Por Leonardo Ixim

Se terminó de complementar la lista de los seis candidatos escogidos por la Comisión de Postulación para elegir al jefe del Ministerio Público (MP) 2022-2026. Esta comisión está conformada por los decanos de las facultades de derecho del país, la presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el presidente del tribunal de honor de ese colegio profesional.

Como una historia ya contada, el bloque conservador que controla el Estado de Guatemala y las instituciones del régimen político, logró, después de realizar presiones, imponer a candidatos proclives a los intereses de este bloque, especialmente la actual jefe del MP Consuelo Porras y el actual procurador general de la republica Jorge Donado; esto sin que los otros candidatos -todos ostentan cargos en los órganos de justica o son fiscales actuales- estén exentos de señalamientos de satisfacer los intereses y/o ser parte de los actores que dominan a partir de la corrupción y la impunidad el Estado.

La postuladora priorizó, a partir del uso de la tabla de gradación y un punteo, que en un inicio era 75 puntos sobre 100 la nota base para ser tomada en cuenta y después lo bajó a 60 puntos, para acreditarles méritos académicos y ser finalista; así, en el ínterin, la actual fiscal general Porras fue calificada con una nota de 90 puntos (el punteo más elevado de todos los aspirantes) pese a que está acusada de plagiar su tesis de posgrado.

Después de generar toda una serie de presiones, entre ellas un amparo otorgado a dos abogados al servicio de estos grupos por la Corte de Constitucionalidad (CC) para que la Comisión de Postulación tomara en cuenta la evolución mencionada, supuestamente en base a criterios de índole profesional y meritocráticos, así como que el presidente de la república tenga que elegir a seis finalistas con esos criterios.

Lo llamativo de eso, que a simple vista pareciera normal, es que la postuladora en cuestión y otras comisiones similares, nunca han hecho de ese criterio de selección un asunto uniforme a la hora de decidir los postulantes finales. Por ende, todo fue un plan para que la desprestigiada fiscal general resultara nominada.

Posiciones de los comisionados

Este tipo de comisiones regulados por una ley ordinaria de 2009 y por la ley orgánica del Congreso, participan, como se dijo, representantes de las universidades, pomposamente llamada academia, del cuerpo gremial de abogados, el CANG, y el Organismo Judicial, es decir la CSJ. Como ha sido señalando y es de conocimiento de la opinión publica, aunque alejado de las realidades inmediatas del pueblo, este sistema de índole corporativo es un trampolín para rotar cargos manteniendo alfiles de ese bloque conservador gobernante, tanto en los que participan como miembros de la postuladora como en los candidatos que re-seleccionan.

En el proceso de deliberación de parte de los comisionados, la anticomunista Fundación Contra el Terrorismo, dirigida por el impresentable Ricardo Ruiz, quien la hace de guardián del bloque conservador, consideró que algunos decanos eran proclives a no apoyar a Porras y a los peones cercanos al gobierno; tal fue el caso del decano de la Universidad Da Vinci (privada) David Gaitán, quien renuncio; así como también denunció al decano de la jesuita Universidad Rafael Landívar,  Rolando Escobar, de estar en contubernio con Helen Mack y con la embajada de Estados Unidos.  Mack, némesis de Ruiz, es una activista de derechos humanos cercana a la línea “de impulso a los derechos humanos” de la administración demócrata, una de las estrategias del soft power imperialista enemigos de los actores corruptos y ultra conservadores que dirigen al actual gobierno de Giammatei.

En otro orden de cosas, entre los comisionados afines al oficialismo, están la actual presidente de la comisión y presidente en funciones de la CSJ, Silvia Valdez, la decana de la Universidad San Pablo, el decano de la Universidad Rural y el decano de la Universidad Panamericana.

La prensa, por su parte, determina otro grupo que gira alrededor de la Universidad de San Carlos (USAC), pero que está lejos de tener posturas progresistas, ya que es parte del bloque conservador. Aquí entran el presidente del CANG Fernando Chajón, el presidente del tribunal de honor de ese colegio profesional, Esvin Rocancoj,  el decano de la Facultad de Derecho de la USAC, Henry Arriaga  y el decano de la Universidad Rural, un negocio montando por ex rector Estuardo Gálvez.

El otro sector mencionado es el de los decanos de las universidades vinculadas a los sectores de la burguesía, la tradicional oligarca y la emergente: los decanos de las universidades Rafael Landívar, Francisco Marroquín, Del Valle, Mariano Gálvez, Da Vinci, Del Istmo, Mesoamericana y Occidente, que, en último término, al igual que el bloque anterior, terminaron votando por la nómina oficialista.

La nomina finalista

La postuladora decidió a finales de la semana pasada de definir cinco finalistas; sin embargo, no terminaban de ponerse de acuerdo si incluir a la desprestigiada Porras, que, como recordamos, ha sido incluida en la Lista Engel promovida por el Departamento de Estado como una persona que  fomenta la violación a los derechos humanos, después de que está desmantelando el trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y obligó a salir al exilio al responsable de ésta, Juan Francisco Sandoval.

Posteriormente, Porras logró ser nominada, convirtiéndose en la sexta y última finalista, logrando votos de  la presidente de la CSJ, el presidente del CANG, el presidente del tribunal de honor de este colegio profesional, el decano de la Facultad de Derecho de la USAC, todos estos ya mencionados, además de Luis Aragón decano de la Universidad San Pablo, Enrique Sánchez de la Universidad Panamericana, Ana Suasnavar decana de la Universidad de Occidente y Alejandro Arenales de la Universidad del Istmo.

Además, la mentada Fundación Contra el Terrorismo (FCT) presentó una denuncia penal en contra de siete decanos integrantes de la postuladora, que no votaron a favor de la fiscal general María Consuelo Porras, calificando a estos paradójicamente de ser parte de una estructura criminal y no reconocerles sus capacidades académicas. Esta organización se ha destacado como la defensora de la impunidad de Porras y del MP en los últimos meses, así como defensora del gobierno en todos sus actos.

Paralelamente, la CC, como mencionamos, aceptó un amparo promovido por los abogados Erick Castillo y Mynor Cate, cercanos al tambien abogado Roberto Lopez conocido como el “rey del tenis”, otro personaje perteneciente a estos grupos de poder, hoy detenido por investigaciones de la FECI. Tal amparo lo conoció la CC sin tener capacidad para ello, segun opiniones de profesionales del derecho reportadas en los medios, ya que correspondía a un juez de instancia segun la ley de amparos conocer el amparo, esto pese a que la misma CC dijo no tener competencia, justificando obligatorio conocer un caso de esta natureleza ante circunstancias lo ameritaban hacerlo.

Este órgano, que debe mantener el respeto de la constitucionalidad burguesa, a partir del control actual que tiene el oficialismo por medio de Dina Ochoa -señalada tambien de plagio de tesis- representante del Organismo Legislativo en la CC, se ha pasado por alto los mismos mecanismos constitucionales y legales de su misma institucionalidad, ya a partir de fallos de las cortes anteriores se reconoció varios derechos sociales y políticos de la clase trabajadora, sobre la rapacidad empresarial.

Por otro lado, la presidente de la CSJ, Silvia Valdez, amenazó también a los otros miembros de la postuladora que, si no se incluía a Porras, la comision no iba mandar el listado final, cayendo en ilegalidad al retrasarse la nómina final. Tal situación y el amparo resuelto de forma expres por la CC obligó algunos postuladores, según reporta la prensa, a votar de último por Porras.

Entre los otros finalistas, además de Luis Donaldo, hombre de confianza del actual gobierno, que fue vetado por la CICIG por el proceso de postulación para Salas de Apelaciones en 2019; de haber sido abogado defensor de Álvaro Matus, por irregularidades en el manejo de la investigación por el asesinato del investigador policial Víctor Rivera; y además de estar vinculado con el clan de narcotraficantes de los Mendoza Matta.

Otros finalistas son Nicolás De León, presidente de la Sala Cuarta de Apelación Penal desde 2016, que en noviembre del 2020 integró como suplente el pleno de la CSJ avalando dar trámite al antejuicio contra los magistrados de la CC anterior Francisco De Mata Vela y Gloria Porras -quienes asumieron en varios fallos una postura contra estas prácticas pro impunidad-, presentado por la abogada Amanda Santizo, miembra de otro grupo de extrema derecha llamado Guatemala Inmortal, defensora de los ciudadanos rusos Bitkov,  por un caso de migración ilegal.

Tambien es finalista Darlene Monge, fiscal de sección adjunta de Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, desde septiembre de 2015 a la fecha; fue aspirante a magistrada de la Corte de Apelaciones en 2009, 2014 y 2019. Gabriel García Luna, Magistrado vocal de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones y presidente de la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial, como presidente de esta instancia conoció casos contra el juez Miguel Angel Gálvez otro de los jueces que ha asumido una línea de procuracion de la justicia y de otros operadores de justicia de carácter democrático. Así como Henry Elías Wilson, magistrado de la Sala de Feminicidio, con un proceso promovido por la FECI en febrero de 2021 por el caso “Comisiones Paralelas 2020” señalado de tener vínculos con el reo y empresario Gustavo Alejos por ese caso.