer a Currichiche al frente de la FECI. Este último, que venía de dirigir la Fiscalía de Delitos Electorales, encubrió al ex presidente Morales y a importantes oligarcas que financiaron el partido de ese gobierno anti-popular, cuando estuvo al frente de dicha fiscalía.

A la jueza Aifán la señalan de delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato, en varias investigaciones, tales como Comisiones Paralelas, un proceso penal por trafico de influencias a la hora de designar magistrados de la Corte Suprema de Justicia; sobornos de parte de la trasnacional brasileña Odebrecht; por el caso de Juan Luis Font un periodista con cierto perfil de denuncia a la corrupción pero ligado al grupo empresarial de los Archila Marroquín; y el caso Caja de Pandora, donde se vincula al ex presidente y ex alcalde capitalino Álvaro Arzú y su estructura partidaria con el manejo de grupos delictivos que controlaban las prisiones

Por lo tanto, es una venganza de parte de estas distintas élites y estructuras corruptas contra el papel desempeñado por la jueza Aifán. A las acciones llevadas a cabo por la FECI, ahora convertida en maquinaria de persecución contra jueces honestos, se suma que tanto la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ambas plegadas a las estructuras de poder, le han negado varios recursos y han confirmado los procesos de antejuicio.

Aifán ha recibido apoyo del Departamento de Estado estadounidense, entregándosele un premio por luchar contra la impunidad, a tono de la política del soft power gringo en materia de promoción de los derechos humanos. También recibió el respaldo de una serie de personajes y organizaciones de la sociedad civil vinculados al campo progresista.

El proceso de antejuicio ahora debe ser conocido por un juzgado, el cual obligatoriamente se inhibe de conocerlo, trasladando el expediente a la Secretaría de la CSJ, quien lo envía a la Cámara de Apelaciones y Antejuicios de la CSJ, la cual a su vez procede a elevarlo al pleno de magistrados de la CSJ, para que conozca su caso y emita un fallo. Ante eso, Aifán anunció que recusará a los magistrados para que no conozcan su caso, porque están implicados en el caso de Comisiones Paralelas, pues fueron designados por la influencia de grupos de poder que los promovieron desde las comisiones de postulación.

La persecución contra la jueza Aifán es parte de un proceso de cierre de espacios democráticos y de control absoluto del sistema de justicia parte de los grupos de poder. La defensa de la democracia, más allá de la defensa de personajes democráticos, pasa necesariamente por la demanda de una Asamblea Constituyente Popular de los trabajadores y los pueblos indígenas, que reconstruya el país en base a lo que realmente significa la democracia para el pueblo trabajador.