Por Maximiliano Fuentes

Durante las últimas semanas, los trabajadores universitarios han recibido una fatídica noticia: el INPREUNAH no logra asegurar su sostenibilidad, bajo las actuales condiciones. Desde hace algunos meses se reconocía que las finanzas del Instituto de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH) venían colapsando. El instituto es un organismo creado mediante acuerdo número 1 del acta 528 de la sesión extraordinaria celebrada el 14 de junio de 1989, siendo el 27 de julio de 1990 cuando inicia operaciones.

La crisis financiera del INPREUNAH se suma a la crisis de las otras instituciones de pensiones y jubilaciones de los empleados públicos, como el INPREMAH y el INJUPENP. Sin lugar a dudas, existe una política por parte del Estado para desarticular las pensiones de los trabajadores y dejar sin reconocimiento las deudas históricas.

Frente a la embestida de los gobiernos nacionalistas contra los derechos laborales y las conquistas sociales se hace necesario que los trabajadores nos organicemos no solo para elaborar nuestras propias propuestas, sino también para defender y fortalecer nuestras entidades financieras. No podemos desconocer que nos encontramos en punto de inflexión, o terminamos de retroceder y lo perdemos absolutamente todo, o avanzamos dando la pelea por mejorar nuestras condiciones de vida. Esa es la gran tarea que la actual lucha de clases nos impone.

La Rectoría niega de forma tácita su participación en la gobernabilidad de la institución, dado que en noviembre del año de 2008 los representantes del SITRAUNAH, ADUNAH, y AJUPEUNAH reformaron el reglamento del Inpreunah para excluir a la Rectoría de ese órgano, generando con ello un triunvirato a nivel de su gobierno.

No obstante, a partir de las políticas de contratación del personal y al no cumplir con el pago de la deuda histórica, la rectoría ha contribuido a elevar el déficit actuarial de la institución.

El déficit actuarial se ha incrementado por diversas razones: por un lado, por la jubilación de trabajadores y docentes, que por los años de laborar para la institución, además por su categoría, sus salarios eran mayores y también los techos de cotización. Los nuevos aportantes cotizan menos, situación que genera desbalance en los ingresos recibidos. ¿A qué se debe esto? Pues a las políticas de contratación de las autoridades universitarias, dado que se modificó lo establecido en el Estatuto, y un docente que recién ingresa al sistema, a pesar de contar con los grados académicos requeridos para ocupar una titularidad, ingresa con el grado de Profesor Auxiliar y por tanto con un menor salario que de acuerdo a lo tipificado en el Estatuto del Docente, y por tal razón su cuota de cotización al INPREUNAH se reduce.

Pero esto no es todo. Las actuales autoridades universitarias han adoptado la política de desarticular áreas o servicios que eran cubiertos por trabajadores contratados por la Universidad. Por ejemplo, la seguridad interna ha venido siendo sustituida por los servicios de compañías privadas, que por cierto, no tienen ningún tipo de beneficio laboral o social con la UNAH, y mucho menos pueden gozar de los servicios prestados por el INPREUNAH. Lo mismo ocurre con los docentes. Se ha declarado desiertos concursos, aun cuando las unidades académicas demandan la contratación de personal docente; no obstante, las contrataciones se están realizando bajo las modalidades de profesores por hora, que por cierto, no cotizan al Instituto.

Así mismo, las autoridades no han hecho efectiva la deuda histórica, que para el año 2010 ascendía a los 95.3 millones de Lempiras. La señora Rectora manifiesta no desconocer la deuda, no obstante no realiza los desembolsos o las transferencias requeridas. También, se debe aceptar la participación fraudulenta por parte de los dirigentes del SITRAUNAH y algunos miembros de la ADUNAH, quienes por años ocuparon cargos fundamentales y cometieron actos ilícitos en perjuicio de los fondos de los propios trabajadores. Pero se cuestiona que la Rectoría era consciente de la situación de corrupción, sin embargo omitía cualquier pronunciamiento o cuestionamiento sobre los ilícitos.

La propuesta de las autoridades universitarias y de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS) no es la más atractiva para los trabajadores universitarios, sobre todo porque la crisis financiera y el rescate de la institución recae sobre las espaldas de los trabajadores, omitiendo la responsabilidad directa de la Rectoría y de las personas que sustrajeron los bienes y finanzas del Instituto. Por tal razón, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) condenamos enérgicamente la intervención por parte de la Rectoría; los trabajadores universitarios deberán de discutir a través de una asamblea democrática sus propias propuestas; nos oponemos a la concentración del poder y a la manipulación de los organismos de los trabajadores. Estamos en desacuerdo con el aumentar los techos de cotización y de jubilación. Por todo lo anterior, proponemos se discuta en una asamblea las acciones a tomar para hacer valer el derecho a la previsión y seguridad social.