Por Martín Padilla

La anterior Asamblea Legislativa de forma maratónica aprobó en sus últimas semanas de funciones una serie de leyes que arrebatan grandes conquistas, encarecen de forma estrepitosa la vida y privatizan empresas estatales, entre otras calamidades.

La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, aprobada en un único debate, contempla una serie de disposiciones fiscales para aumentar los ingresos del Estado. Para ello, el paquete estableció la derogación de las exoneraciones a la importación de mercancías, el aumento al impuesto de la importación de combustibles, amplía la base del Impuesto Sobre la Renta, reduce el subsidio a la electricidad y contempla un aumento del 3% al Impuesto Sobre Ventas (ISV) a los servicios de telefonía y televisión por cable.

Estas medidas han tenido un impacto directo en los consumidores, quienes se han visto profundamente afectados por el aumento acelerado de los productos de primera necesidad. De acuerdo a declaraciones de los funcionarios de gobierno, este paquetazo fiscal se hace con el objetivo de obtener mayores recursos y reducir el gasto público. Los recursos recaudados permitirán hacerle frente a la gigantesca deuda interna. No obstante, estas medidas tan solo lesionan a los trabajadores y a los sectores de la clase media, dado que los grandes empresarios e inversionistas seguirán manteniendo intactas sus ganancias y capitales.

Ninguna de las medidas aprobadas se dirige a gravar las grandes ganancias de los capitalistas de Honduras, aún cuando por principio constitucional se establece que los que más ganancias obtengan son los que más deben de tributar. Sin embargo, el gobierno de Lobo-Hernández se aseguró de proteger y favorecer los intereses de los ricos y millonarios de este país, y desde luego, trasladar la enorme crisis fiscal a las espaldas de los trabajadores. Es importante mencionar que esta política económica se da en el marco de la desmovilización. La derrota del movimiento contra el régimen de facto de Michelleti, el retroceso del magisterio ante los embates sistemáticos del gobierno, la disolución del FNRP por la algarabía electoral, son algunos de los factores que han permitido al actual gobierno reelegirse y aplicar sin oposición alguna sus planes de ajuste y de miseria.

Pugnas entre las distintas bancadas

Durante la semana pasada se disolvió la anterior Asamblea Legislativa dando inicio a una nueva cámara de representantes electos en el pasado proceso electoral. Semanas atrás se anunció por parte de los dirigentes del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Anticorrupción (PAC) la conformación de un bloque de oposición, a manera de juntar fuerzas y hacerle frente a las pretensiones del Partido Nacional de ocupar los puestos de dirección de la Nueva Junta Directiva del Congreso, y disolver el paquetazo fiscal entre otras cosas.

Pero la realidad, más rica que cualquier esquema teórico, se ha encargado de dar una gran lección a los ideólogos de Libre, dado que hace falta más que la conformación de un bloque dentro de la institucionalidad del Estado burgués para echar atrás los planes de control de la institucionalidad del Estado y las medidas de contrarrevolución económica del actual gobierno. Solo la movilización y el paro general podrán hacer retroceder la serie de medidas que arrastran al pueblo de Honduras a la extrema pobreza

Los liberales, bajo la falaz excusa de condicionar su apoyo a que se revise la ley de medidas fiscales, otorgaron su apoyo a la bancada nacionalista, que sin someterlo a discusión nombró en un primer debate a la nueva Junta Directiva que respaldará al gobierno de Juan Orlando Hernández. Por lo anterior, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado al Partido Libertad y Refundación y sus diputados para que convoquen, junto a las centrales obreras y organizaciones gremiales, a un paro general para hacer retroceder la ley de medidas fiscales o paquetazo.

De la misma manera, los dirigentes del FNRP deberán seguir convocando a sus bases a asambleas democráticas para discutir un plan de lucha para combatir las sucias pretensiones de privatizar, concesionar y liquidar las grandes conquistas sociales por parte del gobierno recién instaurado de Juan Orlando Hernández. Sólo la movilización popular hará retroceder los planes de ajuste y de miseria del gobierno, la crisis fiscal debe ser absorbida por los ricos, el Estado debe dejar de reconocer la deuda interna con la banca nacional.