Por Armando Tezucún

El viernes 14 de febrero se llevó a cabo la segunda vuelta de elecciones de autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), resultando electa, para la presidencia de la Junta Directiva, por un estrecho margen, la planilla 10, llamada Unidad X la Justicia. Esta planilla está vinculada al partido oficial, Movimiento Semilla y se supone que llevará al colegio gremial un nuevo aire de prácticas más transparentes y alejadas de las estructuras corruptas que controlan el sistema de justicia del Estado.

El segundo lugar lo obtuvo la planilla 4, que se presentó bajo el nombre de Unidos por el Derecho, en alianza con la agrupación Plataforma de Profesionales por la Justicia. La planilla 4 es promovida por el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, quien estuvo vinculado al caso judicial Comisiones Paralelas, acusado, junto a otros personajes, de manipular la elección de Comisiones de Postulación para la designación de magistrados de las cortes de justicia en 2020. Gálvez lidera una de las estructuras que controlan a parte de los magistrados y operadores de justicia, y, pese a que su planilla cuatro no logró quedarse con la Junta Directiva del CANG, sí quedó en poder de otras dos instancias de la agrupación gremial.

En la presidencia de la Junta Directiva quedó la exjueza Patricia Gámez, de la planilla 10, gracias a los 8,813 votos que obtuvo, frente a 8,760 de la planilla 4. El Tribunal de Honor será presidido por la planilla 4, que ganó con 8,871 votos frente a 8,674 de la planilla 10. Y la elección para dirigir el Comité Asesor de Inversiones fue ganada también por la planilla cuatro, con 8,760 votos frente a los 8,718 de la planilla 10. El CANG será dirigido, pues, entre 2025 y 2027, conjuntamente por una Junta Directiva vinculada al oficialismo, y dos organismos vinculados a grupos corruptos, lo que vaticina conflictos y diferencias en el seno de la entidad gremial.

Las estructuras mafiosas no han tardado en presentar recursos legales para revertir los resultados de las elecciones en el CANG. El 13 de febrero, el integrante de la organización de extrema derecha Guatemala Inmortal, Giovanni Fratti Bran, presentó un amparo contra la primera vuelta de las elecciones del gremio de juristas; la acción legal fue presentada ante la Dirección de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia en Materia Civil, pretendiendo que se invalide y repita la elección debido a que en ella emitió su voto un ciudadano chileno que es asesor de una diputada del Movimiento Semilla. De acuerdo al Tribunal Electoral del CANG, el plazo para presentar impugnaciones venció el miércoles 12 a las 16 horas, por lo que el reclamo de Fratti fue presentado fuera de tiempo.

Sin embargo, el día 19 Fratti anunció que el Tribunal de Amparo de Primera Instancia Civil dio trámite a su amparo. Hasta ahora se desconoce el curso que haya podido seguir esta acción. Por otro lado, el abogado Diego Sagastume, que participó como candidato en la planilla 9, presentó una apelación ante el CANG, con la cual busca anular la votación en tres mesas, dos en la ciudad de Guatemala, y una en Escuintla, anulación que le restaría votos a la planilla 10, quedando como ganadora la planilla 4; mediante tecnicismos sobre las fechas de convocatoria a las primera y segunda vuelta de las elecciones, Sagastume pretende también anular el proceso electoral en su conjunto.

El empecinamiento de las mafias por anular las elecciones del CANG se explica por el hecho de que, en 2026, hay elección de nuevo/a fiscal general, que dirigirá el MP; también habrá elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE); y de un magistrado titular, con su suplente, de la Corte de Constitucionalidad, designados por el CANG. En la Comisión de Postulación que designará a los seis candidatos a fiscal general, figuran automáticamente los presidentes de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del CANG; y en la designación de la Comisión de Postulación para magistrados del TSE interviene también de forma decisiva la dirigencia del CANG.

El sistema de Comisiones de Postulación para la elección de funcionarios de justicia fue diseñado pensando en la participación de diversos sectores de la “sociedad civil” en el proceso para escogerlos, pero ha degenerado en una lucha de las mafias corruptas por el control de las instancias que deben conformarlas.

Este sistema podrido no puede continuar. Proponemos a las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas y populares que inicien una campaña para que se reforme la Ley de la Carrera Judicial, y los jueces y magistrados sean electos por voto popular, secreto y directo, sin que sea necesario que los candidatos pertenezcan a los partidos políticos reconocidos.