Por: Abril Yánez
“Art. 157. La jornada laboral diaria para los docentes en función docente, directiva docente y orientación docente, será como mínimo de cinco (5) horas reloj diarias, de lunes a viernes de cada semana calendario.” (Reglamento de la Carrera Docente, 17/09/2014).
El Secretario de Educación anunció que para el 16 de marzo se comenzaría a extender la jornada de clases en todos los centros de educación del país, lo que significa que los horarios de 7:00-12:00 m (jornada matutina), de 12:30- 5:30 pm (jornada vespertina) pasarían a 7:00-1:30 pm (jornada matutina) y 1:00-7:00 pm (jornada vespertina), eliminando automáticamente los centros educativos nocturnos cuyo horario ha sido de 5:40-9:00pm., objetivo que ya se está cumpliendo, pues varios institutos nocturnos ya fueron cerrados.
La realidad del país no está para exponer a la población estudiantil a salir desde antes de las 6:00 am para llegar puntualmente a su jornada, o llegar a su casa ya entrada la noche si su jornada es vespertina; muchos deben trasladarse desde zonas retiradas de sus centros educativos. Cada día sale el sol y la lista de sucesos, muertes violentas, secuestros, etc. aumenta.
Debido a esto, los estudiantes de diferentes institutos se alzaron en huelga desde el mismo lunes 16, siendo reprimidos por la Policía al lanzarles bombas lacrimógenas, agua y hasta disparos, por lo que los estudiantes se defendieron con lo único que tenían a mano: piedras y valentía. El resultado: dos estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres fueron trasladados al Hospital Escuela Universitario por el Director Interino del Instituto Prof. Hernán Díaz después de recibir varios disparos por un guardia de seguridad de un vehículo repartidor de refrescos.
Afuera del hospital, la madre uno de los muchachos lamentaba el hecho violento diciendo “Sentí un dolor en mi alma al enterarme que mi hijo estaba herido. No sé en qué está pensando el ministro de Educación, ya basta, a mi hijo lo están interviniendo. Si a mi hijo le pasa algo yo voy a proceder nacional e internacionalmente contra el señor Marlon Escoto”, afirmó. (www.elheraldo.hn).
Inmediatamente, ese mismo día el ministro envió dos comunicados: uno por la mañana, exigiendo a los docentes consignar los nombre de los estudiantes que asistieron a la protesta para “aplicar las medidas correctivas” y la supervisión de labores para la deducción del salario a los docentes que no estuvieran impartiendo clases. Después de los acontecimientos de la tarde, envió otro comunicado en el cual llamó a “normalizar las labores educativas y presentar sus propuestas por escrito para atender de forma diferenciada la ampliación de los horarios o la compensación de la jornada” (Comunicados, 16/03/2015).
Al final de todo esto, la objetividad con la que vemos los acontecimientos nos indica que el blanco a perseguir siguen siendo los docentes, pues al extender la jornada se obliga a los miles de docentes que gozan de la llamada jornada plena (dos jornadas completas) a renunciar a una de ellas porque los horarios de salida y entrada a sus centros de trabajo se cruzan, impidiendo cumplir puntualmente con sus horas laborales.
Es vergonzosa la forma en que se resuelven los conflictos en nuestro país; la represión física y verbal antes que el razonamiento y el consenso entre las partes, la imposición de leyes y reglamentos sin tomar en consideración las necesidades del pueblo y la voluntad de cumplir al pie de la letra las órdenes de los organismos internacionales, resumen el perfil de la gobernanza en Honduras.
Una de esas órdenes es reducir la masa salarial, lo que implica violentar los derechos adquiridos. Varios de estos derechos han sido reducidos al recuerdo: no hay aumento salarial a los docentes, se aumentó la edad de jubilación –ahora pensión-, las licencias por enfermedad son mínimas otorgadas al tiempo mínimo, no hay libertad de cátedra y las normativas de evaluación se anulan al exigir la aprobación de todos los estudiantes (caso contrario, hay sanciones para los docentes), se redujo el tiempo de vacaciones y se aumentan los días laborales –incluso obligando a trabajar los sábados y domingos-, se exige el ingreso de notas al SACE cuya página web siempre está caída y hay sanciones para quien no pudo cumplir en el tiempo establecido.
La educación en el país transita por un terreno escabroso que mantiene en vilo a quienes deben cruzarlo, ya que por mirar dónde ponen su pie dejan de observar el horizonte y pierden el camino.
Es tiempo de levantar la mirada; aún con los pies ensangrentados no se debe perder de vista que el derecho a la educación y al trabajo respetado es inviolable.
Hacemos un llamado a aquellos y aquellas docentes que aún creen en la reivindicación de los derechos perdidos, a unirse en una sola voz y reavivar la lucha. Es imperativo.