Por Leonardo Ixim

La apertura del campus central de la Universidad de San Carlos (USAC) el pasado viernes 9 de junio cierra una etapa de lucha de la llamada Digna Resistencia Universitaria contra el fraude electoral donde se impuso al ex decano de la Facultad de Humanidades, Walter Mazariegos en el cargo de rector de la USAC.

La imposición de Mazariegos es producto de una serie de factores de parte de un sector conformado por grupos mafiosos y burocráticos al interior de la USAC, que ya tenían el control de la Facultad de Humanidades y otras como Derecho, Ingeniería y Ciencias Económicas; y de centros universitarios departamentales como el de Quetzaltenango y otros. Pero, a raíz de las detenciones y procesos penales llevados a cabo por la desaparecida CICIG junto al Ministerio Público, de los ex rectores Murphy Paiz y Estuardo Gálvez, el primero ex decano de la Facultad de Ingeniería y el segundo ex decano de la Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales, hubo realineamiento de estos factores de poder, imponiéndose en un fraude contra el grupo SOS USAC, que aglutinó a los sectores progresistas y democráticos de la U.

Este estuvo ligado, como bien lo señala un comunicado de la Coordinadora General de Estudiantes (CGE), a la llamada cooptación de la institucionalidad estatal, así como de los  poderes públicos tales como las cortes de justicia, la Corte de Constitucionalidad y obviamente el legislativo; siendo un ejemplo que el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Luis Suárez, que compitió para el cargo de rector y quien se sumó al fraude de Mazariegos, hombre ligado a núcleos del empresariado oligarca, vaya de candidato a vicepresidente por el partido gubernamental VAMOS, junto a Manuel Conde Orellana, y diputado ligado a los grupos de poder económico y político.

Cuando hablamos de cooptación de la institucionalidad estatal no queremos decir lo mismo que cooptación del Estado, porque la primera es elástica y tiende a tener cierta autonomía en algunos casos, mientras que el Estado en su conjunto es un instrumento de dominación de la clase capitalista y ha sido un error considerar que fue cooptado, porque este no ha sufrido ninguna modificación estructural, más que ciertos cambios en el régimen político. Este tiende, en los últimos gobiernos y con más fuerza con el actual, a convertirse en autoritario.

Retomando el punto, ha habido mucha crítica de que la toma del campus universitario y otros recintos, siendo la ocupación más larga en la historia de la universidad por estudiantes, no dio sus frutos y fue una verdadera pérdida de tiempo, además de que aparecieron conductas de elementos lúmpenes que usaron el espacio no para desarrollar una lucha política, sino para convertirlo en su propio espacio de festejos.

Nosotros ya a mediados del año pasado identificamos que la acción de toma, la cual tiene características defensivas que puede cerrar las posibilidades ofensivas de una lucha, había que dar paso a un retorno de la presencialidad, que como se sabe, fue detenida por la pandemia del COVID-19. Pero la USAC fue la última universidad en retomar clases presenciales y eso se debió a que la administración fraudulenta de Mazariegos utilizó la toma a su favor; a la par que criminalizaba a quienes resistían, usaba promesas populistas como la cuarta oportunidad para materias que se pierden tras la tercera prueba para aprobar un curso, y la promesa de que no iba a haber restricciones para acceder a la educación superior del universo de graduandos de educación media. El hecho que las clases eran virtuales mostró lo negligente y la falta de previsibilidad de las autoridades en las capacidades, donde deben primar los criterios de acceso a la educación, sobre todo.

Sin embargo, la toma fue demasiado larga, aisló la lucha, se dejó de realizar otros métodos de lucha como las manifestaciones que hubo en cierto momento; no logró una real articulación con las organizaciones sociales, pese a la solidaridad y al apoyo entre estudiantes y otros grupos populares, entre otras cosas. Es decir, fue un sacrificio de parte de la CGE y otras expresiones docentes y de trabajadores administrativos y de servicios contra el fraude, que solo desgastó y al final cayó bajo el control de elementos apolíticos.

Consideramos que el retorno a la presencialidad es vital, pues solo en las aulas y en los puestos de trabajo físicamente, los docentes, estudiantes y trabajadores pueden articular un movimiento contra el fraude. Es otras palabras, se debe reajustar las tácticas, como recuperando asociaciones estudiantiles, los sindicatos, las asociaciones de docentes y mantener la organización para afrontar los problemas cotidianos laborales y del proceso de enseñanza-aprendizaje.