Por Leonardo Ixim

En los últimos días se dio la visita de altos funcionarios del Sistema Internacional de Derechos Humanos a Guatemala, es decir del austriaco Volver Turk, quien preside el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dirigida por la presidente de este organismo, la barbadense Roberta Clarke.

La visita de la CIDH además tuvo la presencia primer vicepresidente Carlos Bernal, el segundo vicepresidente José Luis Caballero, el Comisionado Arif Bulkan, y las Comisionadas Andrea Pochak, Relatora para Guatemala y Gloria De Mees, la Secretaria Ejecutiva Tania Reneaum, la Secretaria Ejecutiva Adjunta María Claudia Pulido, la Jefa de Gabinete Patricia Colchero; junto a los relatores especiales para la libertad de Expresión Pedro Vaca y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales Javier Palummo.

Situación de los derechos humanos en Guatemala

Los últimos tres gobiernos, han sido conformados por grupos emergentes burgueses, que no han roto del todo con los núcleos corporativos oligárquicos, además de que fueron controlados por partidos ultraconservadores y ligados a estructuras de origen contrainsurgente, denominado Pacto de Impunidad, el cual no es más que el bloque conservador en el poder; así, la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pretendía desarmar estas estructuras, tipificadas primero como cuerpos clandestinos de seguridad que evolucionaron a redes político económicas, que se caracterizaran por el manejo del poder factitivo en el Estado, pero a la vez como campo de acumulación capitalista En ellos  la situación de los derechos humanos empeoró.

Otra de las características de estos gobiernos fue el endurecimiento del régimen político, al hacerlo más antidemocrático y perseguidor de las libertades fundamentales. Vemos el caso tanto de lideres comunitarios y de organizaciones populares criminalizados, exiliados y asesinados, organizaciones como CODECA, CUC y CCDA, así como autoridades comunitarias que se han opuesto a la presencia de proyectos que explotan bienes comunitarios en territorios rurales e intentos de organización sindical en maquilas, beneficios de café y plantaciones de productos agrícolas.

También la persecución a ex funcionarios del Ministerio Público (MP) que actuaron en coordinación con la CICIG (como Juan Francisco Sandoval que dirigía la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, ahora en el exilio), desde que Consuelo Porras, un alfil del bloque conservador del poder, asumió la dirección del MP. Entonces esta FECI, ahora dirigida por Rafael Curruchiche, es el instrumento de criminalización de estos ex fiscales, por ejemplo, el caso de Virginia Laparra, condenada a cuatro años de prisión el 16 de diciembre de 2022 y recientemente en junio fue condenada nuevamente por un tribunal de la ciudad de Quetzaltenango; Laparra fue calificada como presa de conciencia por Amnistía Internacional, y tomó la decisión de salir al exilio.

Varios han sido los casos similares, como el ex juez Miguel Ángel Gálvez, quien llevó el caso de corrupción contra el binomio presidencial del extinto Partido Patriota; o el ex procurador de los derechos humanos, ex candidato a rector de la Universidad de San Carlos por una serie de grupos democráticos Jordán Rodas, que también intentó ser candidato a por el desparecido MLP ligado a CODECA en el reciente proceso electoral, candidatura descalificada por el Tribunal Supremo Electoral entre otras.

El común denominador, por lo menos en el caso de ex funcionarios relacionados al ámbito judicial perseguidos y en el exilio, ha sido, como lo planteó Laparra en su carta que explicaba las causas de su exilio, la falta de garantías procesales y penales, así como la denominada criminalización mediática. Esto en un entorno donde la mayoría de jueces de primera instancia, de apelaciones y los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, están coludidos o son parte directamente con este pacto de impunidad.

Otra característica de la violación a los derechos humanos es lo relacionado a la libertad sindical. La persecución contra trabajadores que intentan formar sindicatos es una contaste, como el asesinato contra quienes lo promueven, como fue el reciente caso de Anastacio Tzib Caal en junio pasado. Así como una serie de prácticas violatorias a la legislación laboral, como el no pago de horas extras, despidos injustificados, incumplimiento de prestaciones sociales, pago de salarios menores al mínimo sobre todo en áreas rurales, entre otras.

Luego está el tema de la criminalización, donde juegan un papel destacado organismos no gubernamentales ligados a estos sectores conservadores, como la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro), conformada por terratenientes o la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), con Omar Barrios y Méndez Ruiz a la cabeza, quienes junto a los llamados netcenter en redes sociales, se dedican a desprestigiar estas figuras democráticas y que después ponen querellas judiciales como adherentes a causas penales, en muchos casos sin estar ligados a los casos. La FCT, a su vez, está financiada por algunos núcleos de la oligarquía como los Maegli Muller, Meagli Novela, los Castillo y Torrebiarte.

Un caso de violaciones a los derechos humanos y persecución penal que es importante resaltar fue contra varios comunitarios quekchís de la comunidad Semuy II, en el municipio de Panzós, departamento de Alta Verapaz, acusados del asesinato de una patrulla militar en septiembre de 2019. Esta comunidad, rodeada de plantaciones de palma africana de la empresa Naturaceites, cabalmente propiedad de los Meagli Muller, está total cercada por este cultivo, afectando la libre movilidad de los comunitarios, pero también el acceso de agua entre otras cosas.

El 29 de marzo de 2022 Angelina Coy Coc, Rosa Ich Xi y Oliva Mucu fueron condenadas por asociación ilícita y asesinato contra tres miembros del ejército. Además, otros miembros de la comunidad guardan prisión tales como Oliverio Coy Choc, Pedro Chub Chub, Alberto Choc Cu y Silverio Cac Tiul.

El Tribunal de Mayor Riesgo “E”, a cargo de la jueza Eva Marina Recinos, condenó sin pruebas a estas tres mujeres, la encargada de presidir esta corte está vinculada con los empresarios del aceite y otros latifundistas de Alta Verapaz, donde la conflictividad y la concentración de la tierra es enorme, así como el despojo a los grupos mayas campesinos ha sido mayor que en otras partes del país. Esta jueza además está ligada al Pacto de Impunidad, señalada de beneficiar a varios detenidos o señalados por corrupción como a Roxana Baldetti, Otto Pérez Molina y Sandra Torres, y de emprender una investigación contra Juan Francisco Sandoval cuando dirigía la FECI.

Este caso fue un montaje donde la FCT jugó el papel de denunciar en redes sociales la presencia de grupos de campesinos armados, para llevar todo al hecho de la presunta emboscada de la patrulla militar. Esta patrulla por su parte, cuidaba las plantaciones de palma de los finqueros tal cual guardias privados de estos, señalando atrás de los hechos al ex comandante guerrillero Cesar Montes detenido en México y ahora preso por este hecho; pero el papel de éste, según ha documentado El Observador, y otros espacios, ha sido de mediador a favor de las empresas para que los grupos campesinos desalojen sus tierras y las vendan a estos monopolios agroindustriales, siendo el objetivo de este montaje que la gente de la comunidad vendiera. Montes, al parecer después de servir a la burguesía con su Fundación Luis Turcios Lima, fue desechado por estos terratenientes.

Las recomendaciones de la CIDH

Este caso solo ilustra otra de las grandes violaciones a los derechos humanos en Guatemala, que es la concentración de la tierra y el despojo a los grupos campesinos. En tan solo lo que va el actual gobierno, ha habido más de 15 desalojos a tierras que ocuparon estos grupos o que ya habitaban allí, pero en la mayoría de los casos estas pertenecían desde finales del siglo XIX a estas comunidades y o fueron desalojadas totalmente, o quedaron como mozos colonos o en propiedad de las municipalidades como tierra ejidal que después fue apropiada por finqueros.

Entre las recomendaciones de la CIDH esta parar estos hechos y garantizar una legislación agraria que reconozca el derecho a la propiedad a comunidades campesinas y mayas. El actual gobierno, por medio de la Comisión Presidencial de Paz y Democracia, tiene una mesa de diálogo con varias organizaciones campesinas, pero poco ha hecho por parar esta conflictividad, aduciendo que la policía tiene que cumplir órdenes de juez; pero muchas de estas órdenes son ilegales, se caracterizan por un abuso de los tipos penales contra las comunidades y en otros casos ha habido desalojos extrajudiciales operado por grupos paramilitares y privados ligados con comisarios policiales de los territorios.

Otras recomendaciones de la visita in loco de este organismo interamericano ha sido que se pare la persecución contra ex operadores de justicia y defensores de los derechos humanos, que el actual MP detenga la persecución y criminalización de estos. Limitar el uso de la prisión preventiva conforme a los estándares internacionales en la materia; liberar a toda persona que se encuentre en prisión preventiva, criminalizada por el ejercicio o defensa de derechos humanos, y cesar todo tipo de persecución y represalia en su contra; realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos; generar las condiciones para la atención y el retorno de las personas exiliadas, que incluya un plan de reparación integral.

Así como otras relacionadas con los derechos humanos de las personas privadas en libertad, de la niñez, juventud y adolescencia; de la diversidad sexual, en discapacidad, mujeres y pueblos indígenas, a la libertad sindical, etc. Agilizar el proceso de selección de jueces de cortes y magistrados de la CSJ, conforme a los estándares interamericanos, bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales y libre de injerencias indebidas de cualquier tipo. Igual que una vaga mención a restablecer la institucionalidad creada en el marco de los Acuerdos de Paz.

En la historia reciente la presencia de estos organismos ha servido para evidenciar a los gobiernos autoritarios civiles y militares, neoliberales todos, aunque poco ha hecho para detener la violación a los derechos humanos. Ahora con un gobierno “progresista” a lo cual nosotros como PSOCA siempre alertamos de su incapacidad de resolver muchas de las demandas sociales que sirvió para su triunfo ante las maniobras golpistas, también consideramos que todas estas recomendaciones solo se quedan en el papel si las organizaciones populares de la clase trabajadora no crean un frente único de lucha.