Por Leonardo Ixim

Se acerca la recta final para seleccionar al nuevo fiscal general o jefe del Ministerio Publico (MP) de Guatemala, cargo que ostenta la cuestionada Consuelo Porras, quien a su vez busca su reelección, por parte de la Comisión de Postulación conformada para este proceso por el Congreso de la Republica según establece la Ley Orgánica del MP y una ley especifica que ordena el funcionamiento de estas postuladoras de 2009.

El mecanismo de comisiones de postulaciones existe en Guatemala para elegir diversos cargos designados, algunos por el Congreso o por otras instancias, como las universidades del país y colegios de profesionales.

El caso de la postuladora para nombra al jefe del MP, se conforma por el presidente del Organismo Judicial (OJ) y la Corte Suprema de Justicia. Además, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), el presidente del Tribunal de Honor de ese colegio y los decanos de las distintas de las facultades de derecho de las universidades, tanto la pública como las privadas. El CANG ha sido cuestionado por ser una plataforma para los distintos grupos fácticos que disputan el control del Estado, así como los decanos de las universidades, desde la San Carlos, pasando por las tradicionales del sector privado, como otras de reciente creación que se arman solamente para participar en estos procesos

Sin embargo, existe la percepción de que en esta ocasión estos comisionados actuaron con más sensibilidad, ante la gran cantidad de candidatos cuestionados por decisiones que favorecen la impunidad y la corrupción, que han sido parte del aparato de control que las fuerzas conservadoras han establecido para no perder ningún privilegio, después del somatón que implicó el cuestionamiento al régimen político en 2015 y las acciones llevadas a cabo por la CICIG de Iván Velázquez y la FECI contra empresarios y políticos corruptos.

Estos señalamientos o tachas, como se dice en la jerga local, son puestos por organizaciones civiles y personas individuales, deben ser tomados en consideración para los criterios de los comisionados, junto a las tablas de gradación, que mide la calificación, idoneidad, honestidad y otros factores, de los candidatos; así como el proceso de revisión de la documentación que los acredita, las pruebas de descargo y las entrevistas recién finalizadas.

En el caso de Porras, que ha sido aliada de estas fuerzas y del gobierno de Giammattei, amparando casos de corrupción de este gobierno y de otros actores de tales fuerzas conservadoras, ella ha recibido tachas por la designación del Departamento de Estado de EEUU al aparecer en la Lista Engel; por incumplir méritos de capacidad y probidad en varias investigaciones penales; por falta de reconocida honradez en plagiar su tesis de licenciatura, y además, con absoluta prepotencia a la hora de ser entrevistada, amenazó a los comisionados de ser investigados si pretendían indagar sobre tal plagio.

Otro cuestionado es el actual titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN) Jorge Luis Domado Vivar, hombre de confianza de los últimos dos gobiernos derechistas, señalado de la defensa de una persona vinculada al clan de narcotraficantes los Mendoza Matta, también por incumplir deberes al frente de la PGN y por no defender a los pacientes internados en el hospital de salud mental Federico Mora. Otro caso es el de José Urrutia, señalado en una investigación periodística por ser testaferro de la “off shore” Sigma Constructores, que transfirió dinero a cuentas del desaparecido Partido Patriota; así como Gloria Suchité, quien ha integrado salas como magistrada suplente desbaratando casos de corrupción para favorecer a personas como el ex diputado Armando Escribá por un lado, y señalada por otro lado de anular el caso Fénix sobre un desfalco millonario al Instituto Guatemalteco del Seguro Social. Otro señalado con tachas es el magistrado Henry Díaz, por aparecer en una grabación con el empresario Gustavo Alejos, investigado por la FECI en el proceso de tráfico de influencias para elegir magistrados del OJ en 2019.

En todo esto proceso se puede decir que hay algunos candidatos desconocidos que han cuestionado la forma de actuar del MP y de la actual gestión de Porras. A esto se suma, según Prensa Comunitaria, la limitación para que jueces de primera instancia puedan participar en el proceso, ya que cierra la posibilidad para que funcionarios con experiencia en materia penal participen, esto tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad puesta por otro abogado afín a estas fuerzas conservadoras, que obliga a los jueces que quieran ser candidatos a tener 10 años de ejercicio profesional.

Reiteramos nuestra postura de que todos los funcionarios judiciales sean electos por voto democrático, popular, libre soberano y secreto, como forma de evitar los manejos oscuros que hacen las estructuras corruptas en este tipo de nombramientos.