Por Ricardo Patzán

El presidente Alejandro Giammattei enfrenta el segundo caso en que aparece involucrado en actos de corrupción. El primero fue el de la “Alfombra Mágica”, según el cual recibió un aporte millonario de parte de empresarios rusos para que les permitiera utilizar instalaciones portuarias, dinero que le fue entregado dentro de una alfombra enrollada.

El nuevo caso fue publicado por el medio digital salvadoreño El Faro el 14 de febrero. En un artículo, el periodista José Luis Sanz afirma que un testigo acusó a Giammattei de haber financiado su campaña de la segunda vuelta electoral con dinero procedente de sobornos a empresas constructoras. El testigo en cuestión, que hasta ahora permanece en el anonimato y solamente se le conoce como “Testigo A”, pero que fue allegado del presidente en el partido oficial Vamos, declaró el 18 de mayo de 2021 ante la jueza Erika Aifán que en 2019 el mandatario negoció con el entonces ministro de comunicaciones, infraestructura y vivienda del gobierno de Jimmy Morales, José Luis Benito, un aporte de Q 20 millones (US$ 2.6  millones) a la campaña electoral, a cambio de mantenerle en el cargo un año más para continuar operando la estructura de corrupción en obras públicas y no dejar interrumpidos negocios pendientes con empresas constructoras. El Faro afirma que el FBI y el Departamento de Estado de Estados Unidos tienen copia del testimonio desde hace meses. La identificación del “Testigo A” y una copia de su declaración están guardadas en la caja fuerte del tribunal D de Mayor Riesgo, a cargo de la jueza Aifán.

La declaración del testigo se dio en una audiencia de anticipo de prueba como parte de la investigación que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) abrió en octubre de 2020 por el descubrimiento de Q 122 millones guardados en 22 maletas en una casa de Antigua Guatemala, alquilada por el exministro Benito. La declaración fue grabada en presencia de la jueza Aifán, dos fiscales del Ministerio Público y una abogada defensora.

El Testigo A afirmó que en julio de 2019 participó en una reunión con Giammattei, Giorgio Bruni (en ese momento secretario general del partido Vamos), quienes hablaron por teléfono con Benito y acordaron la forma como sería entregado el dinero. Para ello serían utilizados agentes de la Policía Nacional Civil, gracias a los buenos oficios del entonces ministro de Gobernación Enrique Degenhart. En el trato estaban involucrados 12 proyectos de construcción de carreteras por un monto de Q 1,471 millones, de los cuales 11 fueron adjudicados y otros está en proceso de licitación (Prensa Libre 15/02/2022).

Las empresas beneficiadas con los proyectos son: Coamco, Supervisión Construcción y Mantenimiento (SCM), J. J. R. M. y Prourba. En el portal Guatecompras consta que las cuatro constructoras aumentaron significativamente los montos que les fueron adjudicados en obra pública desde que Benito asumió su cargo en abril de 2018 hasta los primeros dos años del gobierno de Giammattei. Éste al final no conservó a Benito en el cargo de ministro, pero cumplió con beneficiar a las empresas. 

Como era de esperarse, el gobierno, por medio del secretario de comunicaciones de la presidencia Kevin López, negó la veracidad del artículo de El Faro y dijo que es una campaña “de parte de los enemigos de la democracia y la legalidad en Guatemala…un ataque político coordinado, cuya única intención es querer dañar la imagen del señor presidente de la República” (La Hora 15/02/2022). El exministro Degenhart también negó los hechos.

Pero el actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche reconoció implícitamente la existencia del caso y de las declaraciones del “Testigo A”. El fiscal dijo estar preocupado por la publicación de El Faro, pues pone en peligro la investigación y a las personas que aparecen en ella, dándose una obstrucción a la investigación; de hecho, presentó una denuncia ante el jefe de la Oficina de Atención Permanente del MP, diciendo que el artículo de José Luis Sanz se refiere a actos de investigación, los cuales se encuentran bajo reserva total en la agencia fiscal número 8 de la FECI. Esto, según Curruchiche, podría haber generado un ilícito penal, solicitando que se investigue quién filtró la información del audio a que hace referencia El Faro (con información de Prensa Libre 15/02/2022).