Por Armando Tezucún

En un nuevo ataque contra el gobierno de parte de las mafias que han lucrado ilícitamente con los recursos del Estado, y ahora se encuentran agazapadas en las instituciones de justicia, surgió una solicitud más de retiro del derecho de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo.

El requerimiento lo hizo el 21 de agosto el Ministerio Público (MP), a través del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), el infame Rafael Curruchiche. Esto fue a raíz de una denuncia presentada el 16 de julio por uno de los principales aliados de las mafias del MP, Ricardo Méndez Ruiz, dirigente de la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo.

El día 21, en conferencia de prensa, Curruchiche y el secretario general del MP, Ángel Pineda, sostuvieron que Arévalo emitió una orden ilegal al crear un mecanismo de pago arbitrario a contratistas del Estado proveedores del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), acción que, según el MP, está fuera de las funciones y atribuciones del presidente establecidas en la Constitución. De acuerdo a las afirmaciones de Curruchiche, las empresas constructoras beneficiadas por la orden de pago, fueron financistas de la campaña electoral de Arévalo el año pasado; tratando de involucrar en las acusaciones a la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha hecho fuertes críticas al MP y a la fiscal general Porras, el fiscal sostuvo que una empresa vinculada a un miembro jurídico de la OEA, el guatemalteco Gabriel Orellana, fue beneficiada con pagos, y de allí el interés de Luis Almagro y el organismo por visitar Guatemala.

En la conferencia el presidente fue señalado de ser el “principal responsable de fomentar la impunidad”, comparando el caso con el que implicó en 2015 al expresidente Otto Pérez Molina. La solicitud de retiro del derecho de antejuicio sería por los delitos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y usurpación de atribuciones, al haber dado instrucciones ilegales (Prensa Libre 21/08/2024).

Según las explicaciones del gobierno y del propio Arévalo, en efecto, en el mes de mayo se elaboró un listado de las empresas constructoras a las que se les haría pagos (entre cerca de 1,400 contratos de construcción abiertos al momento), priorizando las que tuvieran obra supervisada, acuerdo entre los avances físicos y presupuestario, y que no tuvieran denuncias por corrupción. Esto debido a que, por falta de fondos, no se puede pagar a todos al mismo tiempo. Sin embargo, la ministra del Micivi en ese momento, Jazmín de la Vega, hizo caso omiso del listado proporcionado por el gobierno, y realizó pagos a empresas según su criterio. Esto motivó que fuera relevada del cargo por Arévalo mediante una llamada telefónica.

En la denuncia que presentó, Méndez Ruiz incluyó el listado de las empresas y una grabación de la llamada, documentación confidencial, lo que atestigua los vínculos de Méndez con la inteligencia militar y los sectores más retrógrados del ejército. Tanto De la Vega como Arévalo negaron haber divulgado esos documentos.

Buscando cómo inculpar a Arévalo y su gobierno en un caso que se gestó durante el gobierno de Alejandro Giammattei, protegido del MP, Curruchiche sostuvo que algunas de las empresas beneficiadas por los pagos fueron señaladas en el caso revelado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), denominado B410.

Este caso fue denunciado por la SAT a mediados de agosto, y se trata de una estructura de 410 empresas que formaron una red de evasión tributaria, que entre 2021 y 2023 facturó a diferentes instituciones del Estado más de Q 6,400 millones, pagando solamente Q 26.9 millones en impuestos. Si en esta defraudación fiscal hay funcionarios implicados, serían del gobierno de Giammattei, y, en todo caso, las constructoras a las cuales pagó el gobierno actual, fueron contratadas durante el gobierno anterior.  

Ante las nuevas acusaciones del MP, el gobierno respondió: “Los señalamientos de la fiscalía de Rafael Curruchiche no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo … Estos actores no gozan de ninguna credibilidad y el pueblo de Guatemala lo sabe” (Ídem).

Las mafias atrincheradas en el MP no descansarán hasta ver a Arévalo arrodillado, encarcelado o exiliado. Pero el presidente Arévalo, no llama a la movilización popular en su defensa, sino que parece confiar mas en el corrupto sistema de justicia y aún más en las presiones diplomáticas de sus aliados: Estados Unidos y la Union Europea. No sabemos si el MP irá hasta el final, o está usando una táctica de presionar para negociar. Arévalo no controla el Congreso. Una posible caída de Arévalo conllevaría, sin lugar a dudas, a una mayor violación de los derechos democráticos del pueblo trabajador. Por ello, como un mecanismo de autodefensa preventivo, las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas y populares, deben iniciar cuanto antes una fuerte movilización en las calles, carreteras y centros de trabajo para presionar por la salida de la fiscal general Porras y su pandilla de nefastos funcionarios.