Por Armando Tezucún

Las estructuras de empresarios, narcos, militares y políticos que han copado las instituciones del Estado para beneficiar sus negocios, están haciendo hasta lo imposible para evitar que el binomio democráticamente electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, tome posesión el próximo 14 de enero de 2024. En la movida más reciente, se han sacado de la manga un caso denominado por el Ministerio Público “Usac: Botín político”, mediante el cual acusan al binomio y a diputados del Movimiento Semilla y del partido Vos, de promover la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos en 2022 para beneficiar a sus respectivos partidos. Arévalo, Herrera y los diputados tienen solicitud de antejuicio, y fueron capturadas seis personas que fueron acusadas por dos delitos y recibieron arresto domiciliario.

Paralelamente, hay un proceso de antejuicio contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral por la compra supuestamente anómala del sistema informático que sirvió para transmitir los datos de la votación en el reciente proceso electoral. La intención sería anular el resultado de las elecciones y llevar a juicio a magistrados y autoridades electas, para que en enero asuma un gobierno afín a las redes de corrupción. Este es un camino riesgoso para quienes pretenden preservar el status quo, porque provocaría un movimiento de protesta popular más fuerte que las movilizaciones de octubre, y llevaría a un enfrentamiento directo con los gobiernos imperialistas de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero no descartamos que se de esta posibilidad, en vista de la poca sensatez demostrada y las burdas maniobras a que estos personajes han recurrido.

Hay un plan B que ya está en curso: atar de pies y manos al futuro gobierno de Arévalo, a través del presupuesto de gastos del Estado para 2024.

El 1 de septiembre, el ministro de Finanzas Públicas presentó al Congreso de la República para su discusión y aprobación, el presupuesto gubernamental para el próximo año, por la suma de Q 124 mil 880 millones. El proyecto pasó a discusión en el seno de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. El 19 de septiembre, delegados de Semilla solicitaron que el monto del presupuesto sea aumentado a Q 127 mil 680 millones, Q 2 mil 800 millones más; la razón de la solicitud es que haya fondos disponibles para cubrir los planes del futuro gobierno en temas de salud, educación, seguridad e infraestructura. En posteriores reuniones con la comisión, los representantes del futuro gobierno redujeron el incremento solicitado a Q 1 mil 800 millones, para un total de Q 126 mil 680 millones.

El 23 de octubre la Comisión de Finanzas emitió su dictamen favorable al proyecto de presupuesto, omitiendo la solicitud hecha por los representantes del gobierno electo. Sin embargo, el monto original de Q 124 mil 880 millones fue reajustado para beneficiar a instituciones del Estado que han sido claves en el intento del oficialismo de frenar el resultado del proceso electoral. Así, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, el Organismo Judicial, la Procuraduría General de la Nación, y otras instancias fueron favorecidas con incrementos en su presupuesto; este aumento salió de los recortes hechos a ministerios de beneficio social, como salud, agricultura, gobernación, desarrollo social, cultura y otros.

Además, se agregó la propuesta de que cuando el gobierno necesite colocar los bonos contemplados en el presupuesto, podrá hacerlo solo si el Congreso lo autoriza, algo que nunca se habría aplicado a los anteriores gobiernos. Esto deja al futuro gobierno sujeto al capricho de las bancadas de oposición.

Teniendo como fecha límite para aprobar el proyecto de presupuesto el 30 de noviembre, el Congreso le dio trámite en primera lectura el día 23. Aún hay una posibilidad de que el plan de gastos no sea aprobado, lo que dejaría vigente el presupuesto de 2023, mucho menor de lo que requeriría el gobierno de Arévalo, pero sin la necesidad de que el Congreso apruebe la asignación de bonos del tesoro.

Si Arévalo y Herrera asumen el gobierno, se avecina un agudo enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo, además de que las cortes de justicia y el Ministerio Público estarán en su contra. Insistimos en que las organizaciones populares deben conservar su independencia política con respecto a Arévalo y la alianza que ya forjó con sectores de la burguesía, en la que incorporó a la dirigencia de las comunidades indígenas. Debemos prepararnos para defender las libertades democráticas en la próxima coyuntura, elaborando un programa de lucha independiente que nos permita exigir al gobierno de Arévalo cumplir con las necesidades populares, y romper el pacto con la burguesía.