Por Armando Tezucún

El año 2015 marcó un hito en la historia política del país, cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la entonces fiscal general Thelma Aldana, acusaron al presidente y vicepresidente de la República en ese momento, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, de actos de corrupción, provocando la renuncia de ambos, la desbandada de su gobierno, y, más importante aún, las mayores protestas populares en muchos años.

La oligarquía y el imperialismo gringo, anuentes en diferente medida y por diferentes motivos a la defenestración de los corruptos, lograron capear el vendaval de las movilizaciones encauzando el descontento hacia las elecciones generales de ese año, en que resultó electo presidente el comediante Jimmy Morales.

Pero la CICIG, la FECI y la jefa del MP continuaron con la caza de toda clase de delincuentes que lucraban de las arcas del Estado. Cuando fueron apresados varios prominentes empresarios acusados de financiamiento electoral ilícito y familiares del presidente y el propio mandatario fueron objeto de otras acusaciones, los poderes oligárquicos, del crimen organizado y los políticos a su servicio establecieron una “santa” alianza para desmantelar las estructuras judiciales anticorrupción, vengarse de jueces, magistrados y fiscales, y garantizar que el “2015” jamás se volvería a repetir.

De esta manera, el mandato de la CICIG no fue renovado en 2019, su comisionado Iván Velásquez y otros funcionarios extranjeros fueron expulsados del país; cuando Thelma Aldana finalizó su período, fue acusada por un caso prefabricado de mal manejo de fondos del MP y tuvo que exiliarse en Estados Unidos. La FECI Continuó ventilando casos de corrupción, bajo el mandato del fiscal Juan Francisco Sandoval, hasta que la nueva jefa del MP, María Consuelo Porras, aliada de las estructuras corruptas, lo destituyó en julio de 2021, teniendo que salir precipitadamente del país por sentir amenazada su integridad personal. Junto a Sandoval al menos 13 operadores de justicia han tenido que ir al exilio debido a la persecución contra los funcionarios anticorrupción.

El más reciente episodio de esta campaña de venganza tuvo lugar el 10 de febrero, cuando fue capturada la abogada Leidy Santizo, exmandataria de la CICIG, por obstrucción a la justicia en un caso bajo reserva, aunque se sabe que está vinculado al caso de la empresa constructora brasileña Odebrecht, que sobornó a varios funcionarios guatemaltecos para obtener contratos a su favor. Santizo quedó en prisión provisional en Mariscal Zavala. También fue acusada por el mismo caso Eva Siomara Sosa, exintegrante de la FECI, quien fue detenida el 15 de febrero al presentarse ante un tribunal para aclarar su situación legal.

El caso de Odebrecht está a cargo de la jueza de Mayor Riesgo “D” Erika Aifán, reconocida por su integridad. El exfiscal de la FECI Sandoval fue objeto de una denuncia por supuesta negligencia en este caso, interpuesta por la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo (FCT). Santizo y Sosa están a cargo de la defensa de Sandoval por este caso, y solicitaron conexarlo con el expediente general de Odebrech, a lo que Aifán accedió, con el respaldo de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo. Sin embargo, la FCT presentó un amparo contra esta decisión; el MP, en lugar de recusar la decisión de la jueza Aifán, acusó a las abogadas de obstrucción de la justicia, violando el derecho de petición, con la clara intención de aprehenderlas arbitrariamente a toda costa.

Santizo y Sosa fueron víctimas de agresiones verbales que casi llegan a lo físico por parte de los dirigentes de la FCT Ricardo Méndez y Raúl Falla, que han actuado como esbirros de las estructuras corruptas.

El 16 de febrero el MP anunció la captura de dos auxiliares fiscales de la FECI, Willy Racanac López, Paola Mishelle Escobar, y la orden de captura contra Rudy Herrera y Aliss Noemí Morán, por el supuesto delito de abuso de autoridad en el caso de Comisiones Paralelas 2020. Supuestamente habrían intimidado a un denunciante para que suscribiera un convenio de colaborador eficaz y brindar información testimonial de hechos falsos. Herrera, quien tenía a su cargo el caso Comisiones Paralelas, salió al exilio el día 17.

Exigimos el cese inmediato de esta descarada vendetta contra los funcionarios de justicia que han perseguido a los corruptos, y la liberación de los detenidos. Demandamos también la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. El sistema de justicia en Guatemala necesita una completa renovación. Esto implica un cambio radical en el sistema de elección de magistrados, fiscal general y jueces, que debe ser por elección popular secreta y directa, y deberán poder ser removidos de sus cargos en cualquier momento al incurrir en faltas.