Por Ricardo Patzán

En contra de todas las expectativas, el 13 de agosto el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional y con 110 votos a favor, la ampliación presupuestaria que el gobierno presentó a finales de mayo al legislativo, por un monto de casi Q 14.5 mil millones.

Desde inicios de agosto se estaba produciendo un intenso cabildeo a favor de la ampliación, promovido por diputados distritales (los electos como representantes de sus departamentos), pues los alcaldes y la población se han estado quejando de que las obras de infraestructura y la inversión social prometidas aún no inician. Según declaró el diputado oficialista Samuel Pérez, los diputados distritales están conscientes sobre la necesidad y urgencia de contar con recursos para implementar y ejecutar obra pública, por medio de la ampliación presupuestaria (Prensa Libre 09/08/2024).

Por otro lado, hubo denuncias de que la bancada de oposición mayoritaria, del expartido de gobierno Vamos, realizó una campaña de intimidación y amenazas para evitar que los diputados votaran favorablemente por la ampliación; las amenazas van en el sentido de que el Ministerio Público (MP) y la Corte de Constitucionalidad accionarían contra la iniciativa y contra los diputados que voten a favor. De hecho, el 7 de agosto, agentes del MP realizaron diligencias en las oficinas de la presidencia del Congreso, en busca de información sobre contrataciones irregulares de personal de parte de la Junta Directiva, en base a una supuesta denuncia; una acción a todas luces intimidatoria (Prensa Libre 10/08/2024).

La sesión legislativa del día 13 inició con una interpelación al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, solicitada por la diputada de oposición Sandra Jovel. Después de transcurrida una hora, el diputado Luis Contreras presentó una moción privilegiada para alterar el orden del día y conocer la ampliación presupuestaria, con su monto original. Luego de una agria discusión, pese a los esfuerzos en contra de diputados de oposición, se votó y se aceptó la moción privilegiada. La votación tomó cerca de cuatro horas, lo que hace ver el arduo cabildeo de última hora por obtener votos a favor. La aprobación final se logró pasada la medianoche, luego de nueve horas de sesión.

La clave en la aprobación lograda por el gobierno está en los fondos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que, con la ampliación, podrían ascender a un poco más de Q 5 mil millones, unos Q 732 por encima de lo destinado en 2023. Se sabe que desde junio iniciaron las negociaciones entre diputados de varias bancadas y el Ministerio de Finanzas, para asignar fondos a los Codedes. Esto explica que numerosos diputados no afines al oficialismo, incluyendo algunos de partidos abiertamente opositores, sumaron sus votos a favor de la ampliación.

El problema con esto es que uno de los principales focos de corrupción se da precisamente en los fondos destinados a ser ejecutados por los Codedes, con obras sin finalizar, contratación de empresas vinculadas a alcaldes y diputados, compras sobrevaloradas, y una gama de manejos oscuros que supuestamente adversa el plan de gobierno de Semilla y Bernardo Arévalo.

Varios diputados que no son precisamente de oposición votaron en contra por esta razón, como José Chic, de la bancada VOS: “Uno de los elementos mayores es la posibilidad de los bolsones de corrupción que pudieran estar dentro de la ampliación presupuestaria. Incluso el Icefi … daba cuenta indicando que esa ampliación presupuestaria carecía de varias cuestiones técnicas…” (EpInvestiga 14/08/2024). Algunas instituciones especializadas en estudios económicos, políticos y sociales, también advirtieron sobre ese peligro.

Hasta ahora la Corte de Constitucionalidad ha recibido cinco acciones de amparo contra la ampliación presupuestaria, de diputados de oposición, de personas individuales y organizaciones de derecha. Además, la directiva del Congreso aún no envía el decreto al gobierno para su publicación, debido a que la oposición presentó dos objeciones señalando supuestos errores en el mismo; esto obliga al pleno a revisar el decreto.

Las alianzas tejidas por el gobierno de Arévalo con actores de dudosa honestidad para lograr el incremento presupuestario es suficiente motivo para retirar la confianza que la población le otorgó en las urnas. Las organizaciones populares, en especial los grupos comunitarios del interior deberán estar alertas y fiscalizar cada centavo que ejecuten los gobernadores y alcaldes a través de los Codedes; no permitamos más la malversación de recursos destinados al bienestar de la población.