Por Abril Yánez

En fechas recientes fue celebrado un gran acontecimiento por el ministro de educación: los 200 días de clases fueron anunciados con bombos y platillos como si con ello le hayan dado un giro al mundo. El ministro obvió que durante estos aclamados 200 días los centros educativos han sobrevivido sin matrícula gratis, sin pupitres, con aulas deterioradas, sin libros de texto ni material didáctico, con docentes agobiados por la represión inhumana, sin pago de salarios, con deducciones indebidas, con hostigamiento diario y nada para el beneficio de padres, alumnos o maestros. La calidad educativa es lo que menos ha importado en el presente año lectivo, solo interesan las estadísticas que reflejen la reducción de la reprobación y deserción escolar, y que los docentes renunciaron a luchar para mantenerse en el aula. Toda una política educativa con el propósito de mantener sumiso al magisterio.

Maquinaciones de Escoto

2013 ha sido un año lleno de confrontación, sin tregua de parte del señor Marlon Escoto que continuamente se mantuvo ideando nuevas formas de hacerse obedecer sin razonar las consecuencias. Obviamente el carácter dominante enceguece a quien le posee y desmorona los ánimos de quienes están obligados a soportarle.

Tal es el caso del Lic. Roberto Ordóñez, director del Instituto Central Vicente Cáceres quien ha sido hostigado durante todo el año por mero capricho personal del ministro, evidenciado en la pasada celebración del 15 de septiembre cuando se le fustigó sicológicamente con oficios y comunicados. Posteriormente fue destituido, situación que mermó las relaciones entre el personal docente y administrativo del instituto, pues tanto los subdirectores, el secretario y algunos docentes han sido sancionados y llamados a audiencias ante la Dirección Departamental de Educación y el Ministerio Público por desobediencia y desacato a la orden emanada del Ministerio de Educación.

Ordóñez y la dirigencia magisterial han interpuesto demandas contra Escoto, e incluso contra el Estado, que no dejan de hacer eco, pero no resuelven la problemática educativa que durante años se ha venido arrastrando y que ahora se ha convertido en la consigna del gobierno contra el magisterio en particular, olvidando que las garras de la política sucia también han sido cómplices del descalabro en que se encuentra el sector educativo del país.

Más allá de lo mediático

La interferencia política en los asuntos educativos no ha disminuido: se toman decisiones de “cambios sustanciales” en educación sin tomar en cuenta a los agentes participantes del mismo (docentes, alumnos, padres), los modelos didácticos impuestos son descontextualizados y están fuera de las necesidades propias de nuestro país, la asignación de plazas a los docentes centralizadas en las zonas urbanas, la apertura de centros educativos y plazas fantasmas, el gasto burocrático sobrevaluado, la imposición de leyes -como la Ley General de Educación- que obstaculizan el proceso educativo y disminuyen los derechos y garantías de la población en general.

Todos los antecedentes apuntan a la culpabilidad del Estado en el fracaso educativo, que no será solventado por el cumplimiento de 200 días de clases, que nada más son 200 días de opresión, olvido, hostigamiento, represión, desidia, alienación, etc. No es con castigar a los docentes que se salvará el país de la corrupción, robo y engaño de los políticos. Sus metidas de pata deben pagarlas ellos. En cambio, su estrategia dobla en talento a la neurosis fascista, pues ellos son los causantes del problema pero el castigo lo cumplen otros.

Ante el asalto continuado del gobierno hacia el sector educativo en general (en el que se incluyen docentes, estudiantes, madres y padres de familia) hacemos un llamado a la unidad para luchar por la demanda de una calidad en la educación, que sea realista, en la que se tomen decisiones que garanticen la seguridad educativa en cada rincón del país, que se brinden los servicios educativos con las herramientas indispensables (material didáctico, personal calificado, estructura e infraestructura en excelentes condiciones, etc.), que los docentes sean pagados correcta y puntualmente, y sobre todo, que se mantenga la ética y el profesionalismo en lo que a cada quien corresponde y además (en el caso E-O o cualquier otro) que se resuelvan los conflictos personales inducidos por las diferencias políticas o preferencias de cualquier índole, demostrando que son capaces de hacer obra la fe que tanto pregonan.