Por Horacio Villegas

Las protestas de estudiantes de media, que se extendieron hasta distintos departamentos del país, y que tuvieron como epicentros la ciudad capital y San Pedro Sula, pusieron en gran preocupación a los representantes del gobierno en el sector educativo. El Ministro de Educación, Marcial Solís, dio a conocer medidas que vendrían a sancionar a los compañeros huelguistas y a sus docentes; pero a pesar de las advertencias, los estudiantes de media continuaron expresando su descontento con el tema del aumento al transporte, y la desgracia que existe en cada uno de sus centros educativos. En este contexto se ubica una tragedia que tiene como principal ejecutor al Estado y una de sus fuerzas represivas: la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Asesinatos estilo escuadrones de la muerte

El pasado viernes 31 de agosto encontraron los cuerpos de dos jóvenes estudiantes de secundaria en la capital. Uno de ellos estudiante del Técnico Honduras, instituto que estuvo al frente de las protestas. Los cuerpos encontrados presentaban rastros notorios de torturas, y en fotografías que circularon en las redes sociales se muestran a los perpetradores del crimen: miembros uniformados de la ATIC.

Por su parte la ATIC ha respondido a las sospechas que se manejan de su culpabilidad en este caso, aseverando que el crimen responde a organizaciones delictivas de pandilleros. En varios comunicados la ATIC aclara que hará las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los hechores de este asesinato de los dos jóvenes estudiantes.

“La fuente considera que entre las líneas de investigación podría haber pandilleros de la Mara Salvatrucha, hay policías activos que están siendo investigados y otro tipo de intereses políticos para afectar el brazo técnico científico del MP, a consecuencia de los recientes casos de corrupción por los cuales han imputado a varias personas” (La Tribuna, 3 de septiembre de 2018).

Los asesinatos extrajudiciales en Honduras no son algo reciente, la política del exterminio de jóvenes militantes de agrupaciones estudiantiles ha sido una constante en la historia del país; y ha tenido su repunte en los sucesivos gobiernos militares e inclusive con mayor intensidad en la ficticia transición a la democracia en los años ochenta. Los jóvenes, que son proclives a movimientos estudiantiles, son la principal víctima del Estado que todavía mantiene estructuras de inteligencia policiaca; estructura que les resultó eficaz para matar revolucionarios en la década de los ochenta, y en la actualidad para matar posibles disidentes políticos.

A los jóvenes estudiantes de secundaria les toca enfrentar una realidad muy distinta, pero a la vez muy afín a la de los universitarios: éstos últimos han tenido infiltraciones en las estructuras como las asociaciones y movimientos independientes, además de una persecución selectiva a lo interno de la universidad. Mientras tanto a los jóvenes de secundaria les agobia una ola de violencia proveniente de sus centros educativos, y aparte de esto la cercanía con las maras en sus barrios y colonias, y ahora la cruda persecución, también, de los órganos de seguridad del Estado; quienes al fin del levantamiento de cuerpos torturados de estos jóvenes, justifican el hecho como producto de fenómenos delictivos internos como afrentas entre pandillas. Lo cierto es que existen muchos pretextos aprovechables para las organizaciones de inteligencia del Estado, pues la violencia que existe en el entorno de los estudiantes de secundaria es más que suficiente para desviar un asesinato extrajudicial.

La importancia del escandaloso caso Pandora

En Honduras, las diferentes fracciones de la burguesía han acumulado sus capitales, saqueando las finanzas del Estado. Esta ha sido una tendencia histórica en Centroamérica, pero en Honduras ha adquirido características grotescas. Los dos partidos tradicionales, liberales y nacionalistas (conservadores), no solo se turnan para saquear el Estado, sino que, desde la oposición, cualquiera de los dos, también participan en el saqueo de las finanzas. Esto ha quedado demostrado no solo en el saqueo del Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS), sino que las revelaciones del caso Pandora, han mostrado la gravedad del asunto.

El escando fue develado en junio por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH): 38 altos funcionarios de ambos partidos, diputados, ex ministros, etc, fueron encausados por el delito de lavado de activos. La denuncia puso en evidencia que no hay tal oposición, sino que ambas cúpulas se ponen de acuerdo en saquear al Estado, a veces desde el propio Congreso Nacional.

Una parte de los encausados fueron liberados, se les dictaron medidas sustitutivas, otra parte, los chivos expiatorios, continua en prisión y el proceso penal continua. Lo más relevante de este caso, es que fueron encarcelados miembros de la alta dirigencia del gobernante Partido Nacional, golpeando la frágil estabilidad del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) después que este impusiera la reelección presidencial, violentando la clausulas pétreas de la Constitución de 1982.

Aunque fueron absueltos y liberados una parte de los acusados, el golpe más demoledor llegó el martes 28 de agosto: el bipartidismo, representado por los dos partidos tradicionales del país, el Partido Liberal y el Partido Nacional, quedó expuesto ante todos los hondureños como organizaciones profundamente ligadas a la corrupción. Con una orden del Juzgado de Privación de Dominio se les aseguró los bienes a los personajes embarrados en el Caso Pandora.

“El ministerio Público confirmó este martes que se procederá al aseguramiento de 46 bienes inmuebles, nueve empresas mercantiles, seis vehículos, cuatro cuentas bancarias y dos certificados de depósito, todos vinculados de manera directa o indirecta a quienes se beneficiaron de los fondos drenados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)” (El Heraldo, 28 de agosto de 2018).

La importancia de este caso radica en que el gobierno de JOH, por presiones de Estados Unidos, se ha visto obligado a procesar penalmente a Rosa Lobo, ex primera dama, esposa del expresidente Porfirio Lobo, y en el caso Pandora, ha tenido que cerrar los ojos, apretar los dientes y aceptar que la MACCIH iniciara la causa penal contra dirigentes de su propio partido. El encarcelamiento y procesamiento de dirigentes liberales, sin lugar a dudas, persigue el objetivo de ganar plenamente a Elvin Santos, y los diputados liberales que le siguen, al plan imperialista que pretende imponer el orden y un “normal” funcionamiento de las instituciones del Estado burgués en Honduras. JOH se ha vuelto el verdugo de su propio partido, pero eso no cambia su naturaleza de agente del imperialismo.

JOH está presionando duro al Partido Liberal porque pretende establecer acuerdos, dentro del Dialogo Nacional, que permitan una profunda reforma al Estado, arrinconando al ala del liberalismo liderada por Mel Zelaya.

No hay nada que festejar este mes de septiembre

Este gravísimo acto de corrupción viene a confirmar el desprestigio que tienen los representantes de la “democracia representativa” y formal en el país, a su vez los primeros en impulsar la festividad del mes de la “patria”. No es posible caer en esta trampa que, bajo el pretexto de una celebración llena de un enfermizo e hipócrita patriotismo, pretenda idolatrar una patria corrupta, que tiene a los mayores representantes de estas mezquinas y degradantes prácticas, en los partidos tradicionales, quienes llenan el congreso nacional, la presidencia (dictadura) del país y quizá todas las instituciones públicas y el sector privado.

Movilizaciones pendientes promovidas por la CCC

La Convergencia Contra el Continuismo (CCC) que surgió en agosto de 2017, precisamente en el contexto de la violación a la Constitución hondureña por el régimen del Partido Nacional, decidió iniciar toda una jornada de movilizaciones luego de acontecer la crisis post-electoral; crisis que a su vez dio inicio a una nueva etapa en la política nacional: la instauración de una dictadura.

La Convergencia ha sido clara en sus objetivos: llevar a cabo una suerte de resistencia civil encaminada en acciones estrictamente legales: movilizaciones pacíficas, conferencias de prensa, y una campaña en defensa de los presos políticos. La convergencia aglomera a la vieja guardia sindical, y en su mayoría a varias organizaciones que le apuestan al proyecto reformista del Partido Libre. El problema es que es un poco más de lo mismo, es decir, LIBRE moviliza solo a su gente, pero no logra establecer una amplia alianza contra JOH, debido a que sectores de la burguesía han terminado aceptando al Uribe de Honduras. En esa soledad, la izquierda debe romper sus ilusiones en LIBRE, y postularse como única alternativa para derrocar a la dictadura de JOH, reconstruir la experiencia amplia y democrática del FNRP, para reunir a las masas populares en un solo bloque o frente que puede derrocar a la actual dictadura.

Para este 15 de septiembre de 2018 se ha convocado, como ocurre todos los años luego de acontecer el golpe de Estado del 2009, una movilización alterna que se dispute la mayor concurrencia de personas al margen del Estadio Nacional Tiburcio Carías. Mientras que el gobierno ha iniciado una campaña muy afín a su ya recurrente asistencialismo, de premiar a los estudiantes que asistan puntualmente a este ilegítimo y risible evento en el aniversario 197 aniversario de “independencia”.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a movilizarnos en contra del gobierno de JOH, ya que el 15 de septiembre no representa un avance en la tan distante independencia política de Centroamérica; y que dicho sea de paso, es incontrastable con los actos corruptos que los partidos tradicionales efectúan en nuestras narices. ¡No hay nada que celebrar en este mes! ¡Celebraremos hasta que las repúblicas centroamericanas estén libres de corrupción, y al fin, unidas bajo el socialismo!