Por Armando Tezucún

La fiscal general, María Consuelo Porras, protectora y defensora de las mafias que por años han lucrado mediante negocios turbios con los fondos del Estado, no se da por vencida en su empeño por desacreditar y destituir al gobierno, en especial al presidente Bernardo Arévalo.

El 31 de julio, la jefa del Ministerio Público (MP) solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) la destitución de varios de los funcionarios del gobierno y que se inicie un proceso contra Arévalo. Porras se respaldó en un amparo provisional otorgado el 8 de mayo por la CC a favor del MP, en el que se ordena al ejecutivo evitar acciones que tiendan a coartar la autonomía funcional y económica del MP. En ese sentido, la fiscal general presentó en la CC una debida ejecutoria para que se cumpla dicho amparo, en vista de recientes críticas y señalamientos hechos por funcionarios del gobierno contra Porras y personeros del MP en torno a acciones legales relacionadas al caso que esa entidad lleva sobre el proceso electoral del año pasado, en especial contra el partido de gobierno, Movimiento Semilla.

Específicamente, se trata del requerimiento, por parte de fiscales del MP, de archivos físicos y digitales al Tribunal Supremo Electoral (TSE), con información sobre los exintegrantes de las Juntas Electorales Departamentales y del Distrito Central, y lo más grave, la requisición del Padrón Electoral. El 29 de julio, la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, declaró que el MP no ha dejado de solicitar todos los días materiales y archivos al tribunal, y que la requisición de computadoras con el padrón es muy delicada, pues contiene datos confidenciales de más de 10 millones de personas. Ese mismo día, el secretario de comunicación del gobierno, Santiago Palomo, calificó como secuestro la requisición del Padrón Electoral, diciendo además “El Gobierno de la República urge a las autoridades del Sistema Judicial a corregir las acciones de los jueces y fiscales que han permitido el abuso institucional a manos del Ministerio Público” (Prensa Libre 20/07/2024).

En un extenso video, la fiscal Porras acusó al gobierno de querer tomar el control del MP, y solicitó, en base al amparo provisional del 8 de mayo de 2024, la destitución del secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica; el procurador general de la nación. Julio Roberto Saavedra Pineta; el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos; y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo Vila, además de pedir el inicio de un proceso penal contra el presidente. Porras acompañó la denuncia de una crítica a la reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no la favoreció, y de ataques a la gestión de Arévalo en el gobierno, por el alza en los precios de los alimentos y la falta de reparación de carreteras dañadas por las lluvias.  

En respuesta a las acciones de la fiscal general, el 1 de agosto el ejecutivo anunció que solicitó el retiro del derecho de antejuicio de Porras, por los delitos de violación a la Constitución y abuso de autoridad; además, solicitó la revocatoria del amparo provisional de mayo que protege a Porras. El 29 de febrero la presidencia ya había presentado una solicitud similar, a la que aún no se ha dado trámite. Arévalo arremetió contra la fiscal, tildándola de “actor antidemocrático”, de restar importancia a “casos graves de lavado de dinero y robo a costa del pueblo, mientras criminaliza a periodistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia y funcionarios de este gobierno que le son incómodos para sus acciones corruptas” (Prensa Libre 01/08/2024).

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad todavía no se pronuncian sobre las solicitudes de Porras y Arévalo. Tienen en sus manos una brasa caliente, pues la destitución de funcionarios de gobiernos y la suspensión del derecho de antejuicio del presidente podrían derivar en una crisis del orden constitucional; habrá que ver si valoran más su alianza con la fiscal general y las estructuras corruptas, que su deber de velar por el buen funcionamiento del orden legal del país.

Lo que se evidencia una vez más es que Arévalo insiste en recurrir a maniobras legales para desembarazarse de la jefa del MP, en vez de buscar el apoyo de los sectores de la población que aún lo respaldan. Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas y populares para reclamar en las calles la renuncia de Porras y su banda de corruptos, tal como lo hicieron valientemente en octubre del año pasado; no se trata de defender al gobierno de Arévalo, quien por su alianza con los empresarios y los imperialismos extranjeros no se atreva a movilizar al pueblo trabajador, sino de defender los derechos democráticos frente a las mafias corruptas que se han enquistado en las instituciones del Estado.