Por Amílcar Sarat

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dirigido por el sempiterno líder Joviel Acevedo, se movilizó el pasado 4 de mayo en todo el país, y el 12 de mayo en solo en la ciudad de Guatemala, realizando paros breves de parte de maestros en algunos centros educativos, con el fin de presionar para que no se aprobara la iniciativa de ley 5563, de reforma a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado.

El STEG, formado a mediados de la década de los 80s del siglo pasado, es una de las organizaciones sindicales más fuertes de Guatemala. Esto en un país que, debido a las transformaciones en la estructura económica en materia laboral, no se respetan los derechos sindicales; la tasa de sindicalización es baja, y esta organización ha sido dirigida por lo menos desde hace más quince años por Acevedo. Este ha sido un líder polémico, un típico burócrata que mantiene sus privilegios resolviendo las demandas económicas legitimas de los trabajadores de la educación pública, además de negociar en función de estas dos variables, con los gobiernos de turno.

Los pactos colectivos en el sector educativo han servido para aliviar en cierta manera la crisis económica del gremio magisterial; se reconoce aumentos salariales cada cierto tiempo, más bonificaciones. Esto ha sido cuestionado por sectores neoliberales, como la organización Empresarios por la Educación, que buscan privatizar la ya de por si corroída educación pública. Recordemos que la sindicalización en la educación privada es perseguida y casi nula, y las condiciones de trabajo de los docentes son totalmente deplorables. Así también una bola de plumíferos alega que el Estado no tiene capacidad de satisfacer las demandas salariales, anteponiendo ridículamente la calidad educativa con las mejoras laborales.

Por otro lado, Acevedo usa la renovación constante del Pacto Colectivo para negociar apoyos a los gobiernos de turno, en algunos casos con medidas claramente anti populares, por ejemplo, cuando apoyó la eliminación de la carrera del magisterio en 2011 o cuando respaldó al defenestrado gobierno de Otto Pérez Molina en 2015.

Así también, ha usado como moneda de cambio, demandas históricas como la incorporación a plazas presupuestarias de una gran cantidad de docentes que trabajan con contratos renovables cada año. Esta demanda inicialmente la levantó un insignificante sindicato como es SAMGUA y que oportunistamente, negociando a cuenta gotas la incorporación, la ha asumido el STEG.

Con respecto a la problemática en cuestión, la burocracia del STEG ha convocado a asambleas en lo que respecta a lo nocivo de la iniciativa de ley 5563. Discutiendo el punto sobre el aumento del montepío, es decir la cuota de la jubilación que favorece a los maestros pasivos o en situación de retiro, sostenido por el aporte del maestro en activo, pero también por parte de la patronal, en este caso el Estado.

Esta iniciativa trata básicamente del aumento del descuento del montepío para el maestro, para poder aumentar el techo de jubilación de las clases pasivas. Sin embargo, el carácter anti laboral consiste en que ese aumento saldrá del salario base en estos momentos de escalada inflacionaria, reformando el monto para jubilación, que está entre un 9 al 15 por ciento hasta un rango del 13 hasta al 20 %. A esa sucia jugada se han sumado grupos organizados de jubilados que sin duda han sido engañados.

Por otro lado, dentro de las propuestas de parte de las autoridades de gobierno, se pretende pasar los fondos de montepío a una entidad bancaria privada, lo cual convierte los fondos de jubilación en un negocio como otros que el Estado ha otorgado a la burguesía financiera, para que manejen los fondos públicos. Esto pondría en riesgo los ahorros y la estabilidad financiera de muchos maestros, que de por si están endeudados con créditos otorgados por bancos privados.

Acevedo argumenta que el aumento para las jubilaciones a las clases pasivas debe salir de las regalías a las actividades mineras y otorgadas en el presupuesto público. Esta es una demanda progresiva que apoyamos, es más, todo aumento de los ingresos a los empleados públicos decimos, debe salir de la parte patronal, es decir el gobierno, por medio de impuestos a las riquezas de los grupos oligárquicos, sobre todo al sector financiero.